El gobierno de los Estados Unidos certifica a Colombia a pesar de la falta de resultados en materia de derechos humanos

El Departamento de Estado anunció el 15 de septiembre que Colombia cumple con las condiciones en materia de derechos humanos y por lo tanto certifica al país para que pueda recibir ayuda militar. Esto a pesar que las violaciones de derechos humanos cometidas por la fuerza pública permanecen en la impunidad. El propio comunicado de prensa emitido por el Departamento de Estado reconoció la seriedad de los problemas en materia de derechos humanos en Colombia.

Víctimas del conflicto | Colombia |

Los grupos colombianos y estadounidenses que trabajan en derechos humanos le suministraron suficiente evidencia al Departamento de Estado en la cual se mostraba que durante el año pasado no hubo progreso en cuanto a las investigaciones judiciales sobre violaciones de derechos humanos, en particular aquellos casos que involucran más de 3,000 personas de la población civil que fueron supuestamente asesinadas a manos de las fuerzas armadas.

La justicia en Colombia no está mostrando avances, ni siquiera en los casos más representativos y documentados, como el de la masacre de San José de Apartadó en el 2005 o el caso de los asesinatos cometidos durante los años 2007 y 2008 contra más de 20 jóvenes de Soacha. El número de casos transferidos de la justicia militar a la justicia ordinaria a decrecido dramáticamente. De los 30 militares de alto rango que fueron destituidos de su cargo en el año 2009 como consecuencia del escándalo de Soacha, ni uno sólo ha sido vinculado a las investigaciones.

El gobierno de Colombia ha fracasado en cumplir con las obligaciones de proteger a los defensores de los derechos humanos. Durante el período que comprende la certificación, el número de amenazas en contra de defensores, comunidades afro-colombianas, y organizaciones de base, incrementó exponencialmente sin que las investigaciones arrojaran ningún resultado. La Fiscalía General de la Nación se encuentra en este momento investigando el escándalo de las interceptaciones ilegales del Departamento Adiministrativo de Seguridad (DAS) en contra de magistrados de la Corte Suprema, periodistas, miembros de partidos de oposición y defensores de derechos humanos. Sin embrago, estas investigaciones no han concluido y el Congreso ha fallado en pasar legislación sobre el desmantelamiento del DAS y su posible reemplazo.

Mientras el Departamento de Estado resalta las reducciones de los nuevos casos de asesinatos de civiles por parte de las fuerzas armadas, también reconoce, en su comunicado de prensa, que en Colombia continúan los graves problemas de derechos humanos. "Existen preocupaciones que los casos de derechos humanos no están siendo transferidos a la justicia ordinaria con la celeridad y regularidad que estos casos exige. Las supuestas interceptaciones ilegales cometidas por el Departamento Administrativo de Seguridad DAS son inaceptables. Es de vital importancia que la Fiscalía General de la Nación inicie una investigación rigurosa e independiente para determinar el grado de estos abusos y lleve ante la justicia a los responsables. Las amenazas de grupos criminales contra los defensores de derechos humanos y contra la sociedad civil en Colombia son de gran preocupación."

El Departamento de Estado también afirmó que "continua comprometido con los grupos de derechos humanos Colombianos e internacionales y con la sociedad civil. Agradecemos el compromiso de estos grupos y aplaudimos su trabajo, el cual frecuentemente representa gran peligro."

Certificando que Colombia ha cumplido con las condiciones en materia de derechos humanos, contrariando la evidencia, el gobierno de los Estados Unidos ha priorizado, una vez más, el desembolso de su paquete de asistencia militar sobre el progreso de los derechos humanos. El Congreso de los Estados Unidos debería utilizar su autoridad para congelar dicha asistencia y sujetarla a las condiciones hasta que haya un logro real en el progreso de los derechos humanos en Colombia.

Para mayor información por favor contacte a:

* Kelly Nicholls, U.S. Office on Colombia, (202) 460-4028, [email protected]
* Lisa Haugaard, Latin America Working Group, (202) 546-7010, [email protected]
* Gimena Sanchez, Washington Office on Latin America, (202) 797-2171, [email protected]

* Abigail Poe, Center for International Policy, (202) 232-3317, [email protected]

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José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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