Las amenazas de muerte que ha recibido desde que inició la reclamación de su finca se han recrudecido a tal punto que José Vicente prefiere seguir soportando, por ahora, las privaciones que vive en la ciudad que arriesgarse a encontrar la muerte por ir tras el sueño de rehacer su vida en el lugar que debió abandonar forzosamente.
Lo triste es que su caso no es el único. Voceros de la Asociación Nacional para la Restitución Tierra y Vida le manifestaron a la Agencia de Prensa IPC que por lo menos una veintena de campesinos de la región agroindustrial siguen sin poder hacer efectivos sus derechos sobre sus propiedades debido a las amenazas de muerte proferidas por grupos armados que operan en la zona.
Las situaciones más complejas se viven en Mutatá, Apartadó, Turbo y Necoclí. Allí, la Asociación ha documentado casos de campesinos que, pese a figurar como titulares en los certificados de libertad y tradición y ser reconocidos por la Fiscalía como víctimas de despojo, han tenido que abandonar la región por cuenta del recrudecimiento de las intimidaciones en el último año. “Entre más se compromete el Gobierno, más duro aprietan ellos”, dice uno de los voceros de Tierra y Vida.
El caso de José Vicente es bastante diciente de esta situación. Aunque en diligencia realizada el 20 de enero de 2011, la Fiscalía 17 Delegada ante el Tribunal de la Unidad de Justicia y Paz dispuso restablecer el derecho que él y su familia tenían sobre el predio El Bálsamo, ubicado en la vereda Río Turbo, corregimiento El Dos, municipio de Turbo, el campesino continúa “escondido” en un municipio del Valle de Aburrá.
En noviembre de 2010 pudo comprobar en carne propia lo que le esperaría si regresaba a su tierra, así fuera con título en mano. “Había ido a la finca con un señor que estaba interesado en que hiciéramos negocio con la tierra una vez la Fiscalía me la restituyera. Apenas nos bajamos de la camioneta llegaron unos muchachos en una moto y nos dijeron que teníamos una hora para irnos. De lo contrario, bajaban los armados y no respondían”, relata José Vicente.
No era la primera vez que recibía una amenaza directa producto de su empeño de recuperar por vía de la justicia lo que los paramilitares le quitaron por medio de las armas. Desde que denunció su caso ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, en el año 2005, ha recibido una serie de llamadas, unas más preocupantes que otras, en donde le insisten “que deje de joder con esa tierra que ya la perdió”.
Recuerda por ejemplo como en el año 2007, estando radicado en el municipio de Heliconia, Suroeste antioqueño, donde guardaba todas las normas de autoprotección que dictan los conocedores de estos casos, un día cualquiera recibió la llamada de un desconocido. Al otro lado de la línea, una voz masculina, con un acento que él reconoció como de su región, le dijo que su vida no era como el “palo de jobo”, un árbol típico de la zona al que le crece el tronco una vez se lo cortan.
Sin embargo, no son las llamadas amenazantes que continúa recibiendo ni saber que su finca sigue ocupada por un hombre extraño que la convirtió en todo un complejo ganadero (la englobó con otros predios de manera ilegal) lo que le arruga el alma a José Vicente. Es el silencio que ha recibido por parte de la justicia, tanto hoy como ayer, cuando expone su caso en busca de respuestas.
Falta de respuestas
Investigaciones de organizaciones sociales han señalado que, en su afán de consolidar un eje estratégico en la zona, el Bloque Bananeros de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), liderado por Ever Veloza, alias “H.H”, desplazó miles de campesinos, desapareció otros cientos, asesinó y despojó de sus tierras a otros tantos de zonas rurales de Mutatá, Chigorodó, San Juan y San Pedro de Urabá y Turbo.
Entre el centenar de víctimas que dejó el Bananeros se encuentra la familia de José Vicente. Los paramilitares se apropiaron ilegalmente de su finca El Bálsamo, un predio de 33 Hectáreas con un respaldo en bosque nativo de otras 22 Ha. más ubicado en la vereda Río Turbo del corregimiento El Dos (Turbo), que le había sido adjudicado por el Incora (hoy Incoder) a la señora Manuela Andrade de Manco (madre de José Vicente) en el año 1966.
