El compromiso de la sociedad civil en el tema de la paz

Martes 1ro de diciembre de 2009, por Soraya Gutiérrez Arguello – Abogada CCajar

Hablar de los compromiso y retos de la sociedad civil en la construcción de la paz no puede hacerse de una manera aislada del contexto actual, por esta razón me voy a permitir presentar brevemente una ubicación del momento político en el cual nos encontramos y sus repercusiones en materia de PAZ. El actual contexto político internacional muestra con claridad que EU le apuesta a obtener el control estratégico sobre la región latinoamericana y a la intervención de acuerdo a sus interés políticos y económicos.

Víctimas del conflicto | Colombia |

Este control estratégico sobre la región se ha efectuado a través de varias vías.

1. El agresivo montaje de una política prohibicionista, en países que ha dado por caracterizar como productores de coca y donde despliega una presencia militar directa como en Colombia , a través del “Plan Colombia” de Pastrana, y luego la “Política de seguridad democrática” y la II fase del Plan Colombia, conocida como “Plan Patriota” que viene ejecutando el Presidente Álvaro Uribe Vélez.

2. La presencia norteamericana está fuertemente enlazada con los intereses económicos. En este marco deben entenderse por ejemplo:

ü El impulso de tratados de libre comercio multilaterales como el (ALCA) [1] o bilaterales como el TLC, que buscan la protección de las inversiones norteamericanas en la región, con miras a generar en el futuro un bloque económico respecto a Europa y Asia, frente a una pérdida de competitividad, es decir la denominada “Fortaleza América”, protegida por instrumentos bélicos y de orden público[2] como el Plan Colombia / plan patriota, la Iniciativa regional andina (IRA) y Plan Puebla Panamá[3].

ü El impulso de los megaproyectos de infraestructura y explotación de recursos naturales[4] y todas las medidas favorables a los intereses de las empresas transnacionales entre ellas su blindaje legal, para garantizar el éxito de estas políticas extractivas, y para esto resulta fundamental el control militar norteamericano en territorio latinoamericano, ya sea a través de sus fuerzas regulares, o a través de empresas de seguridad privada o mercenarios.

Los impactos de estas políticas sobre nuestros Estados, sociedades y particularmente las rurales serán: Quiebre total de la industria, pérdida de seguridad alimentaria y control sobre recursos, especialización en bienes primarios, dolarización como política monetaria (Ecuador, Panamá), entre otros aspectos

En contraposición a estos tratados que responden a los intereses del capital trasnacional y persiguen la liberalización absoluta del comercio de bienes y servicios e inversiones. Se ha venido generando desde el 2004 varios procesos, uno conocido como La Alternativa Bolivariana para América Latina y El Caribe (ALBA) [5] concebida como una propuesta de integración que pone el énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social . Esta iniciativa se constituye en un obstáculo a los intereses norteamericanos.

Así mismo, los Países de la Comunidad Sudamericana de Naciones, viene perfilando, a través de UNASUR, la definición de un sistema regional de aseguramiento que debería enfrentar, por la vía de la cooperación y la solidaridad entre los países del área, riesgos y amenazas que antes se resolvían mediante la confrontación y la disuasión.

En este contexto debe analizarse la situación colombiana, pues solo así es posible entender el creciente interés de los EU por nuestro país y las repercusiones que generara en materia de paz y seguridad para Colombia y la región.

Hoy Colombia está discutiendo con EU la firma de un acuerdo de cooperación que daría durante 10 años a las fuerzas estadounidenses un mayor acceso al espacio aéreo colombiano y a sus bases navales, a través de siete bases militares ubicada en: Cartagena (sobre el Mar Caribe) , Larandia, departamento de Caquetá , en el sur del país, Tolemaida y Palanquero, en Cundinamarca, en el centro, Málaga, en región del Pacífico, Apiay, en el departamento de Meta Malambo, en Atlántico

La justificación de la parte del Gobierno colombiano se centra en su lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Sin embargo, el Presidente Uribe ha afirmado que el terrorismo, (valga decir, en sus discursos no se limita a las Guerrillas y sino además a toda oposición Política) , están derrotadas y que la victoria militar es inminente, y por otro lado afirma que los cultivos de Coca han disminuido.

Si esto es así, es decir, si hay una derrota militar del “terrorismo” y los éxitos de la

“Seguridad Democrática”, durante estos dos periodos presidenciales son evidentes, preguntamos:

¿Por qué hoy se necesita fortalecer la presencia militar norteamericana? No debería ser lo contrario ?

