Miércoles 14 de diciembre de 2011

el 18 de noviembre 2011

Respaldamos el trabajo del sistema interamericano de derechos humanos y a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos que han solicitado su protección. Estamos sumamente preocupados por las declaraciones públicas del Presidente colombiano Juan Manuel Santos, el Vicepresidente Angelino Garzón, el Inspector General Alejandro Ordóñez y otros funcionarios públicos de alto rango en contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR) respecto al caso Mapiripán.

El gobierno colombiano debería examinar con urgencia cómo, a 12 años de la terrible masacre de Mapiripán, no ha logrado investigar adecuadamente la manera en que las víctimas civiles fueron torturadas durante días, descuartizadas y arrojadas al río Guaviare por los paramilitares, con apoyo terrestre y aéreo desde varios batallones del ejército. Mientras que la posibilidad de falso testimonio debería ser investigada con rapidez, esto no deja en duda la preponderante evidencia del hecho de la masacre y la tortura. Además, tenemos entendido que la Fiscalía ha estado en conocimiento de información relevante con respecto al testimonio controvertido de un subgrupo de víctimas desde el año 2008. El momento elegido para las recientes declaraciones del gobierno colombiano es particularmente problemático ya que la Corte Interamericana se está preparando para conocer otros casos importantes, incluido el caso Santo Domingo, en los que los miembros de las Fuerzas Armadas colombianas son acusados de graves violaciones de los derechos humanos.

Lamentamos que el Presidente Santos no haya respetado su compromiso de “desarmar la palabra” ya que, al igual que su antecesor Álvaro Uribe, continúa haciendo de Colombia un lugar peligroso para los defensores de derechos humanos. Recientes propuestas con respecto al fuero militar también son preocupantes que revocarían los avances que se han logrado con tanto esfuerzo para la justicia civil por parte del apoyo incansable de los defensores de derechos humanos colombianos y fiscales dedicados, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la cooperación de gobiernos internacionales y el propio Sistema Interamericano.

La Corte y la Comisión Interamericana se han convertido en uno de los sistemas regionales de derechos humanos más exitosos del mundo. Sus decisiones han fortalecido a la democracia en las Américas y han guiado al gobierno civil en un continente que se ha apartado del régimen militar. CCAJAR representa a las víctimas en muchos casos importantes de derechos humanos en Colombia y su trabajo es de considerable importancia para el derecho que tienen sus ciudadanos a la verdad, la justicia y la reparación.

Los abogados de CCAJAR han sido objeto a múltiples amenazas de muerte, ellos y sus hijos han sido objeto de espionaje ilegal en sus hogares, han sido objeto de intentos de infiltración y de cantidades abrumadoras de intervenciones electrónicas ilegales por parte de la oficina de inteligencia de Colombia, el recientemente disuelto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Su miembro fundador fue presuntamente asesinado en una operación de inteligencia militar, un crimen que no se ha investigado con seriedad y que está saliendo a la luz ante el Sistema Interamericano. El pasado abril de 2011, la esposa de uno de los abogados recibió en su teléfono celular una llamada anónima con una conversación entre ella y su marido que había sido grabada en el automóvil proporcionado por el programa de protección del Ministerio del Interior. En 2009, documentos publicados por el fiscal general mostraron que la Comisión Interamericana también había sido objeto de vigilancia ilegal por parte del gobierno colombiano.

La Corte Interamericana ha convocado a una audiencia extraordinaria para el 23 de noviembre de 2011 con el fin de escuchar a las partes del caso Mapiripán. Pedimos encarecidamente a la Organización de los Estados Americanos que apoyen la imparcialidad y la independencia de la Corte y se abstengan de todo acto que pueda interpretarse como intimidante para los magistrados, los defensores de los derechos humanos, los testigos y las víctimas.

Latin America Working Group U.S. Office on Colombia Presbyterian Peace Fellowship US Labor Education in the Americas Project Washington Office on Latin America Center for International Policy Amazon Watch Colombia Human Rights Committee United Church of Christ Justice and Witness Ministries Mennonite Central Committee U.S. Black Communities’ Process, International Working Group Public Service Alliance of Canada (PSAC) Partners in Mission Unit, The United Church of Canada National Union of Public and General Employees (NUPGE) Mining Watch Canada Canadian Union of Postal Workers (CUPW) Ontario Public Service Employees Union (OPSEU) Development and Peace (international development organization of the Catholic Church in Canada) Atlantic Region Solidarity Network Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

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