Aspersiones aéreas y un Estado que no garantiza los derechos
Columnas Pulzo

Alejados de los debates de los tecnócratas, y lo que se podría definir como intensos debates entre si es malo o no asperjar con glifosato.

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Y entre las confusiones que genera que unos digan que tomar glifosato no hace daño, sabiendo que lo que se asperja no es solo glifosato, sino un compuesto, y los que dicen que está comprobadísimo que sí afecta la salud de humanos y animales, que afecta el ecosistema, las fuentes de agua; lo que en este momento se está viviendo en varios territorios de nuestro país, es el miedo.

Entre los debates jurídicos, científicos y técnicos, se van diluyendo las realidades de quienes ya conocieron el terror de escuchar el ruido de las hélices de las avionetas, se diluye la impresión, expresada en demandas, tutelas y reclamos, de ver cómo en cuestión de pocas horas los cultivos se secan, la impotencia porque nadie atiende a la preocupación, de que incluso, en los años de las pasadas aspersiones, las avionetas no asperjaban únicamente los cultivos de coca y desde Nariño hasta el sur de Bolívar, Putumayo o el Catatumbo, la gente cuenta cómo el temido líquido caía sobre los cultivos de cacao, de plátano, del chiro, y de los cultivos de pancoger.

Vuelve el temor y un proceso de revictimización profundo, vuelve y se revive la gran incertidumbre de que este Estado no resolvió, sobre las muertes de niños en el Cauca unos días después de que el territorio asperjado, pues jugaban fuera de sus casas cuando pasaron las avionetas o cuando tomaron agua de las fuentes contaminadas por el glifosato. Incertidumbre no resuelta porque la Fiscalía decidió archivar las denuncias realizadas.

Los habitantes de las comunidades asperjadas hace varios años, de diferentes formas han expresado lo vivido y han querido ser escuchadas. Para contar cómo las mujeres abortaban, cómo encontraban los animales muertos, cómo quedaron endeudadas con los bancos que habían otorgado los préstamos de los proyectos productivos, sería interesante preguntarle, por ejemplo al Banco Agrario, cuántas cartas del campesinado recibió informando la tragedia de la muerte de los cultivos y el no poder pagar las cuotas, cuántos se encuentran reportados en Datacrédito y con sus casos en oficinas de cobranzas, pero este Gobierno no escucha, la sociedad citadina tampoco escucha.

Salta a la vista la insensibilidad, el desprecio, el engaño repetido y constante, la incapacidad para experimentar sentimientos de culpa, de la falta de soberanía, de quienes insisten en que el problema de los cultivos de uso ilícito se resolverá con las aspersiones áreas, cuando está más que demostrado que es un política fracasada.

Las comunidades se preguntan ¿cómo creer en protocolos, formas y buenas prácticas por parte de un Gobierno que ha demostrado su afán ciego en reactivar las aspersiones a toda costa? ¿Cómo confiar en un Gobierno que como lo advierten las comunidades se niega a reconocer los daños ya causados’

Y vuelve y se repite una historia triste para Colombia y se requiere y está vigente la necesidad urgente de sensibilización social sobre el tema, identificar los efectos de la ejecución de un nuevo plan de aspersiones en el terreno, político, económico y militar; evidenciar quiénes son los verdaderos beneficiarios y quiénes los reales perjudicados con su implementación. Ahora más que nunca se necesita fortalecer las conciencias y rodear a las múltiples comunidades y organizaciones de base que están dispuestas a ofrecer toda su energía en la búsqueda permanente de soluciones estructurales a problemas estructurales; y esta es la razón por las cuales estas comunidades deben ser escuchadas y apoyadas para que cuenten con una verdadera participación, un derecho que corresponde y que ha sido reconocido por la Corte Constitucional.

Sin esa participación real y efectiva todo procedimiento y actuación estatal estará dirigida al fracaso, a la vulneración extrema de los derechos humanos y del ambiente, a ser ilegítima e ilegal.

Por lo anterior y muchas razones más, múltiples comunidades y organizaciones defensoras de los derechos humanos y del territorio rechazan las actuaciones del gobierno y de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, y su pretensión de llevar a cabo audiencias virtuales; en ese sentido se espera que la decisión adoptada por el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Pasto, de suspender dicha audiencia se mantenga en firme y se resuelva de fondo la necesidad de la participación efectiva en tan importante y trascendental tema.

“Estoy realmente perplejo. Esto es una epidemia. Desde la fumigación de los campos del Resguardo Indígena de Aponte, el 80% de los niños de la comunidad han caído enfermos”. Señala a los pacientes en su registro: “Esto es un drama médico: Erupción, fiebre, diarrea e infecciones oculares. Comenzó después de fumigar, porque antes de esa época sólo cerca del 10% de los niños estaban enfermos con las enfermedades normales como gripa o paperas”: José Tordecilla, médico Centro de Salud de Aponte, Nariño.

*Tomado del artículo “Enloquecidos por la piquiña” Medio NCR Handelsblad, Holanda. Fecha de publicación 28 de diciembre de 2000. Autor Marjon van Royen.

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José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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