La nueva Ley de Víctimas busca restituirles la tierra a algunas de las más de 5 millones de personas desplazadas en el país, producto del conflicto armado interno. Sin embargo, tal como lo señala el reporte, para que la implementación de la ley sea exitosa el gobierno de Colombia deberá diseñar un programa de protección que les garantice la seguridad a aquellas personas que buscan retornar a sus tierras. “El gobierno de Colombia deberá actuar de manera decidida en el desmantelamiento de los paramilitares y los grupos sucesores responsables de una gran parte de la violencia, y de este manera garantizar la seguridad de las personas que buscan retornar a sus tierras”, afirmó Dana Brown, Directora Ejecutiva de USOC.
El reporte fue publicado en conjunto con una carta dirigida a la Secretaría de Estado Hillary Clinton, enviada por una coalición de organizaciones de derechos humanos en los Estados Unidos. En la carta las organizaciones le piden a la Secretaría Clinton que tanto los esfuerzos diplomáticos como de cooperación vayan destinados a promover la protección para la población rural colombiana y a apoyar retornos seguros, sostenibles y voluntarios. “El gobierno de los Estados Unidos debe vincular el apoyo que se le vaya a brindar desde los Estados Unidos a esta iniciativa, al desarrollo e implementación por parte del gobierno colombiano de un plan de protección factible, comprehensivo y efectivo ! para que proteja a los líderes y las comunidades”, afirmó Lisa Hauggard Directora Ejecutiva del Latin America Working Group Education Fund, coautora de la carta. “El plan debe ser desarrollado sobre la base de una amplia participación con las comunidades afectadas. Sin dicho plan la población retornante solo encontrará a su regreso la muerte o un nuevo desplazamiento.”
La carta hace referencia de igual manera a la importancia de la consulta previa, libre e informada con las comunidades afro-colombianas e indígenas, tal como lo establece la legislación colombiana. “Si en Colombia no hay una consulta previa sobre el decreto de implementación de la ley para las comunidades afro-colombianas que sea de carácter libre, previa e informada, puede resultar en la revictimización de estas comunidades” afirmó Gimena Sánchez de Washington Office on Latin America (WOLA)
Tanto el reporte como la carta afirman que la Fiscalía General de la Nación colombiana deberá dar prioridad a la investigación y sanción efectiva de casos sobre ataques y amenazas en contra de líderes defensores de tierra y territorios. Para que la Ley de Victimas tenga alguna posibilidad de lograr sus objetivos y así contribuir a la creación de una paz duradera, se necesita la puesta en marcha de un plan de protección que garantice el retorno en condiciones de seguridad de las comunidades desplazadas a sus tierras.
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