31 años, 6 meses y 23 días: Así fue el hallazgo de los restos óseos de Héctor Jaime Beltrán Fuentes
Uno de los desaparecidos del Palacio de Justicia

Martes 20 de junio de 2017, por Prensa - Colectivo

Después de 31 años, 6 meses y 23 días, el pasado 2 de junio la familia de uno de los desaparecidos forzados durante la retoma, la de Héctor Jaime Beltrán Fuentes: su madre, padre, hermanas y hermanos, su esposa y sus cuatro hijas, supieron que desde el 8 de noviembre de 1985 sus restos reposaban en el cementerio Jardines del Recuerdo en Barranquilla.

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El 6 y 7 de noviembre de 1985, un comando de 35 integrantes del M-19 se tomó las instalaciones donde funcionaban las Altas Cortes buscando realizar un juicio político al expresidente Belisario Betancourt, y el Estado respondió con un operativo de 2.000 integrantes de la fuerza pública, tanques y rockets, que terminó con la destrucción total de la sede de la rama judicial y la de cientos de archivos de investigaciones judiciales de la época. Estos hechos son conocidos por decisiones judiciales como la toma y la retoma del Palacio de Justicia.

30 años después, el 10 de diciembre de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. condenó al Estado colombiano por graves violaciones cometidas por sus agentes durante la retoma: torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, pero también por el incumplimiento en su deber de protección a las víctimas, dado el conocimiento previo que tenían las autoridades de la toma del Palacio.

Después de 31 años, 6 meses y 23 días, la familia de uno de los desaparecidos forzados durante la retoma, la de Héctor Jaime Beltrán Fuentes: su madre, padre, hermanas y hermanos, su esposa y sus cuatro hijas, supieron que desde el 8 de noviembre de 1985 sus restos reposaban en el cementerio Jardines del Recuerdo en Barranquilla. Y que allí durante todo ese tiempo, la familia Andrade fue a visitarlo pensando que se trataba de su padre, esposo, hijo, hermano, el magistrado auxiliar Julio Cesar Andrade.

Así terminó la incertidumbre, una parte del suplicio de la larga espera, como lo describió en su libro don Héctor Jaime Beltrán Parra, y la angustia de su esposa Pilar Navarrete de imaginárselo sufriendo durante muchos meses, torturado quizás en instalaciones militares como ocurrió en otros casos demostrados, pero sobre todo atormentado durante varios días por haberla dejado sola con sus hijas.

Esta es quizás la única certeza que les deja a estas familias el informe entregado el pasado viernes 2 de junio, cuando Medicina Legal les dio a conocer que la comparación del ADN de los padres de Jimmy, como le decía su familia, coincidía en un 99.99% por ciento con los restos óseos exhumados por petición de la familia Andrade, y que se encontraban calcinados e incompletos. También que se trató de un homicidio, que se encontró evidencia de un proyectil en el muslo izquierdo pero que, por el estado de incineración de los restos y el tiempo transcurrido, no es posible determinar las circunstancias exactas de la muerte.

Resalta en el informe el hecho de que el levantamiento del cadáver, realizado el 8 de noviembre de 1.985, indica que el cuerpo fue hallado junto a la cédula del magistrado Andrade en la plazoleta del Palacio de Justicia, lugar a donde no llegó el incendio provocado que destruyó las instalaciones del Palacio y calcinó los restos óseos entregados a las familias.

Por eso siguen abiertas las dudas que por años han rodeado la desaparición forzada de Héctor Jaime Beltrán Fuentes, uno de los 11 trabajadores de la Cafetería del Palacio de Justicia. La verdad de lo que pasó entonces, la justicia, y la reparación integral siguen siendo deudas del Estado colombiano con los familiares del Palacio. Una familia que sigue creciendo, de manera trágica, cada vez que un nuevo informe de Medicina Legal confirma que los restos de las víctimas mortales de ese holocausto fueron entregados a la familia equivocada o enterrados en una fosa común del Cementerio del Sur como ocurrió en el caso de Ana Rosa Castiblanco, parte de cuyos restos fueron hallados en la primera exhumación que se realizó gracias a la insistencia del abogado Eduardo Umaña Mendoza en 1998.

