EL DESPLAZAMIENTO NO PARA
(Colombia) (Autor:CODHES)

Martes 2 de enero de 2007, por Prensa - Colectivo

Otras 63.117 personas fueron desplazadas en Colombia durante el tercer trimestre de 2006, lo que indica que en los primeros nueve meses del año alrededor de 172.216 colombianos y colombianas (en promedio 637 por día) fueron víctimas de este delito, que sigue caracterizando la crisis humanitaria que persiste en el país en el marco del conflicto armado.

“Con la desmovilización del Élmer Cárdenas, podemos dar por terminado el proceso de desmovilización de las autodefensas y anunciarle entonces al país y al mundo, que las autodefensas y el paramilitarismo son una cosa del pasado”.
Luis Carlos Restrepo
Alto Comisionado de Paz
28 de marzo de 2006

Otras 63.117 personas fueron desplazadas en Colombia durante el tercer trimestre de 2006, lo que indica que en los primeros nueve meses del año alrededor de 172.216 colombianos y colombianas (en promedio 637 por día) fueron víctimas de este delito, que sigue caracterizando la crisis humanitaria que persiste en el país en el marco del conflicto armado.

Según el Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos SISDHES de CODHES, del total de población desplazada entre julio y septiembre de 2006, por lo menos 12.701 personas huyeron de manera colectiva (lo que consolida la creciente tendencia de éxodos en 2006), alrededor de 1.758 corresponden a pueblos indígenas y 495 a comunidades afro colombianas. Las zonas de expulsión coinciden con regiones en las que prevalecen el control armado y las acciones intimidatorias de grupos paramilitares, ocurren combates entre grupos guerrilleros y Fuerza Pública, hay fumigaciones de cultivos de uso ilícito, se realizan detenciones masivas y se reactivan amenazas y formas de presión contra la población civil por parte de grupos guerrilleros.

Según el testimonio de las víctimas, el desplazamiento forzado no para en Colombia y el anuncio oficial del fin del paramilitarismo como consecuencia de la desmovilización de 31.671 de los integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, no necesariamente significó un alivio para la población civil. Así ocurrió en aquellos lugares en los que se rearmaron estructuras narco-paramilitares, surgieron nuevos grupos (CODHES constató la existencia de 36 nuevos grupos paramilitares en 22 departamentos del país), continuaron operando aquellos que jamás se desmovilizaron o, siguieron delinquiendo algunos desmovilizados, vinculados a cooperativas de seguridad o redes de informantes.

Para las personas desplazadas es evidente que no todos los paramilitares se desmovilizaron, no todos los que se desmovilizaron están cumpliendo y que el anuncio oficial de la desmovilización de las AUC no significó el fin del paramilitarismo en Colombia .

Por supuesto que en este tercer trimestre se mantienen algunos signos alentadores y positivos de reducción de algunos índices de violencia, sobre todo en casos de homicidios y secuestros. Sin embargo, es imposible ocultar la persistencia de diversos factores que configuran una grave y no resuelta crisis humanitaria y derechos humanos asociados a la continuidad de la guerra interna que, lejos de superarse, se agudiza, con manifestaciones críticas de pérdida de vidas humanas, personas heridas, desplazadas, mutiladas, desaparecidas o detenidas en forma arbitraria, que involucra a los grupos armados ilegales y también, en forma creciente, a la Fuerza Pública y organismos del Estado como la Fiscalía General de la Nación.

El gobierno, en desarrollo de una cuestionada política de “seguridad democrática” insiste en involucrar civiles en el conflicto armado a través de la Red de Informantes, los soldados campesinos y el pago de recompensas en zonas de confrontación armada, además de promover capturas masivas que derivan en detenciones arbitrarias.

La situación en las fronteras, en especial la zona limítrofe con Ecuador, es crítica por las acciones de la guerrilla de las Farc, la presencia paramilitar, las fumigaciones de cultivos de uso ilícito y el flujo de solicitantes de refugio al vecino país. En los primeros nueve meses de 2006, un total de 7.372 personas solicitaron refugio en Ecuador (5.073) Venezuela (2.063) y Panamá (236), lo que indica que se mantiene la tendencia de afectación de la crisis humanitaria más allá de las fronteras.

