La historia cierta del pueblo Wiwa llega al Sistema Integral

Comunidades Wiwa buscan verdad y justicia por las masacres, bombardeos, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual contra mujeres y niñas, desplazamientos y afectaciones a sitios sagrados de la Sierra Nevada que han sufrido ante la complicidad del Estado (1990–2017)

Indígenas |

Este viernes 15 de noviembre el Pueblo Wiwa, uno de los cuatro que sostiene el corazón del mundo en la Sierra Nevada de Santa Marta SNSM, presenta el informe sobre la violencia vivida en sus comunidades ante los órganos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición –SIVJRNR.

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Con el informe las comunidades buscan que la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP establezca las responsabilidades, hasta los más altos mandos, detrás de la violencia vivida por el pueblo Wiwa, cometida por guerrillas, Ejército y paramilitares, especialmente de agentes de Estado en las masacres, ejecuciones y violaciones a los ddhh cometidas en conjunto con grupos paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC; que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad -CEV recoja los relatos del pueblo Wiwa y los pueblos de la Sierra Nevada en la comprensión histórica de las causas, responsabilidades institucionales, impactos diferenciados en los pueblos étnicos y mujeres, y las recomendaciones para la no repetición de la violencia vivida en su territorio, y que la Unidad de Búsqueda -UBPD diseñe un plan de búsqueda en conjunto con las comunidades y víctimas, para dar cuenta del paradero de las personas que fueron víctimas de reclutamiento forzado, retención ilegal o desaparición forzada y cuyo paradero hoy se desconoce.

El informe elaborado por la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona -OWYBT junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -Cajar, con el apoyo de la Federación Internacional de Derechos Humanos -FIDH, en sus casi 500 páginas documenta al menos 142 graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1990 y 2017, de las cuales 14 fueron ejecuciones extrajudiciales, es decir asesinatos de civiles con participación de agentes estatales, dos masacres y 10 homicidios cometidos por paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC, 6 homicidios cometidos por la extinta guerrilla FARC-EP y 21 por autores sin identificar.
Este es el resultado de casi un año de trabajo de una investigación participativa a través de Talleres y Escuelas de la Memoria según los usos y costumbres del pueblo Wiwa. El informe también presenta otros hechos de violencia contra comunidades Wiwa, como 45 personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto, 7 bombardeos y ametrallamientos, 4 detenciones arbitrarias además de reclutamiento forzado, minas antipersona, fumigaciones indiscriminadas, ataques a sitios sagrados, secuestro y desplazamiento forzado.

Uno de los aspectos que se documentó, fue la violencia ejercida contra las mujeres y niñas en su condición indígenas. Este aspecto se aborda a partir del análisis de 2 homicidios, 6 casos de violencia sexual y afectación a sagas (autoridades espirituales) cometidos por distintos actores armados. El trabajo con las mujeres Wiwa permitió reconocer la continuidad de la violencia de género que intensificó en el marco del conflicto armado.

Uno de los casos de violencia contra las mujeres y niñas fue la ejecución extrajudicial de una niña de 14 años, asesinada y presentada como guerrillera, cuya recompensa a los cooperantes que participaron en el hecho junto con tropas del Batallón La Popa, fue autorizada por el hoy comandante del Ejército Nicacio de Jesús Martínez.

Por responsