Día del periodista: nada que celebrar

Miércoles 9 de febrero de 2011, por OMCT-FIDH

En el Día del periodista, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) recuerdan que los profesionales del periodismo en Colombia continúan siendo víctimas de repetidas amenazas, agresiones y violaciones de los derechos humanos y hacen un llamado a las autoridades colombianas para que actúen con celeridad en las investigaciones adelantadas en contra de los autores intelectuales y materiales de estos actos, en particular en el marco de los procesos judiciales destinados a sancionar las actividades ilegales del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

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A dos años de conocerse el escándalo de las interceptaciones ilegales conocidas como «chuzadas» por parte del DAS [1] Los periodistas continúan enfrentando graves trabas y obstrucciones en el ejercicio de su profesión, incluyendo amenazas, montajes judiciales, agresiones físicas y asesinatos.

Para el año 2010, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) contabilizó un total de 125 ataques a comunicadores sociales, entre los cuales 2 homicidios, 49 amenazas y 35 actos que corresponden al patrón de tratos crueles, inhumanos o degradantes.

En lo que va del año 2011, se han registrado graves amenazas en los Departamentos de Valle del Cauca y Santander. El 4 de febrero apareció en la ciudad de Cartago (Valle) un panfleto firmado por el grupo paramilitar de las «Autodefensas Unidas de Colombia» (AUC) que declaraba «objetivo militar» a diez personas, entre las cuales los periodistas Luís Fernando Gil y Héctor Fabio García, por reunirse con funcionarios locales y hacer el cubrimiento de marchas sindicales. Un panfleto de la misma índole fue dejado el pasado 31 de enero en las instalaciones de la emisora Antena del Río 780 AM de la ciudad de Barrancabermeja (Santander), amenazando de muerte directamente al equipo de comunicadores adscritos a la emisora, presuntamente a raíz de la reproducción del programa radial «La Marcha», cuyo tema son las violaciones a los derechos humanos en la zona del Río Cimitarra.

Adicionalmente, en septiembre de 2010, se emitió una orden de captura contra el ex-periodista de la cadena Telesur y productor independiente de televisión William Parra, refugiado en Venezuela desde marzo de 2010 por ser víctima de un montaje judicial en el que se le acusa de «rebelión», «concierto para delinquir» y «financiación de actividades terroristas» a raíz de sus posiciones que disienten de la verdad oficial, en medio de un proceso judicial que el periodista Parra ha denunciado como ilegal y vulneratorio de sus derechos a la defensa y al debido proceso.

En ese contexto de hostigamiento y persecución, se registraron pocos avances en las investigaciones y procesos adelantados contra los funcionarios del DAS implicados en las operaciones ilegales de inteligencia contra los periodistas Claudia Julieta Duque y Hollman Morris, quienes han sido objeto de ataques sistemáticos incluyendo persecuciones, secuestro, robo, y amenazas directas contra ellos y sus respectivas familias, en el marco de planes operativos fríamente elaborados y detallados [2]

Efectivamente, el caso de Claudia Julieta Duque aún se encuentra en etapa de investigación preliminar, pues aunque se haya desarrollado indagaciones y recopilado testimonios que involucran a funcionarios del DAS, la responsabilidad de éstos últimos no ha sido establecida judicialmente. Con relación al caso de Hollman Morris, que litiga como víctima en tres casos abiertos contra el DAS, no se han hecho las imputaciones completas a los responsables por los crímenes de lesa humanidad que cometieron.

Para la FIDH y la OMCT, este retraso en las investigaciones y en los procesos relacionados demuestra claramente que no existe ningún afán de procesar a los responsables de las actividades ilegales del DAS.

Nuestras organizaciones consideran inaceptable e incomprensible el hecho de que los funcionarios imputados estén detenidos en instalaciones del DAS y sedes militares más no en centros penitenciarios comunes, por lo cual además existen riesgos importantes de fuga.

«La situación de los periodistas en Colombia es causa de mayor preocupación pues se evidencian graves violaciones a la libertad de expresión asociadas a violaciones al derecho a la vida, a la integridad y a la libertad personal. Resulta particularmente alarmante la ausencia de celeridad en las investigaciones y procesos iniciados contra los responsables de persecuciones a periodistas, sobretodo cuando éstos son agentes del propio Estado», afirmó Souhayr Belhassen, Presidenta de la FIDH.

En el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la FIDH y la OMCT, se han denunciado y condenado en varias ocasiones diferentes actos de intimidación y hostigamiento y los ataques de que han sido víctimas varios periodistas de opinión por el hecho de denunciar violaciones de derechos humanos cometidas en diferentes regiones del país.

Eric Sottas, Secretario General de la OMCT, ha manifestado en varias ocasiones su profunda preocupación por el clima permanente de inseguridad en que los periodistas, los defensores de derechos humanos, los abogados y los jueces, incluidos los de la Corte Suprema, deben desarrollar su trabajo en particular debido a que han sido víctimas de ataques y de interceptaciones ilegales de sus teléfonos y sus correos electrónicos por parte del DAS. En ese sentido ha instado a las autoridades de Colombia a que efectúen una rápida y efectiva aplicación de las recomendaciones que diversos mecanismos de Naciones Unidas han hecho a este respecto.

Quisiéramos recordar que de acuerdo a la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), «el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción de material de los medios de comunicación viola los derechos fundamentales de las personas, y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada».

Por lo tanto, la FIDH y la OMCT instan a las autoridades colombianas a:

- Tomar todas las medidas necesarias para que cesen las amenazas, el hostigamiento - incluso a nivel judicial - y los demás ataques contra los periodistas, así como las actividades ilegales de inteligencia en su contra;

- Otorgar plenas garantías al desarrollo de las investigaciones y juzgamientos en contra de los miembros del DAS, actuar con celeridad y respetar la independencia del poder judicial;

- Depurar inmediata e incondicionalmente la totalidad de los archivos de inteligencia sobre periodistas.

De manera más general, la FIDH y la OMCT urgen a que las autoridades colombianas cumplan con sus obligaciones internacionales en materia de respeto, protección y cumplimiento del derecho a la libertad de expresión.

Contacto: Eric Sottas, OMCT, Tel. +41 22 809 49 39

Notas

[1Las interceptaciones realizadas por el DAS al margen de la ley y en violación a los derechos humanos, que se han revelado como un auténtico programa de investigaciones, seguimientos, recopilación de información privada y bancaria, trazado de perfiles psicológicos, persecución, atentados, amenazas y chantajes, contra diferentes personalidades nacionales e internacionales (incluidos varios periodistas de opinión) catalogadas por dicha institución como «amenazas contra la seguridad del Estado y del Presidente», tenían como objetivo neutralizar las labores desarrolladas por las víctimas, a quienes se consideraba «blancos legítimos» por ser potenciales opositoras de las políticas gubernamentales.

[2Un documento hecho público por el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía (CTI) (AZ No. 54-2004) reveló la existencia de un método e incluso de un código de actuación en la formulación de las amenazas en contra de Claudia Julieta Duque. Con relación a Hollman Morris, se tuvo conocimiento de la implementación de un plan de inteligencia en su contra, denominado «Operación Puerto Asís» y dirigido a deslegitimar y desprestigiarlo, desestabilizarlo psicológicamente, amenazarlo y proceder a un montaje judicial con el fin de neutralizarlo.

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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