Estas denuncias han sido entregadas oficialmente al gobierno departamental, local, a la Procuraduría, Fiscalía, Defensoría y Personería, las respuestas entregadas, no satisfacen nuestras reclamaciones; pues se nota el poco interés de responder de una manera oportuna y efectiva las vulneraciones sistemáticas a derechos fundamentales que viene cometiendo la administración del Alcalde Enrique Vázquez y los Secretarios de Desarrollo Social Alexander Granados y el Secretario de Gobierno Juan Carlos Valencia.
Son frecuentes las violaciones a los derechos humanos por parte de la Alcaldía en contra de los habitantes de calle y de otras personas que hacen uso del espacio público, el cual siendo un derecho fundamental no puede ser desconocido por ninguna institución o individuo; no se pueden dictar actos administrativos o normas que tengan por objeto suprimir derechos y libertades fundamentales; a los habitantes de calle se les ha vulnerado todos sus derechos, se dan todas las formas de discriminación, estigmatización, persecución, se amenazan e intimidan, se les dan malos tratos y se ha atentado en contra de la integridad personal de estas personas; hay denuncias de los habitantes de la calle en la Personería, en la Procuraduría, Defensoría y organizaciones de derechos humanos, donde se demuestra las violaciones flagrantes a los derechos humanos, por parte de funcionarios de la Alcaldía y la Policía como son los siguientes casos:
• El tres de octubre de 2012 funcionarios de la Alcaldía y la Policía, intentaron desaparecer siete habitantes de calle, todos oriundos de Pereira, ese día en horas de la madrugada fueron recogidos y llevados a la UPJ que está a cargo de la Policía Nacional, allí les ofrecieron un pan con chocolate y parece ser que los drogaron y aparecieron horas más tarde en el municipio de la Pintada departamento de Antioquia; la policía de la Pintada, encontró estas personas en un paraje rural, inconscientes y fueron llevados al hospital donde fueron atendidos y se diagnostico que habían sido drogados; la Personería de la Pintada inicio las investigaciones pertinentes y se puso en contacto con la Personería de Pereira y la Defensoría Regional del Pueblo, donde se coordinó el retorno de estos siete habitantes de calle y el día cinco de octubre a las 11:00 PM fueron recibidos por el Personero, el Defensor y un fiscal de la URI para que rindieran las denuncias correspondientes.
• Las declaraciones dadas a los medios de comunicación por parte de estas personas, demuestra que hay un plan concebido de la Alcaldía y la Policía para sacar de manera ilegal a personas que prenotan en las calles de la ciudad, todos afirmaron que funcionarios de la Alcaldía y la Policía los recogieron en distintos sitios de la ciudad los llevaron a la UPJ, les dieron chocolate con pan y los durmieron.
• Llama la atención es lo bien planeado y concebido este plan para desaparecer personas. Los ponen a disposición de la policía y no aparecen en los registros, luego los duermen y los sacan en una buseta de color blanco y que parece pertenece a la Alcaldía. Esta situación se hizo pública por que las autoridades de la Pintada instauraron las respectivas denuncias.
• Desde principios de año las organizaciones de derechos humanos hemos venido denunciando el trato indigno y cruel que se les está dando a los habitantes de calle, También varios de ellos comentan “que hay otros compañeros que están desaparecidos, que fueron llevados al hogar de paso o a la UPJ y no se volvió a saber de ellos. Es posible que los hayan llevado a otras ciudades o no se sabe que paso”.
• Desde el 1 de febrero el Alcalde y el Secretario de Desarrollo Social, presentaron un proyecto de acuerdo al Consejo que “restringe la pernoctada de personas en las calles, andenes, parques y otros espacios públicos del área urbana y rural del municipio de Pereira” fueron muchas las voces que advirtieron que este proyecto violaba la Constitución y la ley, la normatividad internacional, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Este proyecto fue negado por el Concejo municipal en dos oportunidades, tanto la Defensoría del Pueblo como la Personería, emitieron conceptos advirtiendo sobre la inconveniencia de aproar este proyecto, ya que violaba derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución.
• Es muy grave que desde que presentaron el Proyecto de Acuerdo el Alcalde Vázquez y el secretario de Desarrollo Social Alexander Granados, empezaran a ejecutarlo como si hubiera sido aprobado, demostrando un desprecio absoluto por nuestro ordenamiento jurídico, violando flagrantemente los derechos humanos de personas que pernoctan en los espacios públicos del municipio ya que son “conducidos” o detenidos y llevados a la UPJ.
