“EL VALOR, LA LUCHA Y LA RESISTENCIA DE LAS COMUNIDADES NOS LLENAN DE ENERGIA PARA NO RENUNCIAR A NUESTROS SUEÑOS DONDE IMPERE LA IGUALDAD Y EL RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS"
(Colombia) (Autor: Agencia Prensa Rural)

Jueves 13 de julio de 2006, por Prensa - Colectivo

Entrevista realizada por la Agencia Prensa Rural a Soraya Gutiérrez Arguello, a raíz del último premio como defensora de derechos humanos otorgado por la la Asociación Americana de Abogados “ABA” y la mención al premio Front Line

Soraya Gutiérrez Argüello, (SGA): Nací en Sogamoso, una pequeña ciudad, ubicada en el Departamento de Boyacá, conocida como la ciudad del “sol y del Acero”, allí, curse mis primeros estudios, en el colegio Instituto Integrado “Joaquín González Camargo”. Posteriormente ingrese a la Universidad Nacional en Bogotá, a estudiar Derecho, y me hice abogada en el año de 1992, y fue precisamente allí, en la Universidad publica mas grande del país, donde hice mis primeros pinitos como defensora de derechos humanos, claro motivada por las enseñanzas que mi padres me habían inculcado, ya que mi madre fue una aguerrida dirigente sindical de la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), emprendedora y echada para adelante en la defensa de los derechos de los maestros, incluso recuerdo, que la sede de este Sindicato funcionó durante muchos años en la casa donde vivíamos, y mi padre por su parte, pese a que no tuvo acceso sino a la educación básica, se formó a punta de esfuerzo, disciplina y constancia , y desde las toldas liberales demócratas, alcanzó un escaño en el Concejo Municipal de Sogamoso y posteriormente como Diputado en la Asamblea Departamental de Boyacá, donde hasta el día de su muerte luchó por la defensa de los intereses del pueblo sogamoseño y boyacense. Hoy, 20 años después de su fallecimiento muchos lo recuerdan por su apodo “El Buchigay”, y a quien le debo el mayor de los homenajes; siempre es importante, hacer memoria de donde se viene, porque al final todos somos el resultado de una mezcla de historias que es fundamental rescatar como parte del derecho a ¡no olvidar!

Fue en la Universidad Nacional, donde empecé a vincularme en actividades estudiantiles, claro pertenecía a esa generación de estudiantes que ingresó después del proceso de privatización que se convertía en la punta de lanza para negarle el derecho a los estudiantes de provincia de escasos recursos de acceder a la “U”... a la Universidad publica; no era para menos, se habían desmontado la cafetería y residencias estudiantiles, y esto originó la organización de los estudiantes en grupos de trabajo y comités que empezaron a trabajar en la defensa de los intereses estudiantiles y la educación publica, y nosotros un grupo de estudiantes de derecho, decidimos fundar el Comité de Derechos Humanos de la Universidad Nacional, y desde este espacio, contribuir a denunciar y visibilizar ante la comunidad universitaria la grave situación de derechos humanos que enfrentaba el país, fue en este periodo, donde nuevos y más sanguinarios métodos de represión se instauraron como parte del terrorismo de Estado: las masacres de campesinos, la desaparición forzada, la tortura, el genocidio en contra de la Unión Patriótica, fueron los años de los asesinatos de Jaime Pardo Leal, profesor de la Facultad de derecho de la UN, José Antequera, Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo... en fin de la persecución y asesinatos de miles de lideres sociales, populares y defensores de derechos humanos; como jóvenes, creíamos que teníamos un compromiso de construir propuestas en la defensa de la vida, frente a un país que se estaba desmoronado ante la indiferencia de un grueso sector de la población, y fue a través del trabajo en el Comité, donde establecimos alianzas con muchas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos quienes nos apoyaron y aportaron en nuestro proceso de formación, entre ellos el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, que con Eduardo Umaña Mendoza, nos aportó con su experiencia en la defensa de los derechos humanos... Hoy no puedo dejar de reconocer que fue el Colectivo de Abogados, la organización que nos motivó a colocar la profesión al servicio de los intereses populares, y por ello, cuando terminé mi carrera, mi mayor anhelo era trabajar en esta institución. No era fácil, pero no cesé en mi empeño, pero tuve que esperar mas de un año, tiempo durante el cual regresé a mi tierra y trabaje en la Personería Municipal en el área de derechos humanos, hasta cuando finalmente abrieron la posibilidad de recibir abogados e inmediatamente me presenté, y fui vinculada en septiembre del año 1993, al lugar donde hoy permanezco, porque ha sido uno de los espacios que me ha aportado en lo que hoy soy y ha aportado en la lucha contra la impunidad y la defensa de los derechos de las victimas a la verdad, la justicia y la reparación integral

APR: Usted ha sido nominada por la Fundación Internacional para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Front Line, como posible galardonada con el premio a los Defensores de los Derechos Humanos en Riesgo. Cuéntenos ¿que significa para su labor este reconocimiento?