La tragedia para los Manco comenzó en 1982, cuando la familia decidió radicarse en Bajirá (Mutatá), por el miedo que les producía la presencia de la guerrilla en la zona. “Dejamos la finca al cuidado de unos vecinos muy cercanos a la familia, que nos daban reporte constante. Pero luego llegaron las Autodefensas y las familias de esa zona se fueron atemorizadas de que los acusaran de ser auxiliadores de la guerrilla. La finca de nosotros quedó abandonada. A nosotros también nos tocó desplazarnos en 1998 desde Bajirá para Turbo, donde nos quedamos hasta el 2004”, menciona José Vicente.
En ese año, los paramilitares comenzaron a ubicar a los propietarios de los fincas del corregimiento El Dos para presionarlos a vender sus predios. A cada uno le ofrecieron 10 millones de pesos por sus propiedades. Varios de ellos accedieron; otros fueron asesinados por “no aceptar la propuesta” y otros, como José Vicente, simplemente decidieron huir de la región agroindustrial.
“A mí me estaban buscando desde principios de 2004. Varios hombres de “H.H” me llamaron para que negociáramos la finca. Yo me les escondí un tiempo y en diciembre me ubicaron y me dijeron que tenía tres días para aceptar la oferta, que si no negociaba con ellos, la viuda sí lo hacía. El 13 de enero de 2005 me vine para la Fiscalía en Medellín y los denuncié”, recuerda el labriego.
En su afán de recuperar sus tierras tocó todas las puertas posibles, pero la lentitud de las respuestas comenzó a menguar sus ánimos. A eso se le suma que las llamadas intimidantes nunca cesaron durante estos años. En 2009, en uno de sus últimos esfuerzos, José Vicente contactó a Fernando Madrigal, abogado de la Asociación Campesina de Antioquia (ACA), organización no gubernamental que decidió asumir la representación del labriego ante la justicia.
“Se hizo un estudio de títulos en los que se comprobó que había una persona que hacía posesión de mala fe en el predio de titularidad de José Vicente. Se pidió entonces a la Fiscalía 17 que aplicara lo reglamentado en la Ley 975 en su artículo 46 para realizar la restitución de derechos del campesino”, expone Madrigal.
Sin embargo, para el abogado esta restitución presenta falencias jurídicas que vician el proceso toda vez que no existe ningún elemento que comprometa al poseedor de mala fe a que no entorpecerá la acción judicial. “Al señor se le citó a la diligencia y no asistió. Ese día había ganado de su propiedad en la finca de José Vicente. Y todavía permanece allí. Las amenazas contra José Vicente continúan y no sabemos de dónde provienen, lo que impiden que él ejerza señorío y uso en su tierra”, señala Madrigal, quien agrega que “lo preocupante es que para la Fiscalía 17, el proceso se cerró exitosamente”.
Si bien la propia Fiscalía 17 envío oficio al Teniente Coronel Jairo Espinal Mahecha, comandante del Distrito Turbo, en donde solicitaba garantizar “el libre uso, goce y disfrute del bien referido a la familia Manco”, el labriego desconfía de la labor de las autoridades. Motivos tiene para ello. De acuerdo con habitantes de la región, el corregimiento El Dos continúa siendo fortín de las bandas criminales que hacen presencia en la zona. “Esa es la guarida de ellos. Por allá se mueven como si nada, hacen sus negocios y la Policía nunca se mete con ellos, algunos hasta conversan con ellos”, narra un poblador de Turbo consultado por la Agencia de Prensa IPC.
¿Y quién es la persona que ocupa las tierras de José Vicente? Durante el proceso de verificación realizado por la Fiscalía 17, las autoridades pudieron constatar que quien viene ejerciendo la posesión del predio es Mauricio Orozco Arbeláez, propietario de la hacienda Altamira, cuya extensión supera las 650 Ha que incluyen el predio El Bálsamo.
Si bien en el acta de restitución de derechos el Ente Judicial consignó que “el señor Orozco Arbeláez le manifestó telefónicamente al despacho no tener ningún inconveniente con la entrega de este predio”, José Vicente sigue escondido en un municipio del Valle de Aburrá. En enero de este año, pocos días antes de la diligencia de restitución, recibió una nueva amenaza de muerte vía telefónica. Su finca sigue ocupada por extraños dedicados a la ganadería y nadie le da una respuesta que calme su amargura.
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