Para las organizaciones firmantes, es clara la previsible impunidad de graves violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario que se auspiciará de aprobarse la reforma constitucional que actualmente se debate en el Congreso de Colombia para fortalecer el fuero penal militar.
Su preocupación se une a la manifestada recientemente por 11 Relatores y Grupos de Trabajo de Naciones Unidas, quienes destacaron que crímenes tan graves como las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, el desplazamiento forzado, la violencia sexual contra las mujeres, formas de reclutamiento de niños y niñas, entre otros, quedarían bajo la competencia de la jurisdicción penal militar.
Las organizaciones manifiestan igualmente, que “Estos cambios contravienen la jurisprudencia constitucional y los tratados y resoluciones internacionales que han limitado la jurisdicción penal militar a asuntos estrictamente relacionados con la disciplina interna de la fuerza pública”
Así mismo declaran su indignación ante el uso de recursos públicos que podrían destinarse para la defensa de militares y policías acusados de violaciones graves de los derechos humanos, delitos sexuales, narcotráfico, corrupción “máxime cuando –con la presente reforma- a las víctimas de estos crímenes se les coarta el derecho a ser tratados como iguales ante la ley y el derecho a acceder a la justicia en condiciones de igualdad e imparcialidad”
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