Pronunciamiento: Estado y EPM vulneran derecho a la protesta en Sabanalarga, Antioquia

Jueves 5 de abril de 2018, por Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo"

...Rechazamos vehementemente las acciones que abusan de instrumentos del derecho y de la fuerza que ponen en marcha EPM y el Estado mediante distintas entidades municipales, regionales y nacionales, que han vulnerado a las comunidades desalojadas de playas de Sabanalarga el día lunes 02 de abril del 2018 y aún más que amenazan los derechos de las comunidades que aún se encuentran en el ejercicio constitucional de protesta en otros puntos de playas de Sabanalarga e Ituango.

Desplazamiento | Despojo de tierras | Destrucción ambiental | Desaparición forzada |

Los ejercicios pacíficos de derechos fundamentales a la protesta, reunión y manifestación pública en el Cañón del Río Cauca en Sabanalarga, Antioquia son vulnerados por el Estado colombiano y por EPM. Nos pronunciamos.

Apoya a las campesinas y campesinos del Cañón del Río Cauca, para pedirle a @JuanManSantos, Presidente y Jorge Londoño, Gerente @EPMestamosahi ¡Detengan represa Hidroituango, puede destruir fosas con cuerpos de personas desaparecidas! [#FirmaAquí ➡➡ https://secure.avaaz.org/es/petition/Juan_Manuel_Santos_Presidente_de_Colombia_Jorge_Londono_Gerente_de_EPM_Detengan_represa_Hidroituango_destruye_fosas_con_/]

En Colombia los derechos fundamentales a la protesta, reunión y manifestación pública con carácter pacífico se han visto amenazados y vulnerados por quien debería ser su principal defensor y garante, el ’Estado Social de Derecho’. La realidad a la que sistemáticamente se han enfrentado las comunidades revictimizadas por el megaproyecto energético ’hidroituango’, configura una reiterada violación de las garantías mínimas para el ejercicio de derechos constitucionales asociados a la denuncia pública de las constantes irregularidades que se presentan en el licenciamiento ambiental.

Este megaproyecto le pertenece a la Gobernación de Antioquia, el Instituto de Desarrollo de Antioquia -IDEA- y a Empresas Públicas de Medellín -EPM-, es construido por Hidroituango S.A. E.S.P. y en él han confluido intereses de grandes capitales de países como Suecia, China, Estados Unidos, España y Brasil. Cuenta con financiación por parte del Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, la Corporación Interamericana de Inversiones -CII-, el China Fund y de ’bancos comerciales internacionales e inversionistas institucionales de Norteamérica, Europa y Asia como: CDPQ, KFW IPEX, BNP Paribas, ICBC, Sumitomo Mitsui, BBVA y Banco Santander’ .

Hidroituango cuenta con: un muro de 220 metros de altura, una corona de 12 metros de ancho y 500 metros de longitud, una cota de inundación de 420 metros sobre el nivel del mar, 8 turbinas suecas, un embalse de 79 kilometros de longitud, 2.700.000.000 metros cúbicos de agua, una declaratoria de utilidad pública e interés social que afecta 26.067 hectáreas de los 21 municipios afectados, una producción máxima de 2.400 megavatios de energía, una inundación de 4.500 hectáreas de Bosque Seco Tropical, 24 modificaciones a la licencia ambiental, 8 procesos sancionatorios ambientales activos y al menos 5 suspensiones provisionales de obras.

Estos intereses macroeconómicos amparados en figuras jurídicas de "utilidad pública" y "desarrollo social" han afectado dramáticamente la vida de las comunidades y sus entornos, incluyendo distintos puntos de las playas de Sabanalarga e Ituango -en las cuales actualmente se llevan a cabo movilizaciones pacíficas-. Pobladores que defienden sus derechos exigiendo el cumplimiento de medidas de manejo del componente social de la licencia ambiental y de mejoramiento de las condiciones de vida han realizado protestas pacíficas que no han contado con las garantías necesarias de protección del Estado, ni de respeto mínimo de las empresas contratistas y EPM.

