Lunes 28 de noviembre de 2011

Sobre la audiencia de supervisión de cumplimiento de sentencia de la “Masacre de Mapiripán” celebrada ayer en la sede de la Corte Interamericana, CEJIL y CCAJAR manifiestan su satisfacción porque se reafirma en este escenario que el interés superior es la protección de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos.

La audiencia permitió que la Corte Interamericana revise el record
procesal del caso, el cual evidencia que fue el propio Estado
colombiano, quien ante el Tribunal, reconoció como víctimas a las 21
personas nombradas a raíz de la sentencia de 2005, algunas de las
cuales ahora cuestiona. También fue posible visibilizar la negligencia
del Estado colombiano en la individualización de las víctimas de la
masacre, así como en la falta de establecimiento del número de
asesinados y desaparecidos.

En los procesos internos, los testimonios de las víctimas, testigos
presenciales e incluso las confesiones de los propios perpetradores
coinciden en afirmar que fueron por lo menos dos decenas las víctimas
de la masacre de Mapiripán, en tanto un informe del CTI de la Fiscalía
de abril de este año, nomina a 77 personas como posibles víctimas de
la masacre. Estos hallazgos procesales contrastan con afirmaciones
del Ejecutivo colombiano que sin negar la existencia de la masacre,
pretenden reducir su magnitud, hablando de 6 o 12 víctimas, como se ha anunciado recientemente a los medios de comunicación por parte del Ministro de Justicia.

En la audiencia ante la Corte, los representantes de las víctimas
pudieron conocer parte de la información anunciada por el Estado ante
los medios de comunicación, en tanto pese a los anuncios públicos, no
se clarificaron los términos de la solicitud de revisión de sentencia que
sería presentada. Después de 14 años y 4 meses de la comisión de la
Masacre de Mapiripán y 6 años después de la sentencia de la Corte, el
Estado colombiano solicitó tres meses adicionales para presentar las
pruebas que sustentarían su solicitud.

Saludamos que el Estado colombiano utilice los canales adecuados de
debate, que es el procedimiento de supervisión de cumplimiento de
sentencia, y no las vías de hecho, en las que se ha ventilado de
manera inapropiada este proceso, presentando información imprecisa y
en algunos casos falsa, tendiente a deslegitimar a las víctimas,
desacreditar la labor de sus Representantes y cuestionar la
legitimidad de los órganos interamericanos.

Será el Tribunal Interamericano, de manera autónoma, y después del debate jurídico correspondiente, quien emitirá la solución adecuada qué proteja la verdad material del caso, a las víctimas de la Masacre de Mapiripán y a la sentencia definitiva e inapelable, cuyo contenido como tal, no ha sido cuestionado.

Bogotá D.C., y Washington D.C., 24 de noviembre de 2011.

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