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Corte Suprema de Justicia ratifica condena contra ocho miembros del Ejército por “falso positivo”
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra ocho militares por los delitos de desaparición forzada de personas, homicidio agravado, falsedad en documentos públicos, peculado por apropiación, concierto para delinquir entre otros, cometidos en el año 2008 contra de Daniel Andrés Pesca Olaya y Eduardo Garzón Páez, humildes jóvenes trabajadores, de Bogotá y Soacha, respectivamente, quienes fueron asesinados y enterrados como N.N. el 4 de marzo de 2008.
Comunicación de la CIDH sobre Medidas Cautelares al Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego
titre documents joints Resumen del caso Gustavo Petro (PDF – 554.3 KB)
Comunicado público: Medidas Cautelares de la CIDH a favor de Gustavo Petro son de obligatorio cumplimiento
La Corporación Colectivo de Abogados ’José Alvear Restrepo’, recuerda a la opinión pública que el gobierno colombiano ha sido respetuoso de las medidas cautelares ordenadas por Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en relación con el actual Alcalde de Bogotá, el propio Presidente de la República Juan Manuel Santos, ha manifestado que acataría las decisiones que obligan al Estado colombiano, por tanto queremos hacer énfasis en que:
En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional de Colombia ha sido enfática en señalar que las medidas cautelares ordenadas por la CIDH son de obligatorio cumplimiento para el Estado colombiano.
Corte Suprema deja en firme condena contra ocho militares por torturas y asesinato del profesor Gerardo Liévano García
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha proferido una sentencia con fecha 12 de Febrero del presente año, mediante la cual no casa la sentencia de Segunda y Primera instancia, es decir, deja en firme la condena contra varios miembros del ejército nacional pertenecientes al grupo CAES del Batallón Masa, ubicado en la ciudad de Cúcuta, por torturas y homicidio del profesor de la Unión Sindical Obrera, USO, Gerardo Liévano García, en noviembre de 1993.
Organizaciones Internacionales solicitan atención a la continuación del proceso en contra de David Ravelo Crespo
El pasado 11 de febrero se radicó ante el Tribunal Superior de Bucaramanga, (Santander), la sustentación de la demanda de casación en el marco del proceso judicial adelantado en contra del defensor de derechos humanos David Ravelo Crespo, miembro de la Corporación Regional de Defensa de los Derechos Humanos del Magdalena Medio (CREDHOS), de la ciudad de Barrancabermeja, (Colombia). En numerosas ocasiones las organizaciones y redes internacionales, abajo firmantes, hemos mostrado nuestra preocupación ante las diversas irregularidades denunciadas a lo largo del proceso judicial en contra del Sr. Ravelo, que culminó con la condena en primera y segunda instancia, a 220 meses de cárcel del reconocido defensor de derechos humanos.
International organizations request that attention be paid to the case against David Ravelo
On 11th of February last year, the follow up of the demand for annulment of the judicial process against the human rights defender David Ravelo Crespo, member of the Regional Corporation for the Defense of Human Rights in Magdalena Medio (CREDHOS), from the city of Barrancabermeja, was filed before the High Court of Bucaramanga (Santander). In a number of occasions, the International NGOs and networks who have signed below have reiterated concerns regarding a series of irregularities throughout the proceedings which resulted in the conviction of Mr Ravelo
and his 220 month prison sentence.
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La escombrera: Inician excavaciones con 13 años de retraso
Cerca de las nueve de la mañana arribaron las mujeres. Se reunieron en círculo dentro en un conteiner para ajustar detalles del día, y a las diez fueron agarrando sillas de plástico. Se ayudaron entre sí a tomar asiento y se pusieron una al lado de la otra, para contemplar un espectáculo que tenía lo mismo de terrible que de esperanzador: el operario de una excavadora apostada en un barranco esperaba la orden del antropólogo forense John Fredy Ramírez para poner marcha a la maquinaria.
Desinformación: Estrategia Neocolonial y Xenofóbica en contra de los Pueblos Indígenas
Rechazamos de manera categórica y enfática las afirmaciones realizadas por el programa Séptimo Día en el sentido de señalar y estigmatizar a los Pueblos Indígenas, sus autoridades y dirigentes como corruptos, violadores, injustos, anormales, desequilibrados, guerrilleros, entre otros, considerados como degradantes y discriminatorios. Las afirmaciones realizadas en las dos emisiones de dicho programa no corresponden a la realidad de los Pueblos Indígenas en Colombia, y en gran medida han sido editadas a favor de un libreto, cuyo propósito es desconocer los grandes aportes de los Pueblos Indígenas a la convivencia, así como nuestro condición de principales víctimas del conflicto armado y de las iniciativas económicas conexas al mismo.
Carta publicada por Feliciano Valencia, líder indígena, frente a ataques de séptimo día
Es verdad que no soy perfecto pero de ahí a ser lo que dijeron por séptimo día dista mucho de la razón, hasta la gente de la OPIC que me conoce puede dar fe que yo con las guerrillas nada que ver. Todo esto me ha puesto a pensar, si ahora, en pleno siglo XXI, cuando los indígenas podemos gozar de derechos y fuimos reconocidos e incluidos en la sociedad y la norma, como seria en la época de la conquista y la colonia. Está claro, nos van, y me van a joder a como dé lugar, me han dicho de todo últimamente y me han tendido sendas celadas para aniquilarme, las he logrado sorteado hasta ahora y espero seguirlo haciendo con la ayuda de la gente por quienes decidi jugarme la vida.
Fundador
José Alvear Restrepo
Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: “Conflictos…
Quiénes somos
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Defiende y promueve integralmente los derechos humanos, los derechos ambientales y los derechos de los pueblos, desde una perspectiva de indivisibilidad e interdependencia, con el objetivo de contribuir a la construcción de una sociedad justa y equitativa en la perspectiva de la inclusión política, económica, social y cultural.