No obstante, es preciso recordar que el paro judicial no ha sido declarado ilegal por el juez natural, de suerte queal no existir un pronunciamiento en ese sentido, en principio, no es posible jurídicamente imponer sanciones de carácter pecuniario o disciplinario, so pena de incurrir en una extralimitación de funciones y en el ejercicio arbitrario de sus propias razones. Además, el Código Sustantivo del Trabajo, en consonancia con tratados de laOrganización Internacional del Trabajo reconocidos por Colombia y, por tanto, parte integrante del bloque de constitucionalidad, prevé deducciones y descuentos de salarios sólo en los eventos previstos en la ley, es decir, cuando medie autorización del trabajador u orden judicial en firme.

Las Direcciones Seccionales de Administración Judicial exigen a los nominadores la certificación de la garantía de acceso de los usuarios a los despachos de descongestión y en otros casos la acreditación de los requisitos para el desempeño del cargo, a sabiendas que la prórroga de las medidas, por sí sola, torna innecesario el nuevonombramiento y posesión de las personas que vienen ocupando el cargo, pues para darles continuidad en sus empleos sólo basta reportar esa novedad a la respectiva oficina de recursos humanos y/o pagaduría. Es más, el mismo artículo 57 del susodicho Acuerdo les impone a esas direcciones seccionales la carga de certificar tal hecho, de suerte que por esa razón adicionalno es viable exigirle al nominador la referida certificación.