Colombia, 8 de febrero de 2022
La Comisión Accidental para el seguimiento y verificación de la actividad minera de carbón en el Caribe colombiano, presentó en diciembre de 2021 un informe sobre la grave situación de derechos humanos, ambientales, territoriales y culturales derivada de la extracción carbonífera en La Guajira y Cesar. El informe se da después de las dos audiencias que se celebraron el 28 de octubre y el 19 de noviembre de 2021, donde se comunicaron las vulneraciones a los derechos de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en estos dos departamentos. El incumplimiento de la sentencia que protege al arroyo Bruno y los impactos sociales y laborales ocasionados por la salida de Prodeco de la región, fueron algunos de los temas de mayor impacto en estas audiencias.
La Comisión Accidental para el seguimiento y verificación de la actividad minera de carbón en el Caribe colombiano1, aseguró en su informe que “Han quedado en evidencia los grandes impactos ambientales, económicos, culturales y sociales ocasionados en estos territorios concesionados a las grandes multinacionales extractivas”. Representantes de comunidades y organizaciones campesinas, indígenas, afro y sindicales participantes en las audiencias públicas así lo aseguraron, al denunciar la crisis humanitaria que viven los departamentos de La Guajira y Cesar, luego de más de 30 años de operación minera de carbón en sus territorios.
En la Audiencia del 28 de octubre en la ciudad de Bogotá se denunció el incumplimiento de la sentencia SU 698 de 2017 de la Corte Constitucional, que busca evitar la consumación de un daño ambiental irremediable en el Arroyo Bruno. Por su parte, en la Audiencia del 19 de noviembre, llevada a cabo en el municipio de la Jagua de Ibírico, Cesar, se escucharon las voces de las comunidades afectadas por la operación minera, los efectos que está teniendo la salida de la multinacional Glencore (Prodeco en Colombia) y el indebido manejo de los pasivos ambientales ocasionados por la actividad carbonífera.
A las audiencias fueron convocadas varias entidades estatales. Sin embargo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) se ausentó del espacio en Bogotá, evidenciando una vez más la falta de voluntad para la escucha y el diálogo. La Comisión Accidental, considerando que delegados de comunidades de La Guajira viajaron a Bogotá para hablar con las entidades del orden nacional, tuvo que hacer un llamado a los funcionarios de la ANLA, increpando “por que la institucionalidad nacional no ha ido a su territorio, ahora que ellos están acá, ustedes se niegan a venir”. La ausencia de representantes de las entidades encargadas ejercer control y seguimiento sobre las actividades mineras es un retrato claro de lo que ocurre en el territorio: el abandono de los controles efectivos a una actividad que se extiende infinitamente sin cumplir con la normatividad ambiental nacional y la debida diligencia en la observancia de los derechos humanos. Esta es una de las razones por las cuales proliferan denuncias sobre las afectaciones sociales, a la salud y el ambiente en las zonas de influencia de los frentes mineros.
A estas denuncias se sumaron varios miembros de la Comisión Accidental, quienes recalcaron el incumplimiento de las Sentencias emitidas contra Cerrejón y las empresas multinacionales que explotan los territorios al norte del país. Los abusos de poder cometidos en el proceso del arroyo Bruno dejaron en evidencia las fragilidades institucionales para hacer efectivo el cumplimiento de la Sentencia SU-698 de 2017, en la que se demostró que la destrucción del arroyo Bruno afectará gravemente a las comunidades aledañas. Pese a que la Corte Constitucional ordenó que se tomará en cuenta la voz de las comunidades y se respetará el principio de precaución ambiental, lo cierto es que la institucionalidad ha cerrado las puertas para un diálogo efectivo y garante de los Derechos Humanos de las comunidades para avalar la ampliación de la frontera extractiva en La Guajira.
