Hechos
El día 22 de noviembre del año 2012, fueron detenidos por unidades de Policía Judicial, el militante del Partido Comunista Colombiano y miembro del movimiento social y político Marcha Patriótica LessnerJaferAlmenarez Gómez, quien también es médico general de la Universidad de Caldas.
Fueron detenidos en el mismo proceso, en los municipios de Bogotá, La Plata, Cali y Manizales, los siguiente dirigentes de oposición: Johan David Ruiz, quien se desempeña como trabajador social; Andrés Felipe Álvarez Dávila, estudiante de administración pública; Alexander Pérez Jiménez, docente; Carlos Andrés Ospina sociólogo y gestor de la Universidad Tecnológica de Pereira; Julio Cesar Murillo García, licenciado y docente en ciencias sociales;Bladimir Castaño Gavieria Licenciado en biología y química; Liliana Blanco Ávila médica cirujana de la universidad de Caldas.
En audiencia pública tanto de legalización de captura como de imputación de cargos, realizadas durante los días viernes 23 y sábado 24, el fiscal 12 informó que estas fueron ordenadas el día 20 de noviembre en audiencia privada por la juez quinta penal y hechas efectivas el 22 de Noviembre, es decir a los dos días siguientes.
El sustento para las capturas está basado en declaraciones y señalamientos recibidos a personas acogidas al programa de desmovilización, por hechos presuntamente ocurridos en el año 2006 y extrañamente solo hechas efectivas en el 2012. Vale la pena mencionar que gran parte de los montajes judiciales, en contra de dirigentes de derechos humanos y de oposición se han hecho con base en testimonios, del llamado “cartel de los informantes”.
Señalamos, que el fiscal 12 de Manizales, al momento de relacionar supuestas pruebas contra la y los profesionales, presentó un escrito extenso en el que aparece una mención a la Unión Patriótica haciendo ver este proceso como “un revés que sufrió la insurgencia armada y por eso crea un nuevo proceso, el PC3 organización a la que pertenecen los capturados”. Esto demuestra que existe una pauta de persecución sistematice, que continua en contra de los miembros de la exterminado partido Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano.
Finalmente el juez de Control de garantías, decide proferir detención en establecimiento carcelario por el Delito de Rebelión en contra de los procesados, dando por ciertas las acusaciones de la fiscalía general, desconociendo la etapa de juicio oral y violentando las normas del debido proceso.
II. ANTECEDENTES
1) El día 10 de noviembre de 2012, fue asesinado EDGAR SANCHEZ PAREDES miembro del Partido Comunista Colombiano e integrante del movimiento Social y Político Marcha Patriótica. Su asesinato fue atribuido a miembros de grupos paramilitares, que operan en este municipio, con total apoyo de las autoridades del sector. Hasta el momento su asesinato continúa en la total impunidad, y sin causa abierta en la fiscalía General de la nación.
2) Desde el 27 de marzo de 2012, los medios masivos de comunicación (El Tiempo, El Espectador, Revista Semana, entre otros), basados en información suministrada por el ejército nacional, iniciaron la campaña de estigmatización del Movimiento Político Marcha Patriótica, en la cual, sin prueba alguna, se ha señalado a este movimiento de estar infiltrado por la insurgencia de las FARC, generando un sin número de reacciones, entre las cuales se destacan los comentarios publicados en los sitios web de dichos medios de comunicación, donde se emiten amenazas y se hace apología de repetir el genocidio cometido contra la Unión Patriótica – UP-.
3) El Coronel Luis Villamarin y los abogados Jaime Restrepo y José Obdulio Gaviria, publicaron artículos en los cuales afirman que dicho movimiento es una propuesta de la insurgencia e instigan a la opinión pública para que ésta conciba a dicho movimiento como un enemigo, ubicando sus miembros como blanco fácil de grupos paramilitares y demás enemigos de la democracia.
4) La asociación colombiana de oficiales en retiro de las fuerzas militares ACORE, A través de un comunicado, el general (r.) Jaime Ruiz, “presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (Acore), entregó una serie de consideraciones frente a un eventual acercamiento entre el Gobierno y las FARC, entre otras se menciona que: “Este movimiento político deberá ser liquidado hasta tanto no se llegue a un acuerdo final de suspensión del conflicto armado”.
III.SOLICITUDES
Favor dirigirse a las autoridades de Colombia instándolas a:
1. Llevar a cabo un proceso independiente, inmediato, exhaustivo e imparcial con el respeto de las normas universales del debido proceso y derecho a la defensa.
2. Se investigue la procedencia de los llamados testigos de cargos sobre los cuales la fiscalía general de la nación y policía judicial, han construido procesos que en su mayoría terminan en absoluciones.
3. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de la ONU, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional (Art.1) así como en lo relativo al deber del Estado de garantizar la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración (Art.12.2);
De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Colombia.
