COVID-19 y Acuerdo de Paz: Oportunidades de una crisis

Lunes 13 de abril de 2020

Son tiempos difíciles. El Covid-19 ha puesto nuevamente al desnudo las causas estructurales que ha originado el conflicto armado interno en Colombia: El desempleo, los precarios ingresos de 13 millones de colombianos para atender sus necesidades básicas, los más de 3,7 millones que se encuentran en pobreza extrema que no pueden satisfacer necesidades vitales como la comida, agua potable, techo y sanidad,...

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... y la afectación de manera desproporcionada a mujeres, comunidades indígenas, afros y campesinas. Por ello, el Acuerdo Final de Paz es la oportunidad histórica para contribuir a la superación de varias de estas causas y la exigencia del cumplimiento integral y de buena fe, es un imperativo urgente.

En relación con la Reforma Rural Integral, punto 1 del Acuerdo, el Gobierno Nacional, con base en la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecología, ha expedido varios decretos legislativos, entre otros el decreto 513 del 2 de abril 2020 mediante el cual se modifican las disposiciones del Sistema General de Regalías que tiene un porcentaje para la financiación del Acuerdo de paz.

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Ya que el decreto modificado establece que los recursos deben destinarse entre otros para el apoyo a la agricultura y desarrollo social y el suministro de alimentos y recursos hídricos, estos deberían destinarse, como lo han propuesto organizaciones sociales y políticas, al abastecimiento de alimentos, la compra directa de las cosechas a los campesinos, infraestructura para el transporte de productos agrícolas, fortalecimiento de la economía campesina para la seguridad alimentaria, paquetes de asistencia alimentaria a las familias en estado de pobreza extrema, mecanismos para su distribución que priorice las familias con niños y adultos mayores, en consonancia con el Acuerdo de Paz.

Frente al tema de las drogas, punto 4 del Acuerdo, y pese a que más de 130 mil familias firmaron acuerdos colectivos durante el gobierno Santos y 99 mil familias se encuentran vinculadas a los Planes de Sustitución y han cumplido en un 95% con la erradicación voluntaria de más de 35 mil hectáreas, el gobierno Duque sigue priorizando la erradicación forzada.

En plena emergencia del Covid-19, organizaciones del Catatumbo y de Caquetá y Putumayo han denunciado la intensificación de operativos como el del 22 de marzo, tres días después del asesinato del líder de sustitución de cultivos Marco Rivadeneira en Putumayo, cuando miembros de la Fuerza Pública arribaron con bombas manuales y fumigaron con glifosato los cultivos de hoja de coca; o el 23 de marzo cuando hicieron lo mismo en Montañita, Caquetá, y el 26, en medio de una movilización contra la erradicación forzada, fue asesinado Alejandro Carvajal en Sardinata, Norte de Santander. Según las primeras versiones en la zona, su muerte habría sido provocada por el Ejército

Por todo ello, la Coalición de organizaciones para el cambio han solicitado el respeto al aislamiento preventivo y la suspensión de las operaciones de erradicación, para evitar el contagio del Covid-19, así como garantizar el derecho a la salud y la seguridad alimentaria de la población campesina, considerada en riesgo, y cumplir desde el gobierno con el programa de sustitución.

El punto 3.4 del Acuerdo, que se refiere a las Garantías de Seguridad, establece una serie de instrumentos y medidas para la protección de comunidades, líderes y defensores y defensoras de los derechos humanos y prevé la elaboración de una política pública para el desmantelamiento de las organizaciones paramilitares y criminales que estarían detrás de estos delitos.

Esto ante la realidad de que, aún en medio de la crisis del COVID-19 el asesinato sistemático continúa: La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos denunció en el último mes los crímenes de seis defensoras y defensores, y la Defensoría del Pueblo ha emitido por lo menos 20 alertas tempranas por amenazas en lo corrido del año.

También 13.046 personas en proceso de reincorporación, excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz, siguen siendo víctimas en medio de la crisis del COVID19. Desde el pasado 5 de marzo pasado, fecha en que se alertó sobre la llegada del virus se han asesinado a cuatro firmantes del Acuerdo de Paz.

En relación con la situación en los espacios de reincorporación, Emilio Archila, consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, ha señalado que se han adoptado medidas para reducir las visitas y se están desarrollando campañas de capacitación en relación al virus y de presentarse síntomas se dispuso un listado para que pudieran acudir al centro médico del departamento.

Esperamos que no se presenten incumplimientos en estas medidas y que se tenga en cuenta a los 2.200 hijos e hijas de personas excombatientes, de los cuales 900 viven en los espacios transitorios en condiciones muy precarias y difíciles para cumplir con el aislamiento al no haberse legalizado los predios para la construcción de viviendas rurales, así como a los 9.412 personas en proceso de reincorporación que residen fuera de los espacios territoriales en condiciones aún más difíciles.

Una buena noticia en tiempos de crisis ha sido la del pasado 29 de marzo el Gobierno Nacional designó a Carlos Arturo Velandia, conocido como Felipe Torres, y Gerardo Antonio Bermúdez conocido como Francisco Galán, antiguos integrantes del Ejército de Liberación Nacional -ELN como promotores de paz.

Casi al tiempo, el ELN anunció el cese el fuego unilateral activo entre el 1º. y el 30 de abril como gesto humanitario en medio de la pandemia. Una hecho que sin duda contribuye a la humanización del conflicto armado y es la oportunidad para el acercamiento de las partes para la reapertura de la mesa de negociación y para pactar otros alivios humanitarios.

Y aquí nos sumamos a las peticiones del Consejo Nacional de Paz órgano asesor del Gobierno Nacional que le recomienda al Presidente Duque trabajar hacia un cese bilateral de hostilidades. Urge que como sociedad civil persistamos en los esfuerzos por una salida política y negociada al conflicto armado. La pandemia del COVID19 debe unirnos en pro de la paz.

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José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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