El nuevo mandato del presidente Alvaro Uribe Vélez no presenta cambios sustanciales en la política oficial, a pesar de los llamados iniciales a un acuerdo con las Farc para la liberación de personas secuestradas a cambio de la libertad de guerrilleros presos y de propuestas de negociación que rápidamente sucumbieron en medio de extraños atentados y escándalos por los llamados “falsos positivos”.

Los tímidos avances con el Eln apenas advierten un posible escenario de negociación que podría ayudar a recuperar los espacios de diálogo y solución política y, sobre todo, a consolidar acuerdos humanitarios para que se reconozcan y respeten los derechos de la población civil, incluido el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y no repetición. Una iniciativa orientada a parar el desplazamiento mientras se supera la contienda armada y a asegurar un desminado humanitario, puede contribuir a una nueva fase del proceso, pensada en términos de construcción colectiva de soluciones de fondo a las causas del conflicto.

Otros aspectos que incidieron en el desplazamiento forzado durante el tercer trimestre de 2006 tienen relación con la política de fumigaciones de cultivos de uso ilícito que provocan la salida forzada de campesinos afectados por los operativos militares que siguen a la aspersión aérea. Estos desplazamientos afectan a los cultivadores de hoja de coca y también de cultivos lícitos, lo que crea situaciones críticas para la seguridad alimentaria.

Por último, emerge una tendencia preocupante de desplazamientos intraurbanos, como resultado de nuevas formas de violencia en las grandes ciudades. Esta violencia está asociada a milicias, bandas de traficantes de droga, pandillas y grupos dedicados a la eliminación física de personas, especialmente por su orientación sexual.

¿Un nuevo mapa de la guerra?

En el tercer trimestre de 2006 se registraron 135 combates, de los cuales 109 corresponden a enfrentamientos entre la Fuerza Pública y las Farc y muchos de éstos enfrentamientos ocurrieron fuera de la zona de operaciones del Plan Patriota. El informe del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia no da cuenta de combates entre Fuerza Pública y grupos paramilitares en este período.

Entre tanto, las víctimas de desplazamiento forzado dan testimonio del surgimiento de por lo menos 36 nuevos grupos armados en 22 departamentos del país, que, con excepción de las masacres, siguen el modus operandi tradicional de los paramilitares, es decir, asesinatos selectivos, amenazas contra la población civil, tráfico de drogas, relaciones con sectores políticos y permisividad y complicidad de miembros de la Fuerza Pública.

Si bien hay personas desmovilizadas que están cumpliendo con el proceso de reinserción a la vida civil, hay quienes se burlan de la desmovilización, otras que jamás se acogieron al proceso y otras más que están siendo reclutadas en nuevas estructuras, de tal manera que el paramilitarismo, como expresión de la defensa de intereses privados asociados a la tenencia de la tierra y al narcotráfico, sigue siendo una realidad nacional no superada.

La zona más crítica sigue siendo el cordón Pacífico que se extiende desde el departamento del Chocó hasta la zona costera del departamento de Nariño, en donde confluyen todos los actores del conflicto armado e impera una lógica de economía política de la guerra, estrechamente vinculada a la siembra y fumigación de cultivos de uso ilícito, procesamiento y tráfico de drogas, contrabando de armas e insumos químicos, explotación ilegal de territorios colectivos para imponer mono cultivos industriales y extracción de recursos naturales.

De otro lado, la presencia de grupos de las Farc en zonas de influencia paramilitar se ratificó en el tercer trimestre del año con acciones en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Cesar, Guajira, Norte de Santander y hay noticias de la reactivación de estructuras de ese grupo guerrillero en el departamento de Cundinamarca, escenario del mayor repliegue de este grupo ilegal en el marco de la ofensiva del primer gobierno del presidente Uribe.

A las guerrillas de las Farc y el Eln se atribuyen operaciones ofensivas contra la Fuerza Pública, atentados, secuestros y formas de presión, que muchas veces afectan con especial dureza a la población que no hace parte de las hostilidades militares con lo cual siguen siendo responsables de graves infracciones al derecho internacional humanitario.

En un marco contradictorio de guerra, acuerdos humanitarios y diálogos de paz, las guerrillas también son una realidad política y militar, con capacidad de articulación, mando y operatividad y, por supuesto, relaciones cada vez más evidentes con cultivos de uso ilícito y otros eslabones de la cadena del narcotráfico.
Las cifras no mienten

Según el Sistema de Información sobre Desplazamiento y Derechos Humanos de CODHES, durante el tercer trimestre del año 2006 (1 de julio al 30 de septiembre) en Colombia se desplazaron por situaciones conflicto armado interno alrededor de 63.117 personas que integran en promedio 14.026 hogares, asentados en 341 municipios de 30 departamentos del país. Entre enero y septiembre de 2006 fueron desplazadas alrededor de 175.216 personas que integran, en promedio 38.937 hogares, es decir 381 personas desplazadas por cada cien mil habitantes (Ver tabla No.1).

A las ciudades capitales llegaron alrededor de 29.271 personas, lo que representa el 47% sobre total nacional para el tercer trimestre del 2006, en donde las principales ciudades fueron Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Cúcuta, Florencia y Riohacha entre otras y sus áreas metropolitanas que se están convirtiendo en focos de hacinamiento, por estar cerca de las ciudades capitales. De otra parte municipios de San Juan Nepomuceno (Bolivar), Soledad (Atlántico), Soacha (Cundinamarca), Garzon, Pitalito (Huila), Puerto Asis (Putumayo), Apartadó (Antioquia), y Puerto Libertador (Córdoba), se mantienen dentro de los 50 primeros municipios que recibieron población desplazada con respecto al primer semestre del año.

El impacto del desplazamiento también se mide por el número de municipios de cada departamento afectados por la llegada de población desplazada. La lista la encabeza el departamento de Cundinamarca en donde se reportó la llegada de personas desplazadas a 42 de sus municipios, en un hecho significativo que sugiere situaciones de orden público internas o agravamiento de la confrontación armada en departamentos vecinos. Otros departamentos afectados son: Valle del Cauca (31 municipios), Huila (26 municipios), Norte de Santander (23 municipios), Santander (21 municipios), Córdoba (17 municipios) y Boyacá (16 municipios), entre otros.

Si bien el desplazamiento forzado interno durante el tercer trimestre de 2006 disminuyó en un 36% con respecto al mismo periodo del año 2005 (pasó de 99.338 a 63.117 personas), los hechos determinantes del destierro y el desarraigo persisten en las
zonas de expulsión, de tal manera que prolongan en forma crónica y sostenida la crisis humanitaria y de derechos humanos que plantea el desplazamiento. En esta contracción de la cifra también inciden situaciones como:

• Las amenazas de actores armados a la población desplazada para que no declare ante alguna autoridad competente
• La negativa de algunas autoridades para reconocer y registrar personas desplazadas por grupos paramilitares, bajo el argumento de que “en Colombia ya no hay paramilitarismo).
• La continuidad de formas de confinamiento de población civil y de bloqueos alimentarios en zonas de conflicto.
• La invisibilidad de desplazamientos intraurbanos y en zonas selváticas.

Vuelven los éxodos

La intensidad del conflicto y su degradación han sido, tradicionalmente, causa de desplazamientos masivos de población civil. De acuerdo con el Sistema de Información de CODHES por causas relacionadas al conflicto armado interno, durante el tercer trimestre del año 2006 se presentaron 12 eventos de desplazamientos masivos y multifamiliares que afectaron a por lo menos 12.701 personas, lo que representa un incremento con respecto al mismo período del año 2005 (10.380 personas). Esta población en situación de desplazamiento llegó a 17 municipios de siete regiones del país, algunas de ellas afectadas reiteradamente por violencia y desplazamiento.

Los departamentos más afectados por el fenómeno del desplazamiento masivo fueron Nariño con cuatro eventos masivos (2.095 personas), Chocó y Antioquia con dos casos respectivamente (1.515 y 3.014 personas) y los departamentos de Arauca (750 personas), Norte de Santander (327 personas), Caldas (4.000 personas) y Bolívar (1.000) con uno.

Los principales grupos armados responsables de los eventos masivos de desplazamiento forzado corresponden en primer lugar a acciones de la guerrilla de las Farc, las cuales generaron cuatro éxodos. Los combates entre Ejército - Farc ocasionaron tres eventos; enfrentamientos Farc - Auc uno, acciones directas atribuidas a las Auc contra la población civil causaron dos casos y dos éxodos más fueron ocasionados por violaciones a Derechos Humanos que comprometen a la Fuerza Pública, según la denuncia formulada por las comunidades afectadas.

Líos en el vecindario

En un contexto político de cambio, Colombia emerge como un país en contravía de la agenda de la mayoría de países de América Latina en temas como la seguridad, los Tratados de Libre Comercio, la lucha contra el narcotráfico y la integración. Algunos factores determinan esta posición un tanto aislada en la región:

Primer factor, la persistencia de un crónico y prolongado conflicto armado interno, que afecta territorio y poblaciones de países vecinos y, por la vía de las personas solicitantes de refugio, a otros países del mundo. En este contexto, la incapacidad del gobierno y la sociedad colombiana para superar este conflicto por la vía militar (el Plan Colombia y el Plan Patriota no ofrecen los resultados anunciados) o por la vía de la negociación política (hay mucha preocupación internacional por el proceso que se adelanta con los grupos paramilitares y poco entusiasmo frente a una mesa de negociación con el Eln). Así mismo, el escándalo vigente de la “parapolítica”, que salpica a los partidos de la coalición de gobierno y, particularmente a la canciller colombiana, parte de cuya familia es investigada por presunto nexos con grupos paramilitares.

Segundo factor, el alineamiento del gobierno colombiano frente a la estrategia antiterrorista y antidrogas del gobierno de los Estados Unidos y las acciones militares que implica esta política en las fronteras terrestres, incluida la fumigación de cultivos de uso ilícito.

Tercer factor, la inseguridad en las zonas de frontera en territorio colombiano. Pese a la militarización, se mantiene presencia de grupos guerrilleros (Farc-Eln), paramilitares (AUC y grupos emergentes) y delincuencia organizada de mafias de tráficos ilícitos (drogas, armas, insumos químicos, combustible, etc.) que generan una situación de inestabilidad y riego para los países vecinos.

Estos tres factores, entre otros, inciden en forma significativa en la política exterior de los vecinos (Ecuador, Venezuela, Panamá, Perú y Brasil), condiciona los procesos de integración regional y genera dudas y preocupaciones en la región .

Veamos algunos hechos que afectan las fronteras de Colombia:

Ecuador . Según las propias comunidades y voceros de la Pastoral Fronteriza que reúne jurisdicciones eclesiásticas de la Iglesia Católica, hay una grave situación de violencia contra pueblos indígenas en la frontera colombo ecuatoriana que se manifiesta en asesinatos, masacres, desapariciones, detenciones arbitrarias, señalamientos, amenazas, desplazamiento y refugio de las comunidades Awá, Cofanes, Sionas y Kichwa, en el marco de un conflicto armado que se prolonga y extiende en los departamentos colombianos de Nariño y Putumayo, con grave afectación a la población civil.

En el cordón fronterizo que separa la provincia de Esmeraldas con el municipio de Tumaco en el departamento colombiano de Nariño se registra una afectación desproporcionada, sistemática y continúa del conflicto armado en comunidades afro descendientes del pacífico colombiano que se manifiesta en diversas formas de violencia y en un flujo migratorio permanente en territorio colombiano que se amplía hacia territorio ecuatoriano.

Hay preocupación por el uso indebido del territorio ecuatoriano por parte de los actores armados enfrentados en Colombia y la irrupción de formas de desplazamiento forzado interno de nacionales ecuatorianos. Durante el trimestre julio-septiembre, se registraron denuncias del gobierno ecuatoriano por un aumento de la presencia de la Farc en los departamentos de Nariño y Putumayo con efectos directos en su territorio. Las autoridades ecuatorianas reportaron el hallazgo y desmantelamiento de campamentos, captura de guerrilleros y desmantelamiento de redes logísticas de apoyo a esa guerrilla.

El ministro de Defensa ecuatoriana, Oswaldo Jarrín, alertó sobre infiltraciones de grupos irregulares armados en tierras ecuatorianas “hay un incremento -de estas actividades del crimen organizado, y es evidente que se genera un ambiente de temor de que puedan existir desplazamientos internos”.

De acuerdo a un informe presentado por la policía ecuatoriana el 26 de julio año 2006 fueron ubicadas cinco bases ilegales en el sector de Santa Rosa de Cofanes, en la provincia de Sucumbíos al norte de Ecuador, destruidas 3.000 plantas de coca y 55 libras de explosivos plásticos encontrados en el desarrollo de un operativo "Limpieza dos" con la participación de 1.200 militares en la frontera norte.

