Aspersiones con glifosato, la torpeza de insistir en una política fracasada

Viernes 15 de marzo de 2019, por Prensa - Colectivo

Insistimos en la necesidad, el deber y la obligación del Estado en escuchar a las comunidades, en cumplirles lo pactado e incluso en pensar cómo hacer desarrollo alternativo para sustituir cultivos.

Derecho a un ambiente sano | Destrucción ambiental | Derecho a la salud | Derechos Económicos, Sociales y Culturales | Campesinos | Ambientalistas |

Comunicado

Bogotá, D.C., 13 de marzo de 2019. El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Iván Duque y el Fiscal General de la Nación, están pidiendo a gritos que la Corte Constitucional flexibilice y modere los términos de la sentencia T-236 de 2017, y que vuelvan las aspersiones aéreas con glifosato, argumentando el significativo aumento de los cultivos de uso ilícito en el país.

El pasado 7 de marzo, la Corte Constitucional convocó a una audiencia pública que se desarrolló bajo cuatro ejes temáticos i) Los riesgos relacionados con la aspersión con glifosato en la salud de las personas, ii) Afectaciones al ambiente, la naturaleza, las fuentes de agua, la vegetación y los animales, iii) Seguridad y defensa y iv) Cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de solución al problema de los cultivos ilícitos y la construcción de paz.

Representantes del Gobierno no tuvieron los elementos para dar respuesta a las preguntas formuladas por los y las magistradas de la Corte, quienes identificaron serias contradicciones y un asomo de mentira en datos y cifras.

Pero llamó significativamente la atención la presentación de dos de los científicos convocados a intervenir, Keith R. Solomon, profesor Emérito de la facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guelph y David Eastmond, miembro del comité de evaluación química EPA de los Estados Unidos de Norteamérica.

El primero refirió que ha acompañado planes y desarrollado trabajo investigativo en varios departamentos del país y señala enfáticamente que no se había presentado ningún tipo de daño por los periodos de aspersiones aéreas con glifosato. Frente a esto nos preguntamos si desconoce el proceso adelantado por los daños generados en el vecino país del Ecuador, una conciliación que costó 17 millones de dólares; también desconoce en estas intervenciones las condenas proferidas por el Consejo de Estado, sentencias que reconocen los daños y, sobretodo, las afectaciones a los cultivos de pancoger.

En el 2012, la acción promovida por el Consejo Comunitario de Novita - Chocó, había señalado: “En suma, hay evidencia fuerte para sostener que la aspersión con glifosato, tal como es usada para controlar la coca en Colombia, no causó daño a terceros en el país o en el municipio de Nóvita, Chocó.”

Pero al contrario la voz del presidente del Consejo Comunitario de Novita, se hizo sentir, cuando advirtió que al día de hoy no están superadas todas las afectaciones por las aspersiones.

De otra parte, David Eastmond manifestó que los estudios realizados demuestran que el glifosato puede representar problemas solo si se está hablando de exposición a grandes cantidades.

Esto en contravía de lo manifestado por el científico e investigador Christopher J. Portier , quién presentó a la Corte la posibilidad de utilizar herramientas para evaluar la rigurosidad de los estudios presentados y señaló cómo a través de experimentos con ratones se ha logrado demostrar los nocivos efectos del glifosato, en cualquiera de sus presentaciones y el alto nivel de riesgo del pesticida.

Otras exposiciones fueron más que certeras y puntuales en advertir lo nefasto que sería regresar a una política de aspersiones con glifosato, como las de Liliam Eugenia Gómez Álvarez. PhD. Eco-Etología ; las del profesor Mario Esteban Hernández Álvarez de la Universidad Nacional de Colombia , las de los ex ministros de salud Alejandro Gaviria, Director del Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe - Universidad de los Andes y Camilo González Posso, Presidente de Indepaz, Director Observatorio Cultivos de Uso Ilícito.

El expresidente de Colombia Juan Manuel Santos, hoy miembro del Comisión Global de Política de Drogas, admitió que, siendo ministro de defensa, se había ejecutado el plan de fumigación de miles de hectáreas de coca y que en efecto había sido una política fracasada; sorpresivamente advirtió que la solución al problema de las drogas es la legalización, pero que como esto todavía no será posible entonces recomendaba seguir con los planes de sustitución voluntaria.

La exposición del Gobernador de Nariño, Camilo Romero, se llevó todos los aplausos en las salas anexas, contundentemente y de manera clara el Gobernador se acercó al punto del asunto: los narcotraficantes han brindado a la gente y a las comunidades lo que el Estado no.

En suma, existen evidentes contradicciones y dudas sobre cuáles son los estudios científicos e investigaciones que resuelvan la controversia y la gran inquietud, sobre si las aspersiones aéreas generan o no afectaciones y daños en la salud de las personas, el ambiente, la naturaleza, las fuentes de agua, la vegetación y los animales.

