En mayo de 2011 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia determinó que todo el contenido extraído de las computadoras del asesinado comandante de las FARC-EP fueron obtenidas de manera ilegal por lo que no tienen validez para procesos legales en el país. El texto que consta de quince títulos conocido como Código Penal cataloga a modo de delitos contra la existencia y seguridad del Estado, contra el régimen constitucional y contra la seguridad pública aquellas acciones de individuos que no fueron totalmente homogeneizados como se suponía bajo la institucionalidad escolar, religiosa y mediática.
Dedicaban su tiempo y sus vidas a nutrir movimientos sociales alternativos, a las creaciones literarias, la música, el arte; a estimular la razón y la crítica; a humanizar sentimientos de solidaridad. Otros solamente labraban la tierra y disfrutaban la vida en el campo.
Ellas y ellos, presos por conciencia, de guerra y de montajes judiciales, fueron identificados, perseguidos, estigmatizados, criminalizados y finalmente encarcelados.
[[«Todo esto debido al afán de señalar por sospecha y de realizar detenciones masivas arbitrariamente, con el favor de testigos, pruebas y testimonios falsos, como fórmula perversa de entregar resultados que demuestren eficiencia militar ante la opinión publica»,]] aseguró Piedad Córdoba, vocera de Colombianas y Colombianos por la Paz.
Solo por citar un caso podemos referirnos a la detención de dos indígenas del resguardo de Cañamomo hace algunos días con el argumento de que se trataba de terroristas. Desde hace varios años las comunidades del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta de Riosucio y Supía (Caldas) habían denunciado las constantes amenazas sobre su territorio indígena y han pedido que se frenen las acciones de intimidación y amenaza.
[[«En las cárceles o mazmorras, los presos son denigrados en toda su dignidad. Son torturados física y psicológicamente; reciben irrespeto y malos tratos; les cortan el agua, y en ocasiones les niegan alimento y atención médica incluso a quienes padecen adicciones crónicas y enfermedades terminales; a los miembros de comunidades indígenas les prohíben hablar su lengua»]], dijo Iván Cepeda, representante a la Cámara.
Adicional a dicha información, las organizaciones de apoyo a presos añaden que la cárcel de Bellavista (Medellín) tiene capacidad para 2.224 internos pero cuenta con una población reclusa cercana a las 7.100 personas. Sobre la cárcel La Pola (Guaduas), las celdas están diseñadas para cuatro internos, pero en el patio dos hay cinco y hasta seis internos, es decir, uno o dos durmiendo en el piso; un patio con 68 celdas con capacidad para 272 internos tiene hacinados un promedio de 330 internos.
[[«Tampoco se han hecho grandes esfuerzos por sectorizar a la población privada de la libertad a partir de las diferentes ideologías políticas que ponen en riesgo la vida de los mismos»]], añadió Iván Cepeda.
Todo lo anterior se constituyó como una motivación para la realización, el pasado 26 y 27 de febrero, del Foro Internacional [[“Colombia Entre Rejas”]] convocado por Colombianos y Colombianas por la Paz, Fundación Lazos de Dignidad, Coalición por el Trato Digno y la Libertad de las y los Prisioneros Políticos [[“Larga vida a las mariposas”]], Campaña Permanente por la Libertad de las y los Prisioneros Políticos “Traspasa los muros”, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Comisión de Solidaridad con los Presos Políticos del Partido Comunista, Corporación Solidaridad Jurídica, Federación de Estudiantes Universitarios, Red Internacional de Solidaridad con los Prisioneros Políticos Colombianos. Allá participaron defensoras y defensores de derechos humanos de países como Dinamarca, España, Estados Unidos, Venezuela, Brasil, Argentina… y Colombia.
El Foro tuvo como propósito fundamental contextualizar la situación humanitaria en los establecimientos de reclusión y evidenciar la existencia de miles de prisioneras y prisioneros políticos, impulsando a su vez escenarios que posibiliten su libertad en el marco de acuerdos humanitarios encaminados a una solución política al conflicto interno colombiano.
A través de las diferentes intervenciones de los invitados fue evidente apreciar su visión del Estado Social de Derecho y coincidir en que «ésta no es una democracia porque la ética del disenso dice que el ciudadano debe ser sujeto de derechos; y en Colombia, los presos políticos no son ciudadanos en el estricto sentido de la democracia», afirmó el vocero de la Campaña en el Cono Sur por la Libertad de las y los Prisioneros Políticos.
Por otro lado, con la intención de enfocar una vez más la mirada de la sociedad nacional e internacional en la situación de los cerca de 8.000 hombres y mujeres privadas de la libertad por motivos políticos, se instaló la Comisión Internacional de Verificación y Observación de los Derechos Humanos en Reclusiones Colombianas.