En este mismo sector en enfrentamientos entre la fuerza policial ecuatoriana y la guerrilla colombiana, dejó un muerto, según el ministro de Defensa ecuatoriano, el fallecido pertenecía supuestamente a un grupo armado de Colombia, que había cruzado el límite.

Estos asuntos de seguridad nacional deben ser tratados por la Comisión Binacional de Frontera (Combifron), integrada por los mandos militares y de Inteligencia de ambos países . Pero una fuente de la cancillería ecuatoriana indicó que en este caso no es posible aplicar la denominada “cartilla de seguridad”, debido a que no se trata de un incidente entre los dos ejércitos (como en las incursiones aéreas colombianas), sino del Ejército de Ecuador con presuntos grupos insurgentes.

En respuesta el gobierno ecuatoriano reforzó el control militar en su frontera con Colombia. Según el Ministro de Defensa el plan incluye la reducción de varias unidades y el cierre de quince destacamentos y campamentos ubicados en la frontera con Perú para reubicarlos en la frontera norte, así como la creación de un Viceministerio de Defensa liderado por un civil, para atender estos asuntos.

El ministro aceptó que la reubicación de los destacamentos y campamentos del Sur tiene como objetivo fortalecer el control en la frontera norte con Colombia. El ministro indicó que "debido a las condiciones actuales y al surgimiento de nuevas amenazas a la seguridad exterior, ahora el problema de seguridad se debe entender como algo multidimensional". En el momento cuidan la frontera colombo-ecuatoriana unos 10.000 efectivos a un costo anual de 28 millones de dólares.

Estas circunstancias alimentan nuevas formas de estigmatización y xenofobia contra la población colombiana asentada en el Ecuador que se convierte en otra forma de violación de sus derechos.

La crisis en las relaciones colombo ecuatoriana por la decisión del gobierno de reiniciar las fumigaciones aéreas de cultivos de uso ilícito en la zona de frontera, tiene como antecedentes diversos incidentes que involucran Fuerzas Militares y grupos irregulares en la zona de frontera.

Diversas organizaciones con asiento en la frontera advirtieron desde agosto de 2006 que a pesar de los anuncios oficiales y los acuerdos entre los gobiernos de Colombia y Ecuador, continúan las fumigaciones aéreas de cultivos de uso ilícito en la franja de diez kilómetros en la frontera colombiana, con graves consecuencias sociales y ambientales Queda claro para las comunidades afectadas en la frontera entre el departamento del Putumayo y la Provincia de Sucumbíos que esta estrategia de fumigaciones, así como el Plan Colombia no resuelven el problema del narcotráfico. El efecto contrario es la diseminación de cultivos y la fragmentación de carteles para satisfacer una demanda que persiste en los países afectados por el consumo.
VENEZUELA. La frontera común entre Colombia y Venezuela sigue registrando altos niveles de inseguridad generada por la guerrilla, el narcotráfico y la delincuencia según afirmó el embajador venezolano en Colombia Carlos Rodolfo Santiago.
“Lamentablemente, sobre todo en Táchira y Zulia, se ha incrementado el delito, los secuestros, el sicariato y se están tomando acciones con el fin de minimizar esto", dijo al concluir su misión de más de 4 años en Colombia .
Según versiones de la prensa venezolana, al tiempo que aumentaron los secuestros, surgieron nuevos grupos con otros nombres, al parecer escisiones del ELN y las FARC y la aparición del grupo venezolano Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL) y el aumento en presencia de grupos paramilitares.

Hasta 1995, los secuestros se registraban fundamentalmente en los estados fronterizos. En 1997 se extienden a Mérida, Guárico, Bolívar y Portuguesa y desde 1999 y hasta la fecha (2006), a todo el país. En la actualidad, Táchira es el estado con mayor número de secuestros, con 30% de los plagios, seguido por Zulia y Apure con 18% y 14% respectivamente.

