Hechos
El pasado sábado 6 de julio a las 11:05 am, llegó desde el correo electrónico [email protected] una amenaza declarando como objetivos militares a Diego Martínez y Jeison Paba, acusándoles sin fundamento alguno de estar vinculados a la guerrilla y amenazando a sus familias. El mensaje amenazante llegó a sus correos personales, al correo del CPDH, y al correo del área de protección del MOVICE, señalando:
“Debido a sus incesantes acciones subversivas en contra del estado y sus instituciones que día a día viven mancillando el nombre de estas en su afán de desprestigiarlas en pos de beneficiar a los grupos terroristas colocando a la población en contra, hemos decidido declararlos objetivos militares, para acabar con su actividad criminal y terrorista ustedes que disfrazados como defensores de derechos humanos, no son más que miembros de las milicias bolivarianas y sus tareas las tenemos ubicadas y por más seguridad que le mismo estado les está dando no se escaparán a nuestra tarea de erradicarlos. (…) esta advertencia no es solo para ustedes, sus familias no estarán a salvo porque también las tenemos ubicadas, piensen en ellos y desmovilicesen y no sigan arrastrandolos a sus mayor desgracia. Estamos siempre vigilantes.”
Contexto
La amenaza llegó mientras los señores Martínez y Paba acompañaban conjuntamente con un representante del área de protección del MOVICE, el “Evento Internacional de Jóvenes por la Paz” que se realizó en el municipio de La Macarena (Meta), una región del país altamente militarizada.
Allí se informó de la presencia de civiles merodeando el evento en motocicletas sin placas, sin que las autoridades hicieran algo al respecto. Al mismo tiempo efectivos del Ejército Nacional obligaron a los administradores del hotel donde se hospedaron los invitados internacionales, a que les facilitará el registro de quienes se quedaban allí, incluyendo sus nombres completos y números de identificación; situaciones que pusieron a la luz pública la labor de inteligencia en contra del evento, a pesar del carácter pacífico y humanitario del mismo.
Exigimos:
-Que las autoridades colombianas competentes investiguen el origen de esta amenaza y que rinda resultados concretos y conducentes al castigo de los responsables.
*Los señores Martínez y Paba ya cuentan con esquemas de seguridad, los cuales incluyen escoltas y carros blindados; sin embargo se nota la falta de medidas políticas por parte del estado para evitar hechos como los objeto de esta denuncia.
-Que representantes del Estado tomen medidas políticas para asegurar la protección de los señores Martínez y Paba y que se pronuncien públicamente en apoyo de su labor de defensa de derechos humanos y en contra de las amenazas que enfrentan.
-Que las organizaciones nacionales e internacionales se comuniquen con las autoridades colombianas en apoyo de los señores Martínez y Paba, para instarles a que tomen las medidas arriba mencionadas, para garantizar sus vidas, y las de sus familiares.