En el informe presentado por la Comisión Accidental, los congresistas también manifestaron que las preocupaciones han aumentado “ante los incumplimientos que reiteradamente han denunciado las comunidades de La Guajira sobre la decisión judicial del Arroyo Bruno y/o por el anuncio realizado el año pasado por actores económicos del departamento del Cesar que de forma intempestiva anunciaron su retiro de la región sin la debida planeación y participación de las comunidades”. En este caso, las organizaciones continuaremos acompañando a las comunidades afectadas para lograr justicia, el respeto a los derechos humanos y la permanencia en el territorio, exigiendo del Estado una transición energética justa.
En el caso del Cesar, la situación está marcada por la elusión de responsabilidad de las empresariales con las comunidades en proceso de reasentamiento y los trabajadores, tras la renuncia de sus títulos mineros y la declaración de insolvencia financiera, sin adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones ambientales. Por esta razón, la Comisión expresó que “empresas como Prodeco anunciaron despidos masivos y su intención de renunciar a los títulos mineros argumentando la inviabilidad económica de la operación. Dicho anuncio se realizó sin socializar la decisión con los trabajadores directos e indirectos, y sin darles a esta ninguna alternativa pese a que dedicaron su vida a la exploración y explotación del mineral“. Es evidente que en Colombia no hay acciones ni mecanismos efectivos para hacer frente a las afectaciones generadas por las actividades de la minería de carbón. Los daños se han acumulado por décadas, se han contaminado fuentes hídricas y se han destruido los suelos, cambiando drásticamente la vocación agropecuaria de la ruralidad. Por esta razón nos sumamos al llamado de la Comisión respecto a la urgente necesidad de “regulación de los pasivos ambientales y sociales que las actividades extractivistas dejan en los territorios”.
Las conclusiones del informe de la Comisión Accidental son claras: más de 30 años de minería en estos departamentos no han traído el desarrollo ni el progreso que prometieron al principio. Hoy en día, tanto La Guajira como el Cesar registran indicadores preocupantes de pobreza extrema, desempleo y desnutrición infantil. Tal como lo reseña la Comisión, “la pobreza es mayor en los municipios con minería que en aquellos donde no existe la minería.” Además, en un escenario de crisis climática como la actual, estos son dos de los departamentos con mayores índices de vulnerabilidad climática. Por esta razón, seguiremos en nuestros procesos de resistencia y exigencia para evitar que se consoliden las catástrofes que pueden generar la expansión de la frontera extractiva en la región.
Finalmente, manifestamos nuestro compromiso de acompañar las acciones que emprenda la Comisión Accidental durante 2022 para que el país y el mundo conozcan los impactos de la minería transnacional de carbón, las consecuencias en el ambiente y los daños a perpetuidad en el territorio y la vida de las comunidades, con el ánimo de que se tomen las medidas a nivel político y administrativo para impedir que sigan ocurriendo.
Febrero 2022
DESCARGAR INFORME DE COMISIÓN ACCIDENTAL
1 El 8 de septiembre de 2021, la mesa directiva del Senado de la República expidió la Resolución 037, mediante la cual se crea la Comisión Accidental para el seguimiento y verificación de la actividad minera de carbón en el Caribe colombiano. Está conformada por Antonio Sanguino, Angélica Lozano, Wilson Arias, Sandra Ramírez, Feliciano Valencia, Aida Avella, Iván Cepeda, Gustavo Bolívar, Jorge Eduardo Londoño y Jesús Alberto Castilla.
Suscriben
Caravana La Guajira le habla al país. La Guajira.
Consejo Comunitario de Comunidades Negras de la Jagua de Ibirico (Coacneja). La Jagua de Ibirico, Cesar.
Consejo Comunitario de Conunidades Negras Casimiro Meza Mendoza (Coconebo). La Jagua de Ibirico, Cesar
Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas (Cordatec). San Martín, Cesar. Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR).
CENSAT AGUA VIVA – Amigos de la Tierra Colombia.
Centro de Investigación y Educación Popular – Programa por la Paz (Cinep-PPP) Pensamiento y Acción Social (PAS).
