Continúan las violaciones a los DDHH y al DIH en departamento de Norte de Santander, su capital Cúcuta y su Área Metropolitana

Hechos

1. El 26 de septiembre del año en curso, en un comunicado dado a conocer a la opinión pública, La Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos REDEH, denunciaba la situación de violación a los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, que se venía presentando en el Departamento, en Cúcuta y su Área Metropolitana en contra de la población civil, por organizaciones al margen de la Ley.

2. En ese comunicado denunciábamos el desplazamiento forzado de los habitantes del Corregimiento de Palmarito, los asesinatos selectivos de los agricultores: Humberto Ramírez Carrillo, Jovanny Rodríguez Aparicio, Ricardo Gutiérrez Calero, Jordán Rojas Rincón y el desaparecimiento de Leonardo Galvis, Presidente de los Palmeros de ese Corregimiento.

3. A raíz del desplazamiento forzado de los pobladores de Palmarito, en un Consejo de Seguridad Municipal, el Alto Consejero para la seguridad y la convivencia del Gobierno de Juan Manuel Santos, el doctor Lloreda, en una forma irresponsable afirmó que Cúcuta era una de las ciudades más seguras del país, desconociendo la realidad del orden público que estamos viviendo, como lo muestran las estadísticas de homicidios, amenazas, desaparecimientos forzados, boleteos, extorsión, pago de vacunas, tráfico de armas, ruta de trata de personas, ruta de los carteles del narcotráfico, presencia del paramilitarismo (rastrojos, urabeños, paisas, nueva generación de paramilitares) y de la guerrilla entre otras realidades.

4. La Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos, no comparte el afán de las autoridades del retorno de los desplazados al Corregimiento de Palmarito, ya que todavía permanecen y vienen actuando en la zona las organizaciones que casa a casa le dijeron que tenían que abandonar la población, esta situación no garantiza la vida y la seguridad de sus pobladores en su retorno y más aún cuando dos de sus dirigentes no pudieron regresar por recibir amenazas contra su vida como fue el caso de:

– José María Peñaranda Y Ricardo Sánchez, amenazas de muerte que se suman a los de dirigentes sociales y de derechos humanos que venían acompañando el proceso de los desplazados de Palmarito, como son:

– Juan Carlos Torrado, Coordinador de la Mesa Municipal de Participación a Víctimas, a quien dos hombres en moto identificados como los rastrojos el día 7 de octubre en la avenida Kennedy lo abordaron dándole 72 horas para abandonar la ciudad y el departamento y de no hacerlo atentarían contra su vida.

5. Al panorama de amenazas y asesinatos arreciado en los últimos días contra defensores de derechos humanos y líderes sociales, se le suman el de:

– Graciela Rodríguez Ramos, Docente quien laboraba en el Municipio de Santiago, asesinada en la vía que comunica a Cúcuta con Pamplona el día 8 de octubre.

– Graciela Parada Ovalles, Docente en el Corregimiento de las Mercedes Municipio de Sardinata, herida con una esquirla de granada en hostigamiento hecho por la guerrilla al puesto de policía de esta localidad el día 9 de octubre.

6. Exigimos a las autoridades Nacionales, Departamentales y Municipales garantías para el ejercicio de nuestro trabajo que permitan preservar nuestras vidas.

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