Arauca: Una región azotada por ejecuciones extrajudiciales

Viernes 3 de abril de 2009, por Humanidad Vigente

El carácter sistemático y generalizado de las ejecuciones extrajudiciales queda también expuesto en el presente informe de Humanidad Vigente. En efecto, aquí se detalla como en el periodo transcurrido bajo la vigencia de la Política de Seguridad Democrática, al menos 59 personas han sido víctimas de ejecuciones Arauca, constituyéndose este departamento en una de las regiones del país en donde esta práctica ha sido más dramática y extendida.

El carácter sistemático y generalizado de las ejecuciones extrajudiciales queda también expuesto en el presente informe de Humanidad Vigente. En efecto, aquí se detalla como en el periodo transcurrido bajo la vigencia de la Política de Seguridad Democrática, al menos 59 personas han sido víctimas de ejecuciones Arauca, constituyéndose este departamento en una de las regiones del país en donde esta práctica ha sido más dramática y extendida.

Ejecuciones Extrajudiciales en Arauca

Resulta preocupante constatar que los departamentos con mayor número de ejecuciones extrajudiciales directamente atribuibles a la Fuerza Pública son los departamentos en donde se desarrollan las principales acciones del Plan Colombia, el cual en su Fase II contempla como estrategia la denominada Doctrina de Acción Integral. En esta estrategia, las Fuerzas Armadas adquieren un papel preponderante en la ejecución de acciones de desarrollo social a través de la coordinación interagencial, en la cual distintas entidades civiles del orden nacional y local son puestas bajo la coordinación del Ministerio de Defensa y los denominados Centros de Coordinación de Acción Integral – CCAI, cuyas acciones cuentan con fondos de cooperación del Plan Colombia.

No deja de preocupar la coincidencia que se observa al constatar que, tomando en cuenta el número de víctimas por número de habitantes, se encuentra que
entre los 10 departamentos con mayores registros de ejecuciones extrajudiciales, 8 hacen parte de los departamentos seleccionados entre las 11 zonas prioritarias para el adelanto de dicha estrategia18.

En el Departamento de Arauca, la estrategia del CCAI se ha venido llevando a cabo en los municipios de Arauquita, Fortul, Saravena y Tame19, que cómo constata el presente informe de Humanidad Vigente, han constituido escenarios frecuentes donde líderes sociales y miembros de diversas organizaciones sociales han sido victimizados por acciones de la Fuerza Pública mediante distintas violaciones a sus derechos fundamentales que incluyen detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales entre otras.

Lo que queda en evidencia es que el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales tiene dimensiones mucho más graves que las denunciadas en el informe que aquí se presenta, en tanto en él sólo se da cuenta de las ejecuciones extrajudiciales que son de responsabilidad directa de la Fuerza Pública. La realidad es mucho más alarmante si se toman en consideración las ejecuciones extrajudiciales con responsabilidad por omisión o responsabilidad
indirecta de la Fuerza Pública, cuando esta responsabilidad se basa en la actuación de paramilitares que obran con consentimiento, tolerancia o complicidad por parte de agentes de seguridad del Estado. Recientes revelaciones de jefes paramilitares evidencian las dimensiones trágicas de esta realidad. En versión libre del mencionado Jefe Paramilitar, luego de señalar la ubicación de 100 de sus víctimas en el Departamento de Arauca, denunció que sus actuaciones fueron realizadas en alianzas con mandos de las Fuerzas Militares, la Policía y el DAS21.

Pero no sólo las instituciones de la Fuerza Pública tuvieron responsabilidad en la configuración de esta parainstitucionalidad. También alcaldes, concejales y congresistas han estado implicados en la configuración de estas alianzas criminales. Así, en las versiones libres rendidas por algunos jefes paramilitares, estos han acusado al propio gobernador anterior del Departamento, Julio Enrique Acosta, y al alcalde de Tame, Alfredo Guzmán Tafur, de haber forjado la alianza que permitió la consolidación paramilitar en el Departamento en los últimos años22. En el marco de estas versiones libres se acusó también al gobernador Julio Enrique Acosta de haber ordenado cometer masacres y asesinatos en dicho departamento, en las cuales habrían muerto 50 personas de una lista ordenada por él, en la cual se señalaba a las personas que fueron asesinadas como presuntos miembros de la guerrilla23, denunciando además que el propio gobernador tenía mando sobre el bloque paramilitar con dominio en la región24.

El Departamento de Arauca es tal vez una de las regiones en donde la combinación de las formas legales e ilegales de la dominación política y el control social sobre la población se evidencia en una configuración estatal de rasgos claramente autoritarios y criminales. Lo que el presente informe de Humanidad Vigente muestra es que este paraestado no sólo es funcional sino que se ha convertido en instrumento de una fase de acumulación originaria basada en el despojo violento de las tierras y la captura de las entidades estatales y las rentas públicas.

Las modalidades propias con las cuales las élites del poder económico y político han conducido el proceso de inserción de la economía colombiana en la economía internacional han generado la aparición de nuevas tensiones económicas y nuevos conflictos sociales. Estos conflictos se han generado como consecuencia de la resignificación del valor estratégico de los territorios, que se agudiza en aquellas regiones que por sus recursos o por su ubicación son percibidas como claves para las estrategias de valorización y acumulación del capital, por su proyección para los negocios vinculados a los mercados transnacionales, como los relacionados con el biocomercio, los agrocombustibles, los recursos energéticos o los megaproyectos infraestructurales.

Informe completo
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Aportes a la Verdad 1: Arauca Ejecuciones Extrajudiciales 2002, 2008

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José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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