Berlín y Bogotá, 10 de Mayo de 2021

 

Asunto: Incluir denuncias de violencia policial en el examen preliminar colombiano

 

 

Estimado fiscal Fatou Bensouda:

Estimado Rod Rastan, estimada Eugenia Valenzuela,

 

 

Desde el 28 de abril de 2021 estallaron las protestas en Colombia cuando el descontento social alcanzó su punto más alto con la introducción de una reforma tributaria por parte del gobierno del presidente Iván Duque. Las protestas, que han sido principalmente pacíficas, están siendo recibidas con una violencia desproporcionada por parte de la policía colombiana contra los manifestantes, en su mayoría hombres y mujeres jóvenes, incluidos menores. Como resultado, al 8 de mayo hemos recibido informes de al menos 47 asesinatos –39 de los cuales han sido presuntamente por parte de la policía–, 12 casos de agresión sexual, 548 personas desaparecidas y 963 detenciones ilegales.1

 

Los manifestantes y las organizaciones de derechos humanos tomaron en videos y transmitieron en las redes sociales amplias pruebas sobre la brutal respuesta de la policía, a menudo sin identificación adecuada o incluso vestidas de civil.2 Estos muestran que la policía ha estado actuando en violación de sus deberes constitucionales, legales e internacionales, entre otros, disparando a los manifestantes con balas de goma, armas de fuego o disparando cartuchos de gas lacrimógeno a muy corta distancia. De particular preocupación son las acciones del Escuadrón Móvil Anti-Disturbios (Escuadrón Mobil Anti-Disturbios – ESMAD), unidad policial encargada de controlar disturbios y disturbios al orden público durante las protestas. En los últimos días, miembros de la ESMAD presuntamente han perpetrado 15 de los 39 asesinatos denunciados cometidos en el contexto de las protestas.3

 

Si bien la escalada en los niveles de violencia de la policía colombiana ha alcanzado niveles sin precedentes, no se trata de incidentes aislados. En la comunicación de 2018 enviada por ECCHR y CAJAR a su oficina, señalamos el uso excesivo de la fuerza por parte de la ESMAD contra defensores y defensoras de derechos humanos en el contexto de las protestas sociales en Colombia desde 2013.

 

Desde entonces, la violencia no ha dejado de aumentar. En las manifestaciones del 9 de septiembre de 2020 y noviembre de 2019, al menos 17 jóvenes fueron presuntamente asesinados por la policía, incluidos miembros de ESMAD. De manera más general, la ONG Temblores ha informado que entre 2017 y 2019 hubo 289 asesinatos, 39613 casos de violencia física y 139 casos de violencia sexual cometidos por la policía en el país4. Estas cifras brindan los primeros indicios de la sistematización de los ataques contra manifestantes y la supervisión insuficiente de las autoridades colombianas para tomar medidas que impidan la comisión de estos crímenes.

 

Además, quedan serios interrogantes sobre la independencia y eficacia judicial en Colombia. Muchos casos de brutalidad policial, incluido el asesinato, se investigan y juzgan ilegalmente bajo la jurisdicción de tribunales militares y terminan desestimados sin una investigación y un enjuiciamiento suficientes. En general, donde la Fiscalía General de la Nación ha iniciado investigaciones, no ha informado de avances significativos en la mayoría de los casos. Por ejemplo, las tasas de impunidad por asesinatos presuntamente cometidos por la policía entre 2017 y 2019 se estiman en alrededor del 99%.

 

En este contexto, queremos llamar su atención sobre estos alegatos, alentándolos a que examinen de cerca estos asuntos para determinar si pueden constituir crímenes bajo el Estatuto de Roma, en particular crímenes de lesa humanidad, encuadrando en el examen preliminar que su Oficina tiene actualmente sobre Colombia. La situación actual en Colombia puede justificar un análisis similar al examen preliminar en Venezuela, particularmente teniendo en cuenta el elevado número de denuncias de delitos como asesinatos, violaciones, desapariciones forzadas y otros en tan poco tiempo y los patrones de conducta de los fuerzas policiales.

Por ejemplo, su Oficina ya ha analizado la violencia de las fuerzas de seguridad venezolanas en el contexto de manifestaciones y disturbios políticos, en particular los supuestos 70 asesinatos en protestas entre abril y julio de 2017 y las 30 a 47 muertes adicionales en protestas entre el 21 y el 25 de enero del 2019 presuntamente cometidas por fuerzas de seguridad y / o civiles armados que actúan en coordinación esporádica con las fuerzas de seguridad.

 

Un reconocimiento de su Oficina en este sentido tendría un fuerte efecto de señalización para el gobierno colombiano y podría contribuir a prevenir nuevos crímenes y una investigación efectiva de estas acusaciones.

 

Como de costumbre, quedamos a su disposición para brindar cualquier información adicional o discutir en detalle, junto con otras partes interesadas relevantes, el contenido de esta carta.

 

Saludos cordiales,

 

Andreas Schüller & Silvia Rojas Castro

European Center for Constitutional and Human Rights

 

Sebastián Escobar

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

 

María Susana Peralta Ramón

Colombia Diversa

 

Viviana Rodríguez Corporación Humanas

Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género

 

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  1. Temblores ONG and Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), Comunicado Conjunto Temblores Ong –Indepaz, 9 May 2021. Available at: http://www.indepaz.org.co/cifras-de-violencia-policial-en-el-paro-nacional/(last accessed on 10May 2021)
  2. See, e.g.: El Espectador, Paro Nacional en Cali: Policía confirma que del camión sí se bajaron agentes vestidos de civiles(7 May 2021), available at: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/paro-nacional-en-cali-policia-confirma-que-del-camion-si-se-bajaron-agentes-vestidos-de-civiles/
  3. INDEPAZ, Víctimas de violencia homicida en el marco del paro nacional. Available at: http://www.indepaz.org.co/victimas-de-violencia-homicida-en-el-marco-del-paro-nacional/(last accessed on 10May 2021).

Lee la carta original aquí: 20200510 Letter ICC Colombia police violence

 

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