Informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia
Nota de prensa

Viernes 17 de enero de 2020, por Misión de Verificación de la ONU

El Secretario General, en su Informe, también destaca el diálogo como herramienta esencial para que las partes signatarias del Acuerdo de Paz sostengan discusiones estratégicas y puedan superar diferencias sobre asuntos relativos a su implementación.

Derecho a la vida | Paz y Derechos Humanos |

Bogotá, 30 de diciembre, 2019. — "Tres años después de la firma del Acuerdo Final de Paz, los colombianos y colombianas continúan esforzándose por escribir un nuevo capítulo de consolidación de la paz, reconciliación y esperanza", señala el más reciente Informe trimestral del Secretario General de las Naciones Unidas al Consejo de Seguridad sobre la Misión de Verificación en Colombia.

El Informe abarca el período entre el 27 de septiembre y el 26 de diciembre de 2019, destacando que “la elevada participación y el carácter relativamente pacífico de las elecciones locales y departamentales de octubre demostraron una vez más el avance gradual hacia una Colombia más inclusiva y democrática. El Acuerdo de Paz y el compromiso de las partes con su implementación, a pesar de los múltiples desafíos, han creado las condiciones para estos y muchos otros cambios positivos.”. El Secretario General felicita a los alcaldes, gobernadores y otros funcionarios recién electos, quienes han expresado un interés casi unánime en aprovechar las oportunidades que ofrece el Acuerdo para llevar la tan esperada paz y el desarrollo a las comunidades que más han sufrido el conflicto. “El papel de las autoridades locales y departamentales es fundamental para el éxito de los esfuerzos de consolidación de la paz en Colombia” subraya el Secretario General y les alienta a hacer de la implementación de la paz una agenda propia.

A pesar de la estigmatización, las limitaciones de financiamiento y los problemas de seguridad durante la campaña, el partido FARC y los excombatientes participaron activamente en las elecciones, incluyendo el ejercicio de su derecho al voto. La participación de excombatientes y del partido FARC en estas elecciones representa un paso importante en el proceso de reincorporación política. La FARC y las coaliciones que incluían al partido FARC, respaldaron a más de 300 candidatos, de los cuales el 67% no eran excombatientes; algunos excombatientes también se presentaron con otros partidos y las mujeres excombatientes participaron activamente con un 38 por ciento. Doce candidatos fueron elegidos para diferentes cargos, incluyendo a dos mujeres.

Adicionalmente, el Informe relata las movilizaciones que iniciaron el 21 de noviembre y han sido respaldadas por varios sectores, incluidos movimientos estudiantiles, sindicatos y organizaciones indígenas y afrodescendientes, con una amplia gama de demandas, incluidas la protección de líderes sociales y excombatientes de las FARC-EP y la implementación integral del Acuerdo de Paz, entre otras. El Secretario General ha reconocido el espíritu mayoritariamente pacífico que ha caracterizado las marchas y confía que los diálogos vigentes entre el Gobierno y los sectores movilizados acerquen a los colombianos en la búsqueda de soluciones comunes en un espíritu inclusivo, respetuoso y pacífico.

El Secretario General, en su Informe, también destaca el diálogo como herramienta esencial para que las partes signatarias del Acuerdo de Paz sostengan discusiones estratégicas y puedan superar diferencias sobre asuntos relativos a su implementación. El Secretario General hace un llamado a las partes para que hagan un mayor uso del Consejo Nacional de Reincorporación y sus grupos de trabajo, así como un uso pleno de la Comisión para el Seguimiento, Promoción y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) para seguir avanzando.

En el tiempo cubierto por este Informe, “miles de excombatientes continúan su reincorporación a la vida civil, mientras que la sociedad colombiana sigue dando muestras inspiradoras de que está dispuesta a acogerlos. Las víctimas participan cada vez más activamente en los mecanismos de justicia transicional y continúan siendo voces poderosas en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reconciliación.”

El Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) se reunió dos veces durante el periodo del Informe y aprobó 12 nuevos proyectos productivos colectivos, elevando el número de proyectos aprobados a 47, beneficiando a 2,454 excombatientes (688 mujeres) y a 83 miembros de comunidades locales. 24 de estos proyectos aprobados han recibido fondos, beneficiando a 1,530 excombatientes (450 mujeres). En cuanto a los proyectos individuales, el número de iniciativas aprobadas y desembolsadas es ahora 705, beneficiando a 827 excombatientes (178 mujeres). En total, el 18% de los excombatientes acreditados han recibido apoyo financiero para proyectos productivos a través de estos mecanismos. Asimismo, se avanzó en el logro de un consenso entre el Gobierno y la FARC sobre la hoja de ruta de la reincorporación.

El Secretario General reconoce, además, “los pasos dados por el Gobierno para llegar a los excombatientes que viven fuera de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), especialmente con proyectos productivos” e insta “a todos los actores a que sigan esforzándose para ayudar a que esos excombatientes tengan un acceso adecuado a la seguridad, a los servicios básicos y a oportunidades de educación, empleo y proyectos productivos”. Adicionalmente, registra los avances significativos en el aumento del número de excombatientes cursando estudios académicos, de 2,461 en enero a 5,059 en octubre.

El Informe del Secretario General nuevamente relata cómo las comunidades, los defensores de derechos humanos, los líderes sociales y las personas involucradas en la implementación del Acuerdo de Paz, especialmente en las zonas rurales, continúan siendo blanco de violencia e intimidación por parte de grupos armados ilegales, organizaciones criminales y cárteles de la droga. El Secretario General manifiesta su alarma por las consecuencias, particularmente para las comunidades étnicas, de la lucha entre grupos armados ilegales en el corredor de tráfico ilícito que se extiende desde la región del Bajo Cauca, en el departamento de Antioquia, hasta el departamento de Chocó, así como la violencia incesante en el departamento del Cauca.

