Se garantice a las mujeres una vida libre de violencias

Para la construcción de este documento se tuvieron en cuenta las respuestas a varios derechos de petición interpuestos a entidades públicas, entrevistas a profundidad a representantes de las mismas, y reuniones de retroalimentación con las organizaciones que hacen parte de esta Campaña.

En el contexto del conflicto armado la violencia sexual sigue siendo una conducta persistente por parte de todos los actores del conflicto, que permanece en la impunidad. Dada la gravedad de la situación, los informes de organismos internacionales han recomendado al Estado Colombiano la adopción de una política específica que tome en cuenta el impacto del conflicto armado en la vida de las mujeres, desde la lógica de sus derechos humanos.

Al respecto, en el primer año del gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, se ha avanzado hacia un mayor reconocimiento público de esta forma de violencia contra las mujeres y se han hecho esfuerzos institucionales importantes, en mayor medida normativos, de diseño y capacitación. Se destaca entre ellos, los esfuerzos por la implementación de la Ley 1257 de 2008, la reciente aprobación de la Ley de Victimas L1448 de 2011, y las disposiciones que sobre prevención y eliminación de esta forma de violencia fueron incorporadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.

Se resalta además, la creación de la Mesa Interinstitucional para Erradicar la Violencia contra la Mujer mediante el Decreto 164 de 2010, y del Observatorio Nacional de Violencias a través del Conpes 140 de 2011 No obstante la existencia de estas medidas, persisten dificultades en el monitoreo, protección, atención, sanción, reparación y prevención de la violencia sexual en el marco del conflicto armado, y la atención de las mujeres víctimas. Del análisis de las diversas fuentes de información que sustentan este informe, se desprende la caracterización de la respuesta estatal frente a la prevención y eliminación de esta forma de violencia.

Las medidas diseñadas y/o desarrolladas a la fecha, carecen de coordinación, tienen un alcance limitado frente a la magnitud de la situación de violencia sexual en el marco del conflicto y no han sido efectivamente implementadas.

Para la Campaña “Saquen mi cuerpo de la Guerra”, la efectiva protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado requiere de manera urgente, la efectiva implementación de la ley 1257 de 2008, así como el diseño e implementación de una política pública que materialice el deber del Estado de garantizar a las mujeres una vida libre de violencias, especialmente de violencia sexual en el marco del conflicto armado y el acceso a la justicia de las mujeres víctimas.

Teniendo en cuenta la alta prevalencia e impunidad frente a este crimen, y su práctica “habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado”, los esfuerzos institucionales que se hagan por diseñar y poner en marcha estas políticas deben ser un objetivo prioritario para lo que resta de este gobierno.

En este sentido, se espera que la Política Pública Nacional de Equidad aún en discusión, represente un pronto avance hacia la superación de las dificultades y limitaciones que existen en materia de prevención y eliminación de la violencia sexual en el marco del conflicto armado y la atención de las mujeres víctimas, tal como se ha presentado en este informe.

Para ello, el gobierno deberá principalmente, garantizar la participación efectiva de las organizaciones sociales de mujeres, defensores y defensoras, y mujeres víctimas, conforme a sus diversas identidades étnicas y ubicación geográfica en todas las etapas del proceso.

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