Después de años de la más absoluta inactividad judicial en el caso, y de 30 años de lucha de los familiares, a raíz del fallo que condenó al Estado colombiano, se logró que el caso tomara un nuevo impulso y se realizaran las exhumaciones que dieron como resultado que los restos mortales de Cristina del Pilar Guarín Cortés y Luz Mary Portella León también habían sido cuidados como propios por las familias de María Isabel Ferrer Velásquez y Libia Rincón, respectivamente, quienes ahora están desaparecidas.

¿Por qué están apareciendo los desaparecidos del Palacio de Justicia, muertos, asesinados, enterrados con otro nombre? ¿Por qué ahora hay nuevos desaparecidos?

La familia de Héctor Jaime Beltrán y el abogado Eduardo Carreño, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar, no tienen duda de la entera responsabilidad del Estado, en cabeza en ese momento del presidente de la República Belisario Betancur Cuartas, e incluye al alto mando militar de la época: el Ministro de la Defensa Miguel Vega Uribe, al Comandante General de las Fuerzas Militares, Rafael Samudio Molina, a los comandantes de Inteligencia Militar Iván Ramírez Quintero, y de Inteligencia de la Brigada XIII, Edilberto Sánchez Rubiano, así como al Comandante de esta Brigada, Jesús Armando Arias Cabrales, y al Comandante de la Escuela de Caballería y de la operación de retoma Alfonso Plazas Vega, recientemente absuelto por la Corte Suprema de Justicia pese a pruebas contundentes en su contra.

La responsabilidad del Estado comienza desde antes de la toma del Palacio de Justicia por parte de la guerrilla M19, anunciada para los organismos de inteligencia, incluyendo a la Policía y el DAS, los medios de comunicación y la opinión pública de la época, pese a lo cual el Estado no hizo nada para evitarlo.

La responsabilidad se extiende al tratamiento dado a los civiles que salieron con vida en manos de la fuerza pública durante el operativo de retoma, y que nunca volvieron a sus casas. Luego a la alteración de la escena del crimen, el incendio y posterior lavado de las instalaciones del Palacio, al manejo de los cuerpos al ser llevados a Medicina Legal y luego entregados a los familiares o depositados en una fosa en el Cementerio del Sur.

La responsabilidad del Estado también se expresa en el pacto de silencio que mantuvo el proceso penal detenido en el tiempo durante años, y hoy cuando la Fiscalía insiste en que su labor es “taparle la boca” a los familiares con los hallazgos de nuevos restos, como lo denuncia Pilar Navarrete o mostrar resultados, incluso filtrarlos ante los medios de comunicación, muchas veces sin que las familias se enteren primero, como ocurrió en el caso del magistrado Luis Emiro Sandoval, o como, por poco, ocurre con el caso de Héctor Jaime Beltrán.

Pero lo más grave, advierten, es que la Fiscalía General de la Nación lleva tres meses sin nombrar un fiscal que continúe con las tareas que le ordenó la Corte Interamericana al Estado colombiano, razón por la cual el pasado 16 de mayo el Cajar elevó una petición solicitándole el nombramiento respectivo y la integración del grupo de investigadores. Ante la nula respuesta, el 14 de junio la esposa de Héctor Jaime, con apoyo del Cajar interpuso una acción de tutela por violación a sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y al debido proceso, consagrados en los artículos 29 y 229 de la Constitución.

Las tareas pendientes de la Fiscalía en este caso no son pocas. En el caso de las desapariciones forzadas, afirma el abogado Eduardo Carreño, el fiscal que nombren tiene que resolver situaciones jurídicas de los militares que no han sido vinculados al proceso por estos hechos. También investigar las responsabilidades de todos los militares de la estructura jerárquica que actuó en el Palacio en relación con los homicidios de los guerrilleros que se demostró en el proceso que salieron con vida y luego fueron presentados como bajas en combate. De igual forma, debe investigar la totalidad de los crímenes cometidos dentro del Palacio para alterar la escena por ejemplo el incendio, la destrucción, la falsedad en documento público, etc.