El Secretario General de la ONU hace énfasis en que la seguridad de los líderes sociales y de los defensores de derechos humanos, así como de los excombatientes, está intrínsicamente vinculada a la seguridad de sus comunidades. A pesar de las mejoras a nivel general en la seguridad posterior a la firma del Acuerdo de Paz, los numerosos casos que se siguen presentando en algunas regiones confirman el desafío aún pendiente de estabilizar territorios, particularmente en áreas donde la presencia limitada del Estado ha dejado vacíos institucionales y donde la falta de oportunidades económicas los ha dejado vulnerables a las economías lícitas.

Desde la firma del Acuerdo de Paz, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha verificado 303 asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales, 86 de los cuales ocurrieron en 2019 (incluidas 12 mujeres). La Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo de Élite de la Policía lideran las investigaciones y han reportado avances en el 39 % de los 86 casos.

El Secretario General también reiteró su llamado “para que se adopten medidas más efectivas para proteger la vida de los y las excombatientes, teniendo en cuenta especialmente que el 2019 ha sido el año más violento para los exmiembros de las FARC-EP.” Durante el período del Informe, la Misión verificó 20 homicidios de exmiembros de las FARC-EP, sumando 77 asesinatos en 2019, 65 en 2018 y 31 en 2017. El número total de asesinatos desde la firma del Acuerdo Final de Paz llega ahora a 173, además de 14 desapariciones y 29 intentos de homicidio. Asimismo, el Informe destaca como particularmente preocupante el asesinato de Alexander Parra Uribe, conocido como “Rodolfo Fierro”, un respetado líder en el antiguo ETCR de Mesetas, Meta, que fue el primer asesinato ocurrido dentro del perímetro de protección en un antiguo ETCR.

Con respecto a los asesinatos de exmiembros de las FARC-EP, el Informe destaca el mecanismo interinstitucional coordinado por la Oficina del Consejero Presidencial para la Estabilización para monitorear la seguridad de los excombatientes y el progreso en 15 de estas medidas. Una de estas es el despliegue de investigadores y oficiales de policía adicionales en los territorios para fortalecer la Unidad Especial de Investigación (UEI) y el Cuerpo de Élite de la Policía. La UEI de la Fiscalía General de la Nación reporta 21 condenas y 13 casos en etapa de juicio. Cabe resaltar la cooperación entre la comunidad local y la Fiscalía para llevar ante la justicia a un suboficial de las Fuerzas Armadas, que fue declarado culpable del asesinato del exmiembro de las FARC-EP, Dimar Torres, asesinado en abril en Norte de Santander. La UEI también informa que el 80 por ciento de los ataques están vinculados a grupos armados ilegales y organizaciones criminales. Sigue habiendo desafíos con respecto al desmantelamiento de las estructuras detrás de estos asesinatos, ya que solo nueve de 67 sospechosos arrestados son autores intelectuales.

El Secretario General hace de nuevo un llamado “para que se adopten medidas más efectivas para proteger la vida de los líderes sociales, los defensores de los derechos humanos y las personas involucradas en la implementación del Acuerdo de Paz, incluidas medidas específicas para las lideresas y defensoras y para los líderes y lideresas indígenas y afrocolombianos.” E insta “a la Comisión Intersectorial de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos a que finalice e implemente su plan de acción, en coordinación con las organizaciones de mujeres. Es importante también trabajar para mejorar el diálogo entre el Gobierno y la sociedad civil con respecto a la Política Pública Integral para el Respeto y las Garantías del Trabajo de Defensa de los Derechos Humanos".

El Secretario General alienta al Gobierno a que vuelva a convocar a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para avanzar en la finalización e implementación de la política de desmantelamiento de organizaciones criminales y sus redes de apoyo. “Se debe considerar la posibilidad de seguir avanzando en la implementación del Decreto núm. 660 de 2018, relativo al Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios, que es otro vehículo importante para mejorar la seguridad de las comunidades en las antiguas zonas de conflicto.”

El reporte trimestral da la bienvenida al progreso en la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), previstos en el punto 1 del Acuerdo de Paz, como parte de una reforma rural más amplia, que están comenzando a generar dividendos de paz para las comunidades rurales afectadas por conflictos con inversiones necesarias en infraestructura y servicios. El Secretario General observa que estas inversiones deben combinarse con la extensión progresiva a estas áreas de una presencia sostenida e integrada del Estado; incluidas no solo las fuerzas de seguridad pública sino también las instituciones civiles que pueden brindar educación, salud, servicios básicos y desarrollo en general.

Al reconocer que el Acuerdo de Paz prevé una transformación de largo plazo para Colombia, el Secretario General subraya que los cimientos de dicha transformación deben ser construidos desde ahora a través de acciones concretas, de todas las partes involucradas para implementar el Acuerdo en su totalidad.

Con el Acuerdo de Paz como hoja de ruta, Colombia puede continuar construyendo la paz que sus ciudadanos tanto anhelan. Las Naciones Unidas siguen plenamente comprometidas con este objetivo, trabajando en asociación con las partes, la sociedad colombiana y la comunidad internacional.

El Informe del Secretario General será presentado por el Representante Especial del Secretario General en Colombia, Sr. Carlos Ruiz Massieu, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York el 13 de enero de 2020.

Informe completo:

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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