El promedio de secuestros en la zona de frontera anualmente se mantiene por encima de 100 desde el año 1997 hasta el año 2006. Estas estadísticas fueron presentadas por Fedenaga, Fundación Libertad, Cicpc y Gaes (Grupo Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional). El 25% de las víctimas de secuestro ocurridas en los primeros nueve meses de 2006 fueron asesinadas. En 2005 se registró el asesinato de 6% de las personas secuestradas.

Fedenaga tiene informes de los productores sobre la presencia de grupos uniformados irregulares con armas largas transitando por esas zonas de frontera. Ellos denuncian que reciben la visita de éstos en las fincas para exigir el pago de vacunas. Hay zonas al sur de Táchira que son controladas por esos delincuentes, La Sierra de Perijá está bajo control de las FARC". Recientemente, en una asamblea en Machiques, los indígenas denunciaron que los guerrilleros armados los visitaban en los caseríos. Para atravesar la sierra se requieren de dos a tres días para llegar a Colombia. "Esa es una barrera natural que está en manos de la guerrilla”

Tráfico de armas, municiones y explosivos.

En la frontera con Ecuador se ha constituido en los últimos años, en uno de los puntos de mayor entrada ilegal de armas, municiones y explosivos con destino a las FARC principalmente. Han sido varias las ocasiones en que sectores del Ejército ecuatoriano, se han visto involucrados en el tráfico de armas de sus arsenales y armerías hacia las FARC, lo que ha suscitado investigaciones internas del Ministerio de Defensa de ese país.

La frontera amazónica entre Brasil, Colombia y Venezuela es escenario de un intenso tráfico de armas, drogas y oro para abastecer la guerrilla de las FARC y de los paramilitares colombianos, sostiene un informe de una comisión parlamentaria brasileña. "El tráfico de armas entre Brasil, Colombia y Venezuela es muy grande", dice el informe en un capítulo titulado "Conexión Brasil/Venezuela/Colombia".

"La guerrilla negocia libremente la droga en Colombia. Las armas son compradas directamente en Brasil y en Venezuela, a cambio de oro. Hay dos minas ilegales (garimpos) en Venezuela, la Siapa y la Acapana. El oro (allí) es vendido libremente", prosigue el documento. Además, los traficantes "usan el alto Río Negro para escapar de la persecución en el norte de Colombia, y entran a Venezuela pasando por (el estado brasileño) de Roraima". "Hay una posibilidad muy grande" de que las FARC tengan una actuación importante en zonas de Brasil "sin presencia del estado", dijo a la AFP el subrelator del informe, el diputado Luiz Couto, del oficialista Partido de los Trabajadores.

Operaciones militares y agudización del conflicto en departamentos fronterizos

• En el departamento de Putumayo el 8 de noviembre se registraron combates entre el Ejército y la guerrilla en el caso urbano de la vereda de Teteye, jurisdicción de Puerto Asís en donde resulto herido un maestro de escuela y fue destruido el establecimiento educativo. La comunidad teme por su seguridad ya que esta situación de violencia ha sido recurrente durante el transcurso del año.

• En el departamento de Norte de Santander persiste la situación de riesgo de las autoridades locales de Ocaña y Teorama y se extiende a seis municipios: EL Carmen, Convención, La playa de Belén, Hacari, El Tarra, San Calixto. Las Farc mantienen amenazas contra la población. Esta situación ha afectado la labor de las administraciones locales toda vez que los mandatarios no pueden gobernar por las presiones y el ambiente de amenazas en la región. Se produjo una emboscada de las FARC en una zona de la frontera con Venezuela dejó 17 militares muertos, en una nueva acción del grupo insurgente que pone en entredicho la eficacia de la política del presidente Alvaro Uribe de lucha frontal contra ese grupo.
• Crisis en Norte de Santander. Paro armado en zona del Catatumbo. Las FARC realizaron un paro de carácter indefinido en el mes de agosto. En jurisdicción de Petrólea, cuatro hombres armados interceptaron un vehículo de servicio público y obligaron a los ocupantes a que lo abandonaran y sacaran las pertenencias; luego le prendieron fuego. La acción se tomó supuestamente por “no hacer caso al paro armado”. Estos nuevos hechos se suman a la voladura de torres ocurrida el 12 de agosto en la carretera que comunica Ocaña con Tibú. El presidente Uribe realizará hoy un consejo de seguridad en la zona.
• Autoridades eclesiásticas de cinco municipios del Pacífico condenaron las acciones violentas de los grupos armados en contra de la población afrocolombiana e indígena. Los obispos de Tumaco, Guapi, Buenaventura, Istmina y Quibdó firmaron una carta donde sentaron su preocupación por los hechos del 12 de julio de 2006 cuando se registraron enfrentamientos de la Fuerza Pública con Guerrilleros en los resguardos indígenas del Pueblo Awa en Ricaurte-Nariño; al igual que los enfrentamientos entre guerrilleros de las FARC y paramilitares de las AUC del Bloque Elmer Cárdenas en territorios indígenas de Riosucio-Chocó. Por estas razones instó a la población civil que se mantenga en el ejercicio de la autonomía frente al conflicto armado; ala Fuerza Pública una mayor transparencia en su actuación; a los organismos de Control del Estado a que actúen pronta y diligentemente y a los grupos paramilitares que asuman con honestidad el proceso de desmovilización.
• En el departamento de Nariño continúa el desarrollo de operaciones militares en territorios indígenas, expansión de nuevos grupos paramilitares y enfrentamientos entre guerrillas, ejercito, guerrilla y nuevos grupos paramilitares.

Cultivos de uso ilícito y fumigaciones.

Las autoridades locales de la Provincia ecuatoriana de Sucumbíos acordaron entablar una demanda internacional en contra de los fabricantes de productos químicos utilizados para la fumigación en la frontera norte.De acuerdo al prefecto de Sucumbíos, Darwin Lozada, las fumigaciones han afectado a 20.000 habitantes del cordón fronterizo, además del suelo, la flora y los cultivos del sector. Ante esta problemática, el Consorcio de Consejos Provinciales (Concope) y varios representantes de las diferentes instituciones de la Federación de Organizaciones Fronterizas del Ecuador decidieron formular la demanda en el sur de La Florida, a través del bufete de abogados Conrad & Cherre, por daños ambientales en el cordón fronterizo

Durante el tercer trimestre de 2006, el prefecto de Sucumbíos, Darwin Lozada, y el presidente de la Federación de Organizaciones Campesinas del Cordón Fronterizo Ecuatoriano de Sucumbíos, Daniel Alarcón, denunciaron que el gobierno de Colombia volvió a fumigar en el límite de la frontera con Ecuador, a pesar de la suspensión acordada entre las cancillerías de ambos país en diciembre de 2005. Las autoridades ecuatorianas indicaron que estuvieron verificando la situación en la frontera y han escuchado las avionetas fumigando, los colonos de Puerto Nuevo han denunciado que los aviones están monitoreando la frontera. Se ha denunciado de la Comunidad Cinco de Agosto, Santa Marianita, Dieciocho de Noviembre.

Desplazamientos transfronterizos y refugiados

Por causa de la intensificación de la confrontación armada en zonas de fronteras y departamentos aledaños en territorio colombiano se ha incrementado de manera sostenida en los últimos años, el numero de colombianos que cruzan las fronteras escapando de las confrontaciones armadas entre los diferentes actores del conflicto para solicitare refugio en el vecino país o asumir una condición de indocumentados o migrantes irregulares.

En su mayoría son colombianos que han sido a)Señalados de ser simpatizantes o presuntos simpatizantes de las partes en conflicto, b)Ex miembros de partes en conflicto, c)Autoridades municipales y departamentales en ejercicio y retiradas, d) personas relacionadas con la administración de justicia, e) defensores de derechos humanos, f) lideres sindicales o individuos con un alto perfil comunitarios, g) periodistas, h) miembros de pueblos indígenas y afrocolombianos, i) niños soldados, j) grupos sociales marginales y k)Victimas de trata de personas.

En Ecuador, Panamá y Venezuela se encuentran colombianos en situación migratoria irregular, algunos de los cuales reúnen las condiciones de la definición de refugiado estipuladas en la Convención de 1951 y la definición ampliada de refugiado contemplada en la declaración de Cartagena de 1984 y ratificada en el Plan de Acción de México suscrito por los países de América Latina en el año 2004.

Estas personas son referidas por el Alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados como /personas de interés para el ACNUR/ en un hecho que ratifica su condición de personas que necesitan protección internacional porque están dentro de los parámetros establecido el Derechos Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Refugiados. Huyen de un conflicto armado interno, aunque no lo reconozcan, les de miedo enfrentar esa condición o pecan de ignorancia al no conocer el derecho de protección internacional del cual se benefician.

Un censo ignorado

Es muy difícil tener cifras consolidadas frente al número de colombianos que cruzan la frontera huyendo de la confrontación armada en Colombia. Varias organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos de Ecuador, Panamá y Venezuela cuentan con información fragmentada de acuerdo a las personas que atienden directamente o al monitoreo que realizan en algunas zonas de frontera donde tienen trabajo recurrente. Pero estos datos no son consolidados en el ámbito nacional.

ACNUR que como mandato debe garantizar los derechos y el bienestar de los refugiados hace lo posible para asegurarse de que cada uno de ellos pueda ejercer el derecho a solicitar asilo, encontrar un refugio seguro en otro país y regresar voluntariamente a su país de origen.

En este sentido presenta cifras de las personas que solicitan refugio formalmente ante el gobierno y esa institución. Esto significa que hay un alto subregistro en las zonas de frontera de las personas que necesitan de la protección internacional y se invisibilizan el los flujos migratorios mixtos.

La tendencia de la salida de colombianos hacia países vecinos ha ido en aumento en los últimos 6 años, pero cada vez es más difícil registrar el numero de colombianos que anualmente cruzan las fronteras terrestres porque 1) No hay sistemas de información consolidados y fuentes contrastadas, 2) las personas cruzan las fronteras terrestres en momentos críticos de confrontación armada pero una vez superada la situación vuelven a sus hogares sin haber registrado el desplazamiento transfronterizo ante ninguna institución, 3) las personas que cruzan fronteras no se registran como solicitantes de refugio, al contrario se quedan en una situación migratoria irregular por falta de conocimiento de los procedimientos para solicitar refugio y de los alcances de la protección internacional, por miedo a que continué la persecución en el lugar de recepción o por la presencia de actores armados ilegales en las zonas de frontera y en las comunidades receptoras de población colombiana.

De acuerdo a declaraciones de funcionarios de ACNUR en Ecuador en el año 2006, Es muy difícil saber exactamente cuanta gente ha cruzado la frontera. Esta oficina ha incrementado su presencia en la franja fronteriza, donde 85 nuevos casos fueron registrados durante el mes de octubre y 15 en las primeras semanas de noviembre solamente en un pueblo llamado Lita al norte de Ecuador. En este país el número de solicitantes de asilo registrados podría ser tan solo la punta del iceberg.”

En otros puntos de la frontera norte de Ecuador cada mes se registran más de 200 nuevos casos de solicitantes de asilo , las oficinas de ACNUR en terreno trabajan con el gobierno ecuatoriano para asegurar que las personas con necesidades de protección obtengan la ayuda a la que tienen derecho. Pero la necesidad más inmediata es ubicar las personas que no se acercan a solicitar refugio o que están muy lejos de las oficinas de terreno para hacerlo. Un ejemplo de esta situación sucede en Puerto El Carmen que dista a 4 horas de Lago Agrio, donde el ACNUR tiene una oficina y en otras comunidades de la zona se puede acceder únicamente por vía fluvial desde esta localidad.

El temor y la ignorancia se suman al aislamiento de las personas con mayores necesidades. Colombia se encuentra a pocos minutos de distancia y muchas personas aún están traumatizadas y atemorizadas que no quieren hablar, ni siquiera para buscar protección. Muchos no saben que, si fuera el caso, tendrían derecho a protección y asistencia. Un ejemplo de esto es el pequeño pueblo de Lurimagua, en Ecuador donde La gente no sabe solicitar refugio .

A pesar de los esfuerzos de los últimos gobiernos ecuatorianos en torno al problema de los refugiados colombianos en ese país, todavía no es un tema que tenga un buen recibimiento en la sociedad ecuatoriana y aunque este sea el estado de la región andina que mejor ha respondido en el tema todavía no se ve reflejado lo suficiente en los medios de comunicación ni en el trato hacia los refugiados. Guillermo Rovay, del Servicio Jesuita a Refugiados en Quito, señala que existe un miedo cada vez fuerte a los colombianos. "El ser colombiano se transforma en un estigma, dando lugar a veces a la xenofobia" y esta situación ha presionado a los refugiados aún más hacia los márgenes de la pobreza.

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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