Entre noviembre de 2003 y agosto de 2006, se desmovilizaron formalmente más de 30.000 miembros de fuerzas paramilitares en Colombia. De las 40 estructuras paramilitares que existían en 2003, se desmovilizaron 34, a cuyos integrantes comprometidos en violaciones a derechos humanos se les aplicó el marco jurídico de la Ley 975 de 2005, llamada Ley de Justicia y Paz. Esa normativa creó una serie de beneficios legales para los desmovilizados, entre ellos penas alternativas de 5 a 8 años sobre la base de aportar a la verdad plena sobre los crímenes cometidos, las estructuras operativas, los beneficiarios, y los responsables intelectuales y materiales de estos crímenes.

En una jugada sagaz, el gobierno aprovechó este proyecto para revivir la ampliación del fuero penal militar que tumbó la Corte Constitucional el pasado mes de octubre. En esta oportunidad, sin embargo, dicha ampliación tiene de lejos, muchísimo más alcance al establecer que la justicia penal militar entraría a conocer de un amplísimo espectro de delitos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos,además de todas las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, DIH. El artículo 8 del malhadado proyecto, de manera genérica, establece que serán de competencia de la justicia penal militar los delitos de homicidio, las infracciones al DIH, los delitos contra la población civil, contra la seguridad y existencia del Estado, los delitos contra la protección de la información y los datos, y los delitos contra la fe pública.

Exigimos a los candidatos a Contralor, Edgardo Maya, Carlos Ardila y Gilberto Rondón que depongan sus aspiraciones, den muestren desprendimiento y generosidad dando campo a la renovación y depuración que el país pide a gritos. Es hora de pronunciarnos activamente sobre las propuestas de revocatoria a los magistrados de todas las altas cortes, lo mismo que participar en las decisiones que se vayan a tomar en relación con la reforma a la justicia. Entre tanto, esperamos que las sentencias que anularon los nombramientos se hagan públicas lo más pronto posible y que su cumplimiento se dé sin dilación alguna. La sociedad no entiende cómo decisiones tan trascendentales se demoran tanto para ser dadas a conocer en su integridad y menos por qué se dilatan las notificaciones a los afectados cuando ellos laboran en las mismas oficinas judiciales que las han dictado.