El líder del asentamiento “EL Árbol” “Leonardo Gómez” ha acompañado la lucha por el derecho a una vivienda digna para su comunidad. No resulta aislado el hecho de detener a un líder que ha logrado defender el derecho a la vivienda, lo que sucede en la comuna 18 es toda una política a aplicar en esta zona, la que ya es señalada como “zona roja” y en el día a día lo corroboramos, policía élite con armas largas, provistos de chalecos antibalas, ya hay tratamiento de guerra para los habitantes de la comuna 18.
Sumado a todo esto, hay señalamientos a las organizaciones que acompañamos los procesos educativos y de respeto a los Derechos Humanos, panfletos repartidos por unidades motorizadas de la policía militar de la Tercera Brigada, donde al estilo de los paramilitares se nos señala de actores ilegales, mentirosos, lo que ha generado preocupación por la seguridad de los que hacemos acompañamiento legal y responsable ante temas, como la vulneración de los derechos fundamentales.
Ahora aparece otra amenaza para las Comunidades vulnerables de la Comuna 18 de la ciudad de Cali. La Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad, Subsecretaría de Policía y Justicia, Inspección de Policía Urbana 1° Categoría, Casa de Justicia Siloe, en representación de la Inspectora Yolanda Samboní Muñoz ha notificado a la Comunidad del Asentamiento “el Árbol” que será desalojada el día 29 de Marzo, a las 8:00 de la mañana.
En el sentamiento “El Árbol” viven 202 familias, 450 niños desde cero a 14 años, madres cabeza de hogar, ancianos, embarazadas.
ANTECEDENTES
A primera vista, puede parecer extraño abordar el derecho a la vivienda como un derecho humano básico. Un techo inadecuado e inseguro, sin embargo, amenaza la calidad de vida de los individuos, atentando directamente contra su salud física y mental. En otras palabras, la violación del derecho a la vivienda niega la posibilidad de una vida digna. Esta idea ha sido reflejada en el derecho internacional, a través de instrumentos como la declaración universal de los derechos humanos y el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales.
Colombia, país inmerso en un conflicto armado interno histórico que por más de cincuenta años ha desangrado nuestra patria, gobiernos que desconociendo el conflicto han privilegiado la guerra por encima de la negociación y concertación.
Toda esta realidad ha obligado a miles de colombianos al destierro, al desplazamiento forzado. Este desplazamiento obliga al campesino, al indígena a buscar abrigo en las grandes ciudades. En el sur occidente, Cali es uno de los mayores receptores de población desplazada, pero ante las insuficientes o pocas políticas que resuelvan el tema de la vivienda digna, la gente se ve obligada a crear asentamientos subnormales, en la ciudad de Cali hay muchos con estas características. La respuesta del gobierno municipal ha sido la de ofrecer vivienda de interés social o prioritario, sin considerar lo particular de esta población, población que no es tenida en cuenta por el sector bancario para ser sujetos de crédito, su condición no les permite tener un ahorro programado. Para afirmar que para este sector vulnerable no es posible acceder a los programas ofrecidos por el gobierno, en el tema de vivienda.
El líder del asentamiento “EL Árbol” “Leonardo Gómez” ha acompañado la lucha por el derecho a una vivienda digna para su comunidad. Esa misión le ha generado muchas dificultades, señalamientos, amenazas, hostigamientos y al punto de ser encarcelado, acusándolo de ser cómplice en el ataque a dos soldados y el robo de sus fusiles. los habitantes del asentamiento no se han librado de éstos señalamientos al punto que el 25 de enero un operativo militar hace allanamiento en el asentamiento y en un lote vacio encuentran supuestamente “enterrados” los dos fusiles robados, el suceso fue tan irregular que lo señalamos como “falso positivo de armas “.
Ante la inminencia del desalojo, lo que se le ha preguntado a la fuerza pública en muchas ocasiones acerca del uso de la fuerza ¿se ha valorado este escenario?
Después del desalojo. Donde serán reubicadas las 202 familias con sus 450 niños, acaso Bienestar familiar tiene la capacidad de darles protección a estos niños, entre los que se encuentran niños indígenas?
Acaso la Justicia y el Alcalde Jorge Iván Ospina privilegian el interés particular, por encima del interés general de una comunidad que se va a resistir defendiendo lo poco que el Estado colombiano le ha dejado de dignidad? al no permitirle acceso a una vida en condiciones dignas, sometidas a la informalidad, al desarraigo, al señalamiento. Su único delito es ser pobres, víctimas de un conflicto que no les pertenece.
