Previo a la representación de ellas por parte de estos
defensores de DD.HH., la justicia colombiano tomó testimonio a las víctimas, entre ellas, a una supuesta falsa víctima
que, según su propio testimonio actual, se hizo pasar por víctima sin serlo.
Oidhaco lamenta la posible existencia de
falsos testimonios, que ponen en riesgo la credibilidad de las verdaderas víctimas y espera del Estado Colombia una
pronta investigación que permita la identificación de todas las victimas de este crimen Sin embargo un tema central
en este caso es la reacción oficial y su impacto en la legítima lucha de las víctimas y los defensores colombianos
contra la impunidad.
El caso ha desatado numerosas declaraciones por parte de funcionarios del gobierno colombiano que,
desafortunadamente, desprestigian la labor de los defensores de las víctimas, en este caso el CCAJAR. El propio
presidente Santos, ha tachado a los abogados de este colectivo de “avivatos” y “corruptos” y los acusa de “minar la
credibilidad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
Oidhaco le recuerda al Presidente colombiano que
las víctimas y sus defensores recurren a la justicia internacional dado el grado inaceptable de impunidad que en
Colombia llega al 98%. “Si Colombia investigara, juzgara y llevara a la cárcel a los responsables de crímenes de lesa
humanidad, las víctimas no necesitarían de la justicia internacional”, afirma Vincent Vallies, portavoz de esta
organización. “Así que”, señala el portavoz, “solicitamos al presidente Santos responsabilidad y respeto en sus
declaraciones hacia las víctimas y sus representantes. Desde Oidhaco queremos pedirle también, que en lugar de
condenar la labor de defensa de los DD.HH., condene las masacres, las amenazas y luche para erradicar la impunidad
en Colombia”.
Es importante decir en voz alta que los defensores, tal como lo ha manifestado la CIDH, para este caso
particular, no fueron quienes reconocieron a la supuesta víctima: “la reconstrucción de los hechos se basó
principalmente en el acervo probatorio de la Fiscalía General de la Nación –FGN- y en la información y
documentación oficial que el Gobierno aportó”. En dicho pronunciamiento la CIDH recuerda que fue la FGN quién
tomó el testimonio a la supuesta víctima, antes de ser representada por los defensores.
La situación de seguridad de las personas defensoras de los DDHH es dramática, como lo subraya Gustavo
Gallón – Director de la Comisión Colombiana de Juristas – .“Treinta y ocho defensores de derechos humanos (33
hombres y cinco mujeres), por lo menos, han sido asesinados o desaparecidos forzadamente durante el primer
semestre de este año”.
Oidhaco le solicita a la UE que, “teniendo en cuenta las buenas relaciones que mantiene con Colombia,
arrope a las víctimas colombianas y a sus defensores, y exija al presidente Santos, como primera autoridad
colombiana, que los respete y que tome como bandera de su gobierno la lucha contra la impunidad”.
Oidhaco, apoya y agradece las manifestaciones de respaldo que han tenido el Colectivo de Abogados José
Alvear Restrepo y las víctimas que representan por parte de organismos internacionales como la ONU, la CIDH y de
organizaciones nacionales e internacionales como el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos
Humanos, entre otros.
Igualmente, manifiesta que “la trayectoria de los defensores del CCAJAR, respaldada en treinta años de
labor, durante los cuales han representado a numerosas víctimas y conseguido su reparación ante la justicia
internacional y local, no puede mancharse por un caso de doble ineficiencia de la justicia colombiana. Primero el
Estado Colombiano abandona a las víctimas de esta masacre y luego reconoce como víctima a una persona que, al
parecer, no lo es”, advierte Vallies.