Por otro lado la justificación de lucha contra el Narcotráfico presenta innumerables contradicciones: Si es para controlar el tráfico aéreo y marítimo de las rutas del Narcotráfico ¿porque es necesario hacerlo desde suelo Colombiano y controlando todo el continente y no hacer un control en las fronteras de Estados Unidos? ¿No sería mejor que Los Estados Unidos Controlaran sus propias fronteras en vez de controlar la de terceros países?.

Amigos y Amigas,

Desde el inicio del Plan Colombia y luego el Plan Patriota las bases de Tres Esquinas y la de Larandia ubicadas en el Departamento de Caquetá venían siendo utilizadas para la operación de aviones y de inteligencia técnica norteamericana. Desde donde se controlaron las fumigaciones con Glifosato, pero además se efectuó un control sobre la población, se incremento la guerra y se precipitó una honda crisis humanitaria en la región debido a la estigmatización y criminalización de la población civil que habita en la zona de operaciones del Plan Patriota (Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo y parte de Cauca y Nariño).

Desplazamientos como el de las comunidades del Bajo Ariari en el Departamento del Meta o las comunidades de Puerto Asís en el Putumayo que evidencian las verdaderas intenciones, en esta regiones: El control militar estuvo dirigido hacia la población civil, se presentaron asesinatos y desapariciones bajo la responsabilidad de las Fuerzas Militares.

Por ello consideramos que la instalación de las bases militares lejos de garantizar la paz, son el antecedente de la guerra:

ü Algunos medios han expresado que este acuerdo permitiría ampliar la capacidad Operativa, lo que evidencia que las operaciones que desde allí se realicen no se limitarán a operaciones contra el narcotráfico, ni siquiera a operaciones en la región andina sino que pretenden ir más allá. Esto se puede constatar a partir de un documento de planeación del Comando de Movilidad Aérea (AMC)[6]. El Comando Sur de EE.UU. (South Com) desea establecer una base con “alcance de movilidad aérea al continente sudamericano” además de una capacidad para operaciones anti-narcóticos hasta el año 2025[7]

ü Esta ampliación de la capacidad operativa se verá evidenciada en el aumento de número de soldados y contratistas militares de Estados Unidos presentes en territorio colombiano, que actualmente es de 575, esta cifra podría aumentar hasta 1400 (La presencia de unos 800 militares y otros 600 contratistas, es decir mercenarios.

ü El control de zonas del alta biodiversidad, de zonas de posibles megaproyectos agroindustriales (Palma, Caña de azúcar) o de infraestructura (exploración petrolera, poliductos) será una tarea fundamental de estas nuevas bases, su tarea será permitir que empresas multinacionales y los grupos empresariales colombianos disfruten estos recursos sin la oposición de los pobladores de estas regiones quienes son sus legítimos propietarios

ü La instalación de estas bases se constituye en un grave obstáculo para las iniciativas de paz, tales como promueven comunidades de todo el país, así como para intercambios humanitarios desarrollados por Colombianos y Colombianas por la Paz”

ü La instalación de bases extranjeras, no solo contraviene la Constitución Nacional, sino además es una renuncia a la soberanía, y a deber de juzgar a los soldados que violan la ley o la constitución colombiana, porque establece una inmunidad que es impunidad como ya ha sucedido con soldados norteamericanos comprometidos en crímenes o tráfico de estupefacientes.

ü Algunos países como Brasil han manifestado que la decisión de ampliar la presencia militar del Comando Sur en la región es un elemento de riesgo para desestabilizar y controlar la región. A lo anterior se suma las tensiones que Colombia ha tenido con Venezuela y Ecuador, y en consecuencia la presencia Norteamérica es un elemento de tensión para la región que ha sido manifestado por presidentes del UNASUR ,

¿Es este el futuro que se aspira construir con la ayuda militar a Colombia?

La paz no le interesa a los círculos en el poder sino precisamente la guerra. No en vano el presupuesto nacional para la defensa y la “seguridad democrática” ascendió en el 2007 al 6.5% del PIB, y esta inversión estuvo destinada al fortalecimiento de la capacidad de la Fuerza Pública, en detrimento de la inversión social. Es decir, el gasto en defensa es igual a la suma de las transferencias en salud, educación y saneamiento ambiental.

