En las nueve subregiones del departamento, pero especialmente en el Valle de Aburrá, Urabá y el Norte, los defensores de Derechos Humanos y líderes del movimiento social han estado sometidos a amenazas, homicidio, desplazamiento forzado, persecución colectiva e individual, persecución judicial por parte de la Fiscalía. En el 45% de los casos la responsabilidad recae sobre la Fuerza Pública.
Ante esta situación, el Proceso Social de Garantías y el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, exigen que el Estado colombiano cumpla con los compromisos adquiridos durante el proceso nacional de garantías y en la audiencia regional de garantías de 2009.
Aunado a ello, reclaman, entre otros, que se les brinde protección y garantías a las víctimas del despojo que vienen reclamando tierras y a las comunidades que hacen uso del derecho a la protesta, que se le brinde acompañamiento a las comunidades afectadas con la política de explotación minero-energética.