El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” –Cajar, ha podido, desde el acompañamiento de comunidades campesinas e indígenas, corroborar que la realidad supera los embates científicos al respecto. Nos encontramos frente a la existencia de dos políticas absolutamente contrarias a través de las cuales se pretende abordar el problema de los cultivos de uso ilícito, por un lado una política pública que surge de los acuerdos para la paz desde los que se plantean 3 pilares fundamentales: la sustitución y tránsito a la legalidad de las personas y comunidades cultivadoras, la necesidad de abordar el problema del consumo de drogas ilícitas con un enfoque de salud pública y el de combatir el narcotráfico.

Una política pública razonable, de concertación, que permitiría que el Estado Colombiano iniciara ese acercamiento básico con las comunidades, que ha dejado en el olvido hace décadas, donde claramente en razón a su abandono la coca hizo las veces de Estado, como escuchamos en alguna oportunidad: la coca supo ocupar ese lugar dando educación, trabajo, salud y supliendo las necesidades básicas que el Estado no cumplió; una política que sería el inicio para un diálogo sincero y en la que muchos han creído, de esto hablan las cifras, el número de familias que voluntariamente han firmado los Acuerdos para la sustitución, pero parece que el Estado Colombiano no aprende de los históricos desaciertos y errores que ha cometido, y en lugar de sostener, proteger y agarrarse con todas las fuerzas de una oportunidad, parece que pretende desecharla, traicionarla y repetir los errores que lo hacen un Estado absolutamente inviable, comunidades enteras le están y pretenden cumplirle al Estado colombiano en una de las más grandes apuestas contra las drogas.

Pero, por otra parte, encontramos una política pública violenta, de erradicación forzada, de las fumigaciones con glifosato, que es contrario a las decisiones judiciales emitidas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado y al principio de precaución y prevención, no creemos que el riesgo y las probabilidades de daños con las aspersiones estén y puedan ser subsanados. Es esta una política de guerra química y tierra arrasada que producen hechos como los de la masacre de El Tandil, el 5 de octubre del 2017 en Tumaco, Nariño.

Una política que claramente responde a los intereses de los Estados Unidos –EEUU-, y se repite la historia de esa falta de soberanía, pues claramente es EEUU el que patrocina las fumigaciones y maneja los químicos; es este país el que quiere que se haga erradicación forzada y el que auspicia y respalda decretos como el que expidió el actual Gobierno para criminalizar a los jóvenes en las ciudades. Parece increíble que hoy haya que repetirnos preguntas como las que se hacía Eduardo Galeano, en Seré curioso:

"¿Con qué derecho los Estados Unidos actúan como policías de la droga en el mundo, si este país es el que compra más de la mitad de las drogas que se producen en el mundo? ¿Por qué entran y salen de Estados Unidos las avionetas de las drogas con tan asombrosa impunidad? ¿Por qué no libran los Estados Unidos una guerra contra sus propios bancos, que lavan buena parte de los dólares que las drogas generan? ¿Por qué la tecnología modernísima, que puede fotografiar una pulga en el horizonte, no puede detectar una avioneta que pasa ante la ventana?"

El Gobierno, los representantes de las entidades del Estado, tienen una gran responsabilidad de dar respuesta efectiva a las razones por las que están privilegiando una política pública de muerte; el hacer caso omiso a las situaciones presentadas les convierte en cómplices de los asesinos que hoy hacen que tengamos que contar día tras día más muertos.

Insistimos en la necesidad, el deber y la obligación del Estado en escuchar a las comunidades, en cumplirles lo pactado e incluso en pensar cómo hacer desarrollo alternativo para sustituir cultivos.

Nos encontramos con la torpeza y la estupidez que parece ser característica de muchos gobernantes y funcionarios, frente a la idea de las aspersiones y en general del uso del glifosato. Existen mil formas de descalificarlas, justamente, cuando en el año 2015 se suspendieron y ya se habían fumigado casi 2 millones de hectáreas y eso no sirvió para nada. Es una política fracasada cuando informes y debates internacionales de las grandes potencias, ya han advertido sobre los efectos.

Pero son las voces de las comunidades campesinas e indígenas afectadas por las fumigaciones las que deberían tener prioridad en los debates y discusiones, por lo que nos permitimos compartir el escrito radicado ante la Corte Constitucional, por la Asociación de Pequeños Agricultores de Cacao del Sur de Bolívar - ASOCAZUL, testimonio que supera cualquier tipo de debate:

Ver y descargar en PDF el Memorial de Asocazul a la Corte Constitucional:

Ver y descargar en PDF la intervención radicada, por el Cajar, ante la Corte Constitucional:

Ver y descargar en PDF el Comunicado:

Vea a continuación la Audiencia de sustitución de cultivos de uso ilícito, realizada en el Congreso, previa a la de la Corte Constitucional.

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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