A comienzos del mes de marzo de 2007, por un acuerdo judicial la multinacional Chiquita Brands se vio obligada a pagar US 25 millones por haber financiado grupos paramilitares en Colombia, y haber patrocinado el tráfico de armas en beneficio de estas organizaciones criminales. Esta semana, un tribunal de Estado Unidos decidió escuchar el testimonio de Edwin Manuel Guzmán, un ex sargento del Ejército Nacional que afirma que la multinacional Drummond ordenó homicidios contra sindicalistas colombianos. Las filiales de Coca-Cola en Colombia encaran diversos procesos judiciales por haber ordenado asesinatos y secuestros contra los miembros del Sindicato Nacional de la Industria de la Alimentación, Sinaltrainal. Multinacionales del petróleo, de la industria minera y de la explotación agroindustrial, han sido acusadas de graves violaciones de derechos humanos en Colombia que han involucrado a grupos paramilitares.
Las organizaciones sindicales de las compañías multinacionales han denunciado públicamente las condiciones laborales que imperan en estas empresas. En muchas de ellas existe personal empleado temporalmente que gana menos del salario mínimo a cambio de 16 horas de trabajo diario, y que no tiene derecho a sindicalizarse. También han denunciado la persecución y el acoso laboral al que son sometidos los líderes sindicales cuando han emprendido acciones tendientes a organizar a los trabajadores, y a exigir condiciones dignas. A esto se añade que las compañías transnacionales explotan recursos naturales estratégicos para el desarrollo del país, y ejecutan megaproyectos económicos que destruyen la biodiversidad y los sistemas ecológicos.
Como lo demuestran las acciones judiciales en curso, en ocasiones la respuesta de las compañías multinacionales a la acción organizada de los trabajadores ha incluido la contratación de grupos paramilitares para perpetrar crímenes de lesa humanidad. La acción de estos grupos, que han actuado con respaldo de agentes estatales, ha afectado gravemente a los habitantes de los territorios en los que se encuentran los enclaves transnacionales. Comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes han sido objeto de masacres, desapariciones forzadas masivas cuyas víctimas han sido enterradas en miles de fosas comunes y cementerios clandestinos, y desplazamientos forzados que han tenido por finalidad el despojo de la tierra y el control paramilitar sobre extensas zonas territoriales.
En consecuencia, no es cierto que estas acciones criminales, y que el apoyo al paramiltarismo, hayan sido ejercidos principalmente para proteger a las empresas de ataques de la guerrilla o de la delincuencia organizada. La justificación que pretenden hacer directivos de las multinacionales de su respaldo al paramilitarismo y de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia, es una afrenta adicional a las víctimas y a la soberanía nacional.
Con relación a las atrocidades perpetradas por las multinacionales en el territorio nacional, el Estado colombiano es responsable por haber auspiciado la presencia de estas compañías en el país sin ningún control. De igual modo, por haber creado el marco legal para que asociaciones de seguridad Convivir hayan servido de intermediarias para la organización de campañas de exterminio de sindicalistas. El hecho de que sean tribunales extranjeros los que están produciendo resultados en la investigación de estos crímenes demuestra el grado de impunidad y la ineficiencia de la justicia nacional, que ha permitido que se sigan cometiendo estos delitos atroces, que sus responsables gocen de libertad y de las multimillonarias ganancias que les reportan las pésimas condiciones laborales que mantienen en sus empresas. Igualmente, cabe responsabilidad al Estado colombiano por la actuación o la omisión de miembros de la Fuerza Pública en la creación y fortalecimiento de los grupos paramilitares.
Ante todos estos hechos, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado sostiene las siguientes posiciones y exigencias:
La actuación criminal de las compañías multinacionales que han contratado grupos paramilitares en Colombia, y el hecho de que su actuación se haya producido en total impunidad, es otro argumento más para llamar a la no ratificación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.
Con relación a los crímenes perpetrados por las multinacionales en Colombia en concierto con paramilitares y agentes estatales, se debe esclarecer toda la verdad por parte de los organismos judiciales nacionales y extranjeros acerca de los autores materiales e intelectuales, las circunstancias en las que se han cometido los crímenes, y las ganancias que han sido obtenidas con métodos criminales.
Los directivos de las compañías multinacionales involucradas deben afrontar su responsabilidad penal, y el Gobierno Nacional está obligado a tramitar la extradición de quienes han planificado y se han beneficiado de estos delitos.
Las compañías multinacionales deben reparar integralmente no solo a las víctimas directas de estos crímenes. También tendrán que realizar reparaciones integrales de las comunidades a las que ha causado inmenso daño la financiación y el auspicio de los grupos paramilitares.
Como medida de satisfacción, las empresas multinacionales deben pedir públicamente perdón a las víctimas y a la Nación por el daño causado a través de los métodos que han utilizado para obtener jugosos beneficios económicos en el país.
Como medida de no repetición, las compañías multinacionales a las que se les pruebe haber ordenado asesinatos y desapariciones forzadas, así como haber auspiciado el paramilitarismo y el tráfico de armas en Colombia, perderán definitivamente su licencia de funcionamiento, y no podrán volver a instalarse en el territorio nacional.
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado expresa su solidaridad a los trabajadores, a los familiares de las víctimas de las multinacionales, a las organizaciones sindicales que luchan por los derechos de los empleados del capital transnacional en Colombia, y a las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas que defienden los recursos naturales y la biodiversidad del país ante la explotación de las grandes compañías foráneas.
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
Bogotá D. C., 2 de mayo de 2007.
