La presentación, a cargo del abogado Sergio Andrés Coronado, Coordinador del Equipo de Tierras y Derechos al Territorio del Centro de Investigación y Educación Popular Cinep, se refirió a los impactos de la industria minera en los derechos humanos de colombianos y colombianas, y cómo pese a las promesas, la minería a gran escala no ha facilitado la superación de condiciones de pobreza en los municipios en los cuales se han desarrollado actividades extractivas durante más de dos décadas. Algunos de los aspectos en los que se hizo énfasis fueron:
· En las regiones y municipios mineros no se ha garantizado los derechos económicos, sociales y culturales de la población, ni se han superado condiciones estructurales de pobreza.

· La minería a cielo abierto vulnera el derecho a la tierra y al territorio de muchas comunidades rurales y profundiza el riesgo ante el cambio climático.

· La explotación minera a gran escala es incompatible con la garantía del derecho al agua de un gran número de ciudadanos y ciudadanas.

· Hay vínculos entre minería, conflicto y desplazamiento forzado que obligan a la implementación de criterios de transparencia y debida diligencia, tanto de la actividad de las empresas en terreno, como de los países consumidores.

Entre las solicitudes realizadas al Parlamento Europeo, se encuentra la de avanzar en el diseño e implementación de instrumentos y mecanismos vinculantes que permitan el acceso a la justicia de personas y comunidades que han sufrido victimizaciones vinculadas a las actividades de las empresas mineras. El acceso a la justicia no debe restringirse a los tribunales nacionales, sino que se debe facilitar el acceso los sistemas de justicia de los países en los cuales están las casas matrices de las empresas.

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