Tras cinco años de vigencia de la Ley 975 de 2005, conocida como Justicia y Paz, Colombia no ha logrado estándares mínimos de justicia frente los múltiples crímenes cometidos por las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), dejando la puerta abierta a dolorosos episodios de impunidad. Asimismo, la vedad sobre el fenómeno paramilitar en el país continúa siendo fragmentada y poco sustancial y con el correr de los días aumenta la incertidumbre sobre los procesos de reparación a las víctimas de las Auc.
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