En el caso del magistrado Carlos Horacio Urán, la Fiscalía tiene que resolverle la situación jurídica a los tres generales que están vinculados: Carlos Alberto Fracica Naranjo, Rafael Hernández López e Iván Ramírez Quintero, pero también tiene que resolver la vinculación de otros militares a estos hechos.

En el caso de la tortura, donde fueron vinculados 14 miembros de la Fuerza Pública, están suspendidas las indagatorias, entonces hay que continuar las diligencias y después la Fiscalía tiene que resolver la situación jurídica por 11 casos probados de tortura de funcionarios o visitantes ocasionales.

Adicionalmente, se tiene que identificar otros casos de personas que fueron desaparecidas en el Palacio de Justicia que no se sabe cómo entraron o ni en qué circunstancias fueron capturadas pero que hoy están desaparecidas como el caso de Rafael Salas, un funcionario de Telecom, o un trabajador de Valher.

También está pendiente el proceso de identificación de 56 restos óseos que están en poder de medicina legal y, mientras no se haga ese trabajo para confrontarlos con todos los ADN que se han tomado de los familiares, no se puede concluir si hay restos adicionales de los familiares ya identificados parcialmente o si se trata de otros cadáveres. Por supuesto, todos los actos correspondientes de entrega digna.

Y de igual forma, están pendientes los procesos que están en apelación en Sala Penal del Tribunal de Bogotá. Es el caso del general Iván Ramírez y de Coronel Sánchez Rubiano, o en la Corte, la casación que interpuso el general Arias Cabrales condenado por cinco de los 11 desapariciones forzadas de la cafetería del Palacio de Justicia.

La familia Beltrán seguirá luchando, junto con los demás familiares y las organizaciones acompañantes, para que el Estado cumpla a cabalidad la sentencia de la Corte Interamericana, en lo que tiene que ver con la verdad, la justicia y la reparación integral de todas las víctimas, que se ha convertido en un nuevo suplicio.

En agosto de 2015, el Colectivo José Alvear Restrepo, Cajar, presentó ante el Ministerio de Defensa las solicitudes para el cobro de las indemnizaciones de todos los casos que contempla el fallo, pero sólo un año después obtuvo respuestas del Ministerio ordenando realizar un nuevo trámite de sucesiones.

Finalmente, y al borde del incumplimiento de la Sentencia, las indemnizaciones se liquidaron de manera incorrecta lo que significó un fuerte pronunciamiento de la CIDH en febrero de 2017 “Corresponde al Estado adoptar las medidas de carácter interno que sean necesarias para cumplir con entregar los montos ordenados. Sin perjuicio de ello, la Comisión observa que el Estado debe garantizar tales indemnizaciones, de tal forma que debe asegurar que no resulten o se traduzcan en una carga adicional de carácter económico a las víctimas”.

Pero también en materia de salud las familias han tenido que soportar el incumplimiento de la atención gratuita y de calidad que ordenó la Corte. Para el padre de Héctor Jaime Beltrán este incumplimiento le significa gastar altas sumas de dinero en atención médica debido a su delicado estado de salud, razón por la cual recurrió a una acción de tutela para amparar este derecho que fue fallada a su favor.

El siguiente paso será la entrega digna de los restos de Héctor Jaime y esta será seguramente una ceremonia similar a las de Cristina del Pilar Guarín y Luz Mary Portella. Su familia por ahora está empezando a tramitar el duelo postergado. El primer homenaje, dice Pilar Navarrete, ha sido el amor con el que la familia Andrade cuidó sus restos, y un porta retrato con la foto de Jimmy que seguirá ocupando la sala de la casa de la familia Andrade por petición de la esposa del magistrado. Pilar, por su parte, en agradecimiento y por profunda convicción, ya convirtió en suya la causa de encontrar al magistrado Julio César Andrade.

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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