El desamparo institucional del Estado colombiano ha exacerbado las dificultades de los pobladores del Cañón del río Cauca en el Bajo Cauca, Occidente y Norte de Antioquia. El cual ha sido ha sido escenario de graves e históricas violencias sociopolíticas, del conflicto armado y las actuales de conflictos socioambientales que exigen una mirada especial para el reforzamiento de las condiciones propicias para el ejercicio de derechos humanos, ambientales y territoriales de las personas y grupos que los defienden.

Como agravante de la anterior situación, el Estado abusa del poder en el uso de normas y de la fuerza pública, pues existe un abuso de la fuerza, porque mediante excesiva presencia del Esmad, Policía Nacional y del Ejército Nacional se genera un entorno de amenazas, amedrentamiento y terror,que aumenta el riesgo de comunidades que han sido víctimas de distintas clases de abusos por parte de estos actores, que se constituyen en sujetos que llevan a cabo acciones manifiestas de maltratos traducidos en agresiones físicas y psicológicas a mujeres, niñas, niños, personas de la tercera edad, jóvenes y en general a líderes y lideresas defensoras de derechos humanos, ambientales y territoriales.

Por otra parte, abusa del derecho porque mediante el decreto 1575 de 2011 y el Código de Policía imponen procedimientos policivos expeditos que además de desconocer el carácter constitucional de derechos humanos de las comunidades que protestan, colocan en riesgo sus vidas e integridad física y psicosocial, porque le da mayor jerarquía y poder a normas que están supeditadas a normas de la Constitución Política, Tratados Internacionales de Derechos Humanos y de Derecho Ambiental como el Principio 10 y a jurisprudencia que ha desarrollado los derechos enmarcados en la movilización ciudadana.

En esta ocasión, rechazamos vehementemente las acciones que abusan de instrumentos del derecho y de la fuerza que ponen en marcha EPM y el Estado mediante distintas entidades municipales, regionales y nacionales, que han vulnerado a las comunidades desalojadas de playas de Sabanalarga el día lunes 02 de abril del 2018 y aún más que amenazan los derechos de las comunidades que aún se encuentran en el ejercicio constitucional de protesta en otros puntos de playas de Sabanalarga e Ituango.

Instamos a organizaciones defensoras de derechos humanos, organismos internacionales de derechos humanos y a las entidades competentes del Estado a cumplir con su rol de garante de derechos de comunidades afectadas por ’hidroituango’ y víctimas de distintos fenómenos de violencia en sus territorios, a que se activen las medidas de alertas tempranas y rutas de acción necesarias para evitar que se aumente el riesgo en sus situaciones particulares y que por el contrario se intervenga en una disposición conciliadora para sentar a las partes en un diálogo tripartito que posibilite el cumplimiento de acuerdos que la Gobernación de Antioquia y la ANLA han hecho con el Movimiento Ríos Vivos Antioquia.

¡RÍOS VIVOS, PUEBLOS LIBRES!
#PARAQUENOSEREPITA #SUSPENDANHIDROITUANGO

EQUIPO DE DERECHOS COLECTIVOS
POR LA PROTECCIÓN Y LA PERMANENCIA EN EL TERRITORIO
COLECTIVO DE ABOGADOS ’JOSÉ ALVEAR RESTREPO’

Apoya a las campesinas y campesinos del Cañón del Río Cauca para pedirle a @JuanManSantos, Presidente y Jorge Londoño, Gerente @EPMestamosahi ¡Detengan represa Hidroituango, puede destruir fosas con cuerpos de personas desaparecidas! [#FirmaAquí ➡➡ https://secure.avaaz.org/es/petition/Juan_Manuel_Santos_Presidente_de_Colombia_Jorge_Londono_Gerente_de_EPM_Detengan_represa_Hidroituango_destruye_fosas_con_/]

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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