A pesar de la presencia de defensoras y defensores de derechos humanos en la Unidad Permanente de Justicia (UPJ) de Bogotá, se ha impedido constatar la salud de las personas privadas de la libertad, y verificar las condiciones de la retención.
Considerando las actuaciones de las fuerzas de Estado durante estos días y en todo el territorio nacional, las reacciones se constituyen en prácticas particularmente graves, sistemáticas, contradictorias con un Estado social de Derecho, y con el supuesto reconocimiento presidencial de la legitimidad de las jornadas de protesta.
Esto hace necesario que se establezcan los diferentes niveles de responsabilidad del Ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, el Director General de la Policía Nacional, General Rodolfo Palomino López y del Director del ESMAD, Coronel Rafael Mendez en estos hechos.
Por tal razón el 30 de agosto se radicarán las denuncias correspondientes ante la Fiscalía y Procuraduría General de la Nación, solicitando, como es obvio, que se establezcan sus responsabilidades en estos hechos, advirtiendo la necesidad de ordenar su suspensión provisional inmediata, dado el riesgo que representan para la sociedad, así como para la violación de la garantía de no repetición de estos hechos.