Todo parecer indicar que el interés primordial de la Administración era firmar un contrato con un operador privado que según el Objeto era “conducir a los habitantes de calle al Hogar de Paso y Albergues Temporales ya que habían sido dispuestos y adecuados con los elementos necesarios y el personal adecuado y competente para brindarles una atención básica que dignifique la vida de estos usuarios”. Llama la atención como se gastaron 400 millones sin tener los albergues temporales ni el personal idóneo. De acuerdo con declaraciones de habitantes de calle solo les dan un café con pan o chocolate y son llevados a la UPJ.
Es inaceptable los abusos y las violaciones a los derechos humanos que continúan y que hemos puesto en conocimiento de la Procuraduría, La Defensoría y Personería sin que hayan actuado como son los siguientes casos.
– El día 12 de julio algunos habitantes de calle informaron a la Corporación PAES que siendo las tres de la madrugada, funcionarios de la Alcaldía y la Policía les dieron malos tratos y llegaron con los bomberos les tiraron agua y mojaron sus pocas pertenencias, después llega un camión de la empresa de Aseo y las recoge. Posteriormente son obligados a subir a un vehículo tipo camioneta, les dan vueltas por la ciudad llevándolos a sitios oscuros y desolados amenazándolos con matarlos. Luego los dejan en las afueras de la ciudad y les dicen “que la próxima vez que los encuentren no tendrán la misma suerte”. El día trece de julio con acompañamiento de la Corporación PAES una de estas personas declaró en la Procuraduría Provincial lo que les había pasado.
– El 27 de septiembre el señor Albeiro Andrés Sánchez que es desplazado e invalido se encontraba en las afueras del Banco Davivienda, esperando un familiar que estaba haciendo un trámite, de repente llegaron los funcionarios de la Secretaria de Desarrollo Social con la policía y sin mediar palabra lo subieron a una camioneta, sin tener en cuenta su condición, varias personas les reclamaron por tanto abuso y se llevaron este invalido para la UPJ. Donde lo trataron como un Habitante de calle, no lo dejaron hacer una llamada a su familia, luego de varias horas de estar detenido en la UPJ, dizque por ser habitante de calle, sus familiares lo encontraron y denunciaron este atropello a la defensoría del Pueblo y la Procuraduría. Las organizaciones de víctimas, protestaron por la violación de los derechos de este desplazado y también instauraron las denuncias correspondientes.
Es muy grave que la Alcaldía este adelantando estos operativos por fuera de la ley, ya que el proyecto de acuerdo de restringir la pernoctada de personas en los espacios públicos no había sido aprobado. Ante la evidencia de la ilegalidad como venían actuando los funcionarios y la Policía, el Alcalde promulgo el decreto 716 de septiembre 14 de 2012 que prohíbe la pernoctada de personas en los espacios públicos del municipio” proyecto que ya había sido negado por el Concejo por inconstitucional.
Por todo lo anterior solicitamos:
1) La intervención inmediata de la Procuraduría, para que se suspenda temporalmente el decreto 716 de septiembre 14 de 2012, de conformidad con el artículo 277 de la Constitución, numerales 1,2 y 5, el articulo 7 y 24 del decreto 262 del 2000 y las resoluciones 490 de 2008 y 316 del 2009 a Sí como la directiva 012 de la Procuraduría General de la Nación. Que la Procuraduría tiene la facultad de intervenir, emitir órdenes y directivas cuando sea evidente la violación a los derechos humanos, a la Constitución y a la ley.
2) Se investigue penal y disciplinariamente la conducta de funcionarios de la Alcaldía y la Policía, así como al secretario de Desarrollo Social Alexander Granados, al Secretario de Gobierno Juan Carlos Valencia por violaciones a los derechos humanos de habitantes de calle e incurrir en un delito contra la libertad y otras garantías del Código Penal.
3) Exigimos la renuncia inmediata de los Secretarios de Gobierno y de Desarrollo Social por violar la constitución y los derechos humanos de la población más vulnerable.
4) Exigimos Garantías y protección para los líderes y defensores de derechos humanos que hemos venido denunciando las flagrantes violaciones a los derechos humanos que viene cometiendo la Administración del Alcalde Enrique Vásquez.