Ante este panorama es urgente como un primer elemento perfilar un gran movimiento contra las bases militares en Colombia, y toda otra infraestructura utilizada para guerras de agresión, lo cual incluye operaciones militares, maniobras, entrenamientos, ejercicios, acuerdos, armas espaciales, laboratorios militares y otras formas de intervención militar, por que se constituye en un medio para las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. y fortalecer los procesos de movilización , denuncia control y vigilancia sobre la ayuda militar, financiera y logística que recibe Colombia.

Otro elemento que es importante reflexionar brevemente sobre la PAZ del Gobierno actual.

El presidente Alvaro Uribe Velez muestra como su política de paz, el proceso de negociación y desmovilización con las estructuras paramilitares responsables de miles de graves crímenes y que fueron creadas, patrocinadas, alentadas por sectores del establecimiento

Efectivamente, hoy se está comprobando la afirmación denunciada por varias organizaciones de Dh, que el PARAMILITARISMO lejos de ser un TERCER ACTOR, surgió asociado a las estrategias contrainsurgentes del Estado, a los planes de acumulación de tierras de los terratenientes y a las inversiones de las transnacionales en el país, y ha contribuido a la cconsolidación de un proyecto político y económico para los intereses de elites locales, nacionales y transnacionales, a través de la comisión de graves violaciones a los DH y Crímenes de lesa humanidad.

Basta mirar las investigaciones adelantadas por la CSJ y la Fiscalía General de la Nación que ha puesto en evidencia los acuerdos y alianzas entre militares, políticos e intereses privados con las estructuras paramilitares.

Durante los últimos tres años al menos 133 congresistas y ex congresistas han sido implicados con el paramilitarismo, que demuestran el alcance del paramilitarismo en los partidos de la coalición Uribista.

Pero estas alianzas no se han limitado a miembros del congreso, sino también a servidores públicos locales. Recientemente , la Fundación Nuevo Arco Iris presentó información ante la CIDH, donde confirmaba que entre el 25% y el 35% de los puestos de elección popular habían sido tomados por la estructura paramilitar. “De los siete partidos que hacen parte de la coalición uribista, existen cinco en donde la totalidad de sus candidatos son procesados por parapolítica. Actualmente, estos partidos siguen teniendo capacidad de influencia dentro de la escena política”, [i].

Así, el presidente Uribe ideó un proceso de paz, con quienes nunca estuvo enfrentado, y promovió una “desmovilización paramilitar” con una marco jurídico que ha promovido la impunidad de más de 30 mil paramilitares con amnistías de facto y la postulación de responsables de crímenes de carácter internacional a la ley de Justicia y Paz que afirma la impunidad de estos crímenes, y desconoce los derechos de las victimas

Efectivamente de los 35 mil paramilitares desmovilizado solo el 5% ratifico su voluntad de someterse al proceso de JyP y después de 4 años de promulgada la ley, se encuentran en curso 588 versiones, y no hay una sola sentencia en JyP. Los principales cabecillas paramilitares han sido extraditados a EU, sepultando los anhelos de verdad que reclaman las víctimas.

El común denominador en este proceso ha sido: a) la calificación de las víctimas como “subversivos dados de baja en combate”, o se les presenta como “personas colaboradoras o simpatizantes de los grupos insurgentes”; b) la atribución de la responsabilidad de los delitos graves a paramilitares ya muertos; c) el reconocimiento de las relaciones con miembros de la Fuerza Pública y los organismos de seguridad del Estado sólo a través de vínculos creados por personas ya muertas o que simplemente no tenían conocimiento de los graves crímenes cometidos por esas estructuras; d) la explicación política del surgimiento de los grupos de autodefensa, atribuida a la existencia de guerrillas y a la necesidad de “defenderse” de estos grupos; y e) el reconocimiento de responsabilidades penales, principalmente, respecto de los hechos en los cuales las autoridades judiciales ya han determinado su participación en los mismos.

Las estructuras paramilitares, siguen operando y delinquiendo en las mismas zonas donde hacían presencia, con denominaciones nuevas como las de “Águilas Negras”, “Nueva Generación”, “los Rastrojos”, etc. Sin que se tenga noticias de acciones efectivas por parte de la Fuerza Pública respecto de estos grupos paramilitares.