SG: Front Line es una organización de derechos humanos que actúa a nivel nacional frente a defensores de derechos humanos que se encuentran en riesgo en razón al ejercicio de su trabajo. A principios del año 2005, Front Line, inauguró un galardón anual o premio que se otorga a un defensor de derechos humanos que, mediante su labor no violenta, ha contribuido a la promoción de los derechos humanos. El objetivo del premio es exaltar la imagen internacional del defensor y así contribuir a su protección y apoyar su trabajo. En el año 2005 el premio fue otorgado al Dr. Mudawi Ibrahim Adam, Presidente de la Organización para el desarrollo social de Sudán, y en el año 2006, fueron nominados cuatro defensores de derechos humanos del mundo: de Túnez, Uzbekistán, Somalia y Colombia, y por Colombia yo fui nominada, pero más que un reconocimiento personal, es un reconocimiento al trabajo que día a día desarrollan las y los defensores de derechos humanos que en condiciones adversas de represión y persecución persisten en su trabajo por la defensa de la vida y los derechos de las victimas.

También esta nominación demuestra la preocupación de la comunidad internacional por la situación de las y los defensores de derechos humanos en Colombia, la cual es la más critica en todo el continente: durante este gobierno se han asesinado más defensores que en el periodo del presidente Andrés Pastrana, más de 45 han sido asesinados o desaparecidos, entre ellos más de diez mujeres; los defensores de los derechos colectivos, como son los sindicalistas, también han sido blanco de ataques. Según la Escuela Nacional Sindical (ENS), desde enero del 2002 a diciembre del 2005 han sido asesinados 339 sindicalistas, en solo el año 2005 fueron asesinados 70 y se han incrementado las amenazas y hostigamientos particularmente contra las mujeres sindicalizadas, y esta situación se ha agravado por los pronunciamientos oficiales que desde el alto gobierno se han efectuado para estigmatizar la labor que desarrollamos y vincularla con actividades “terroristas” y “comunismo disfrazado”, señalamientos estos que han hecho eco en los grupos paramilitares, quienes pese al llamado proceso de “desmovilización” que están adelantando, hoy es evidente la consolidación y control en los campos económico, político y social, y siguen cometiendo crímenes y violaciones a los derechos humanos contra la población civil, y emulando las palabras presidenciales vienen amenazando a lideres sociales y defensores de derechos humanos bajo el rotulo de “nuevas generaciones”.

Por estas, entre otras razones, esta nominación, así como el premio de abogada defensora de derechos humanos, otorgado en abril pasado por la Asociación Americana de letrados “ABA”, la más grande asociación de abogados de los EEUU, con más de 400 mil asociados y que provee entre otros aspectos la acreditación profesional, se constituyen en llamados de alerta de la comunidad internacional al gobierno nacional para que se pronuncie sobre la legitimidad y legalidad de nuestro trabajo y brinde las garantías para que podamos desarrollar nuestro trabajo que se constituye en fundamental y necesario para la construcción de la democracia y el Estado social de derecho.

APR: ¿Usted ha recibido amenazas contra su vida?

SG: Si, he recibido amenazas contra mi vida, en febrero del año 2002, cuando me movilizaba en uno de los vehículos asignados por el Programa de protección a defensores de derechos humanos del Ministerio del Interior, fui interceptada por un vehículo rojo del que descendieron varios hombres, quienes portando subametralladoras, me gritaban que bajara del carro, fue un momento muy difícil, en un minuto toda mi vida paso por mi mente, sin embargo, en una actitud que hoy no puedo explicar, acelere el carro y logre huir de los agresores, no sin antes recibir un impacto en el vidrio izquierdo del vehículo. Posteriormente recibí llamadas a mi casa y seguimientos a mi pequeña hija, lo que me obligó a abandonar el lugar donde vivía.

Las amenazas contra el Colectivo de Abogados han sido reiteradas: en sólo este gobierno se han presentado más de treinta actos de agresión contra miembros de la institución que van desde hostigamientos, seguimientos, robo de información, amenazas, las últimas a través de correo electrónico por las llamadas “autodefensas de nueva generación”.

En mayo del 2005, recibí nuevas amenazas: un paquete enviado a través de una empresa de mensajeria, llegó a mi residencia, en su interior había una caja envuelta en papel de regalo que contenía una muñeca descuartizada y quemada en su partes “intimas” y pintada con esmalte rojo en diferentes partes, incluida una cruz en su estomago y una nota que decía “usted tiene una familia muy linda no la sacrifique”. Esto me obligó a incrementar las medidas de seguridad, con las consecuencias que esta situación genera en el ámbito familiar y personal, y sobre todo el miedo y el terror, somos humanos, y somos vulnerables... trabajamos y luchamos por nuestros hijos, porque las futuras generaciones no crezcan en el olvido que quieren imponer los victimarios, porque las voces de las victimas a la memoria, a la verdad y a la justicia no sea acalladas en el terror autoritario que hoy pretende desarticular y condicionar cualquier opción de organización y reivindicación de los derechos. Sin embargo, el valor, la lucha y resistencia de las comunidades en las regiones, nos llenan de energías para no renunciar a nuestros sueños, a nuestra utopía de aportar a una Colombia donde impere la igualdad y el respeto por los derechos humanos.

