Según información recogida por la Oficina, en la madrugada del 12 de septiembre, por lo menos 30 integrantes del grupo armado ilegal denominado “Los Rastrojos” ingresaron a la vereda Pesquería, corregimiento de Sidón, municipio de Cumbitara, departamento Nariño. Al entrar, uniformados y con armas largas, amenazaron a la población, saquearon tiendas y reunieron a toda la comunidad. Acusaron a los habitantes de ser colaboradores de la guerrilla; luego sometieron a dos agricultores: Daniel García, de 21 años, y Harrison (apellido desconocido), de 33, y delante de todas las personas los descuartizaron vivos con machetes. Después, arrojaron los restos al río Patía. También secuestraron a 13 personas, dos de las cuales fueron asesinadas, el señor Efraín Arzuza, de 29 años, y una trabajadora sexual no identificada; 9 personas fueron liberadas. De dos mujeres, trabajadoras de un bar, se desconoce su suerte y paradero.
Tras esta incursión, más de 70 personas se habrían desplazado de las veredas Nulpí, Miguel Nulpí (Cumbitara), Tortugo, Tortuga Magally, Tortugo Miguel, Santa Rosa, José López, el Zorro, Serenil e Inguapil (Magüi Payán) hacia la cabecera de Magüi Payán y más personas estarían tratando de llegar ahí en este momento. Las personas desplazadas se han albergado temporalmente en la Casa de la Cultura.
Según información recibida por la Oficina, miembros de “Los Rastrojos” se encuentran combatiendo con integrantes de la guerrilla de las FARC-EP en la zona. La guerrilla por su parte estaría persiguiendo a varios campesinos que se negaron a que sus hijos fueran reclutados forzosamente. Las FARC-EP y “Los Rastrojos” impiden la movilización libre de las personas de varias comunidades. Debido a la situación de confinamiento en las veredas Pesquería, Monte Alto, Guayabalito y Miguel Nulpí existe escasez de alimentos y de otros productos esenciales.
La Oficina condena estos graves hechos perpetrados contra la población en Nariño y reitera su profunda preocupación ante el estado de vulnerabilidad en que se encuentran los habitantes de esta región del país. La Oficina insta al Estado colombiano a adoptar todas las medidas urgentes de protección de la vida, la integridad y la seguridad de estas personas. La Oficina urge a las autoridades civiles y militares a atender la situación de forma debida, a permanecer en la región y a cumplir con su obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Así mismo, la Oficina reitera a las autoridades la necesidad de perseguir, capturar, investigar, juzgar y condenar a los miembros de los grupos armados que ataquen a la población. La Oficina exige a la guerrilla de las FARC-EP y a los miembros de “Los Rastrojos” respetar sin condiciones a la población.