En este contexto se ha venido construyendo un movimiento de victimas que reclama sus derechos, y que considera que cualquier proceso de paz debe descansar sobre la garantía a la Verdad para que se desarticulen las estructuras criminales que promovieron y cometieron tantos crímenes, la justicia para que estos hechos no se repitan, la memoria para que la sociedad comprenda las motivaciones de los crímenes y los intereses políticos , económicos y sociales que había detrás de ellos, y reparación integral, para dignificar a las víctimas y a sus familiares, reparar lo destruido, fortalecer el tejido social, que los desplazados retornen a sus tierras terruños y se les devuelva alrededor de 5 millones de hectáreas de tierra cultivable y otros bienes que les fueron arrebatados violentamente por los paramilitares.

El desafío hoy , es acompañar y fortalecer estos procesos organizativos de las víctimas , darle continuidad a la lucha contra la impunidad, develar las causas estructurales políticas, económicas y sociales que han sustentado las violaciones a los Dh y los CLH cometidos en Colombia exigir el desmonte real y efectivo del paramilitarismo y el juzgamiento de todos los sectores que participaron de sus delitos y fines, fuese en condición de promotores, instigadores, patrocinadores o beneficiarios, en orden a facilitar la búsqueda de soluciones políticas y reales al conflicto, recuperar la memoria histórica y reivindicar sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral por los enormes daños que se les causó. Ya que se constituyen en presupuesto mínimos sin los cuales no es posible consolidar cualquier proceso de paz,

Para terminar quisiera terminar señalando que Hay que persistir en el dialogo para las soluciones negociadas.

La actual situación que enfrenta el país es compleja, pero al mismo tiempo reclama acciones en favor de la solución negociada y el Intercambio Humanitario. Creemos que es posible un cambio político muy importante y creemos que ese cambio es la condición para encontrar un nuevo país.

Algunos elementos para este proceso son:

ü Avanzar en los modelos de negociación aplicados en décadas anteriores en que se sometía a la contraparte a las condiciones impuestas por los voceros del Estado, así no hubiesen sido vencidos militarmente y que la contraparte llegara a la mesa en inferioridad de condiciones, aceptara treguas unilaterales o concesiones políticas o militares que lo colocaran en desventaja, ha sido el gran obstáculo para avanzar en la posibilidad de acuerdos.

ü Cualquier proceso de paz implica un compromiso real del Estado a renunciar a las tentaciones de eliminar a sus contradictores después de las negociaciones, como ocurrió con las guerrillas liberales del Llano o con los miembros de la Unión Patriótica y el Partido Comunista, el M.19 y otros sectores

ü Para avanzar en un proceso, es necesario generar confianza entre las partes enfrentadas a través de tregua bilateral, con garantes internacionales; donde se vincule activa y protagónicamente a los diversos sectores sociales o sus expresiones más organizadas, se les consulte y se tenga en cuenta sus propias propuestas para un acuerdo nacional que permita un país, soberano, democrático y equitativo.

ü En esta perspectiva se deben articular esfuerzos con los sectores sociales que afirman que en Colombia existe un conflicto social y armado, y que la superación del mismo, solo es posible mediante un proceso de negociación política que los involucre activamente , que cuente con la participación de la comunidad internacional, y que reconozca que la paz es más que el silenciamiento de las armas, no se agota en el sentido negativo – ausencia de violencia física, sino una idea de paz que apunte a la eliminación de la violencia estructural entendida como PAZ CON JUSTICIA SOCIAL

Por ello, La paz pasa por atacar ese modelo de desarrollo ajeno a las mayorías colombianas y que ha originado pobreza, exclusión, inequitativa distribución de la riqueza, violación sistemática a los derechos sindicales, a los derechos de las comunidades indígenas, afros, mujeres etc. Este modelo, que más que un fenómeno económico, ha logrado imponer una hegemonía cultural, política e ideológica sobre la sociedad en su conjunto, y ha terminado aislando a quienes propugnan por transformaciones estructurales de la sociedad colombiana.

La paz pasa por condenar el tratamiento militar a los conflictos sociales, que la paz pasa por el respeto y garantía de los derechos civiles y políticos y los derechos económicos sociales y culturales entendido como indivisibles e interdependientes, en fin que la paz pasa por transformar este modelo de desarrollo excluyente para las mayorías.

La sociedad civil emerge con importancia en la lucha por la transformación social, y como escenario del despliegue de nuevos actores sociales, por ejemplo las propuestas de las mujeres, las ongs, El Desarrollo Humano, el respeto a los derechos humanos, el movimiento de víctimas de crímenes de estado, movimiento alternativos, Colombianos y colombianas por la paz y el intercambio humanitario han saltado de la teoría a la acción en manos de un sinnúmero de actores sociales que proponen una recomposición de la sociedad y que buscan espacios para hacer valer sus demandas y necesidades para construir una sociedad más justa, dónde la igualdad y la libertad tengan una nueva dimensión.

