Según su sobrina Isabel Hernández Téllez, [[“Ni el Ejército ni la Policía, quisieron prestar su seguridad, a pesar de conocer las denuncias”]]. Por el contrario, días después del asesinato, al reclamarles sobre el hecho que los extorsionistas seguían libres por el pueblo, el Sargento Orozoco del Batallón General Reyes Prieto, con sede en Cimitarra, le respondió que [[“no iban a hacer nada porque ellos les habían dado muchos positivos al Ejército”]]
No obstante la gravedad de los hechos, y de las denuncias realizadas, por parte de su sobrina, ante los órganos de control, tres años después de ocurrido el asesinato, éste aun se encuentra en la impunidad. El caso, que se adelanta en el municipio de Cimitarra, no ha sido trasladado a la Unidad de Derechos Humanos de Bogotá, a pesar de las solicitudes realizadas por los representantes de las víctimas, tampoco fue reconocido como una violación a los derechos humanos por la Procuraduría General de la Nación.
Por la denuncia y visibilización de estos hechos, en especial la connivencia de sus homicidas con las autoridades, Isabel Hernández, sobrina del comerciante asesinado, tuvo que desplazarse, luego de recibir varias amenazas y hostigamientos, al parecer realizados por la Policía Nacional.
Hoy día, ella y sus familiares recuerdan a Luís Eduardo, exigen a las autoridades nacionales –Fiscalía General de la Nación y Procuraduría General de la Nación- la debida diligencia en la investigación de este crimen para establecer a los responsables y darles una condena ejemplar, así como a los funcionarios públicos de la Policía y Ejército Nacional quienes por acción u omisión han generado la situación de impunidad y persecución para la familia del señor Luis Eduardo Hernández Aguilar.