APR: Actualmente se debate en el país las implicaciones de la ley 975 o de Justicia y Paz, conocida entre las organizaciones sociales como la Ley de Impunidad. ¿Cuál es la lectura que hace el colectivo de abogados de las implicaciones de la implementación de esta ley?

SG: Nosotros hemos señalado que la ley y en general el marco jurídico que ha sustentado el llamado proceso de “desmovilización”, han sido instrumentos mediante los cuales se ha legalizado miles de crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia. Un aspecto que es importante resaltar, es que este proceso no se puede llamar de “negociación”, porque la negociación se hace entre contradictores políticos y el paramilitarismo en Colombia, tal y como los demuestran innumerables procesos judiciales, informes de órganos interestatales de protección como la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, la Comisión Interamericana de derechos humanos, así como organizaciones internaciones de derechos humanos, ha sido una estrategia de terror y un instrumento de barbarie utilizado para cometer una guerra sucia y encubierta contra miles de colombianos, contando con ello con la complicidad de funcionarios del Estado, tanto civiles como militares a diferente nivel, tanto por acción, complicidad, tolerancia, aquiescencia, y omisión, y un aparato de justicia que ha garantizado la impunidad de sus crímenes.

Entonces desde esta perspectiva hemos cuestionado este proceso llamado “desmovilización”; porque no es un proceso que busca garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral, porque no es un proceso que esté contribuyendo al desmonte de las estructuras paramilitares, por el contrario, la consolidación y fortalecimiento que hoy pasa por las alianzas electorales y el copamiento de espacios locales, regionales y nacionales es indudable, porque continúan intactos sus nexos con la Fuerza publica y poderes económicos, y porque hoy están legalizando sus fortunas y bienes arrebatado a miles de familias desplazadas, porque este proceso está contribuyendo al surgimiento de un nuevo poder mafioso y paramilitar en Colombia.

Ahora la llamada ley de “Justicia y paz” es el punto culminante del proceso de impunidad que se inició desde el año 2002. La gran mayoría de paramilitares, más de 35 mil tienen resulta su situación legal, y gozando de los beneficios económicos, más de 498 mil millones de pesos ha invertido el gobierno nacional, mientras las victimas siguen sometidas al olvido y la exclusión. Si la mayoría de paramilitares ya se han acogido a los beneficios judiciales y económicos establecidos en la ley 782/02 y el decreto 128/03, y la llamada ley de “justicia y paz”, y/o ley 975/05 y su decreto reglamentario 4760/05, se aplicará a un 7% de los paramilitares, más o menos 2180 según el listado enviado por el Alto Comisionado para la Paz y 1690 que se encuentran privados de la libertad y que los cabecillas militares han presentado para que sean beneficiados de la ley. Y nosotros preguntamos ¿donde están los responsables de los mas de 14 mil crímenes cometidos por los paramilitares entre 1988 y el 2003? ¿O los más de tres mil crímenes que han cometido desde que se iniciaron las “negociaciones”?. ¿Dónde están las más de tres millones de hectáreas que han arrebatado a miles a millones de desplazados? ¿Donde están? En fin, todo esto, para indicar que en reiteradas oportunidades hemos manifestado, esta ley es complementaria y cierra un ciclo de impunidad, sin garantizar los derechos de las victimas, pese a los pronunciamientos de la Corte Constitucional que declaró inexequibles algunos de sus artículos.

Frente a este panorama de impunidad, junto con muchas organizaciones de victimas, sociales y de derechos humanos, entre otras hemos venido apoyando la construcción y el fortalecimiento de los procesos organizativos desde las victimas, construyendo propuestas jurídicas, políticas, de movilización, recuperación de la memoria en torno a la verdad, la justicia y la reparación. Hoy le llegó la hora al Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado. Hoy, ellos y ellas están dignificando la memoria y las luchas de los asesinados, de los torturados, de los desaparecidos, de los desplazados... Hoy están defendiendo sus derechos... el derecho de la sociedad colombiana a saber por qué se cometieron esos crímenes, cuales fueron los intereses políticos y económicos que los motivaron, quiénes fueron los responsables intelectuales y materiales, quiénes se beneficiaron de los crímenes... Cuáles fueron los daños que se ocasionaron a las familias, al tejido social y comunitario, en fin. Esa es la verdad que hoy claman a gritos los sectores victimizados por el accionar paramilitar para así desarticular esas estructuras de muerte y terror que promovieron los crímenes y garantizar que estos hechos nunca jamás se vuelvan a repetir... Este es el compromiso ético de todas y todos: aportar en la construcción de caminos de unidad y resistencia contra un régimen de olvido e impunidad que hoy se nos quiere imponer.

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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