Las luchas del movimiento social deben ser implementadas y organizadas previa concertación de finalidades y desde análisis que muestren efectos directos y colaterales de las acciones que se van a emprender con el fin de refrenar la injusticia, desigualdades y exclusiones y que tienden a ser prepositivas en contextos históricos específicos, locales, nacionales e internacionales.

Si tenemos en cuenta que la sociedad civil está conformada por todos las instituciones intermedias que se forman entre el individuo y el estado, (sindicatos, gremios, organizaciones estudiantiles, ligas campesinas, etc.) y por el individuo mismo en cualquier tipo de agrupación, podremos percatarnos del papel que desempeñan los nuevos actores sociales en la transformación que está llamada a cumplir la sociedad civil colombiana, y si su acción se convierte en legitimadora o impugnadora del sistema.

El movimiento social y popular estará en la tarea, el recate de nuestra identidad y memoria, silenciada y nuestros pensamientos de de liberación partiendo de los procesos de organización y resistencia de nuestras pueblos indígenas, campesinos, del movimiento sindical y otros hoy más que nunca la movilización y articulación de los movimientos sociales, constituyen los pilares fundamentales de cualquier propuesta alternativa al actual modelo

El desafió para los movimientos sociales es lograr la convergencia de las movilizaciones globales a escala y reforzar nuestra capacidad de acción favoreciendo la convergencia de todos los movimientos que buscan resistir todas las formas de opresión y exclusión y generar transformaciones democráticas sobre la base del respeto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.

Para impulsarla es necesario desarrollar un trabajo de base de concienciación y movilización.

La PAZ, se fundamenta en la Justicia social, donde los seres humanos sean respetados en su vida y dignidad, sus derechos legitimas a la verdad , a la justicia y reparación integral sean garantizados y se establezca un modelo de desarrollo económico y social donde haya una equitativa distribución de las riquezas, participación real en las decisiones que los afectan y donde la democracia se construya sobre la diversidad étnica y pluricultural de los que somos todas y todos los que habitamos este territorio colombiano.

[1] Area de libre comercio para las Americas

[2] SALAZAR Robinson, “Plan Colombia, Plan Dignidad y Plan Puebla Panamá, Tres Anillos para un solo Dedo”, Ponencia Congreso de las Américas, Cholula, Puebla, 2001

[3]El Plan Puebla Panama, que en su discurso se señala, está destinado para promover la integración y el desarrollo regional, coordinando acciones de los países de Centroamérica (7) y la región Sur Sureste de México., pero en el trasfondo de este plan no está la reducción de la pobreza y el desarrollo de la región sino la de sentar las bases para la utilización de Mesoamérica como un gran puerto, con el fin de que el comercio entre Estados Unidos y el Sudeste Asiático se pueda desarrollar en todo su potencial. La inversión y la infraestructura se presenta como un gran proyecto cuando en realidad no se trata más que de obras de apoyo al capital transnacional. Además aprovechar las ventajas comparativas de la región, como la mano de obra barata y recursos naturales baratos. Según algunos estudios, el plan pretende, además, expandir el control de la iniciativa privada sobre tierras y recursos, estimular el sistema económico mundial y frenar las migraciones hacia Estados Unidos..

[4] El caso de los recursos naturales es muy significativo; sobre el petróleo(EEUU consume el 26% de la producción mundial, pero tiene el 2.9% de las reservas mientras que los países de la OPEP tienen el 78%.Asimismo, sobre la minería, sobre el gas, sobre la biodiversidad (patentes y transgénicos), sobre el agua dulce (Itaipú, la Amazonía). La existencia de un importante mercado para productos norteamericanos.

[5] Del ALBA, hacen parte Bolivia, Venezuela, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda, Mancomunidad de Dominica, Cuba, Honduras, y Ecuadro

[6] Cfr http://www.ircamericas.org/esp/6359

[7] http://www.informa-tico.com/index.p...

[i]PONENCIA PRESENTADA EN EL LANZAMIENTO DE LA RED DE INICIATIVAS POR LA PAZ, desarrollada el 29 de octubre del 2009 en la Universidad de la Salle – Bogotá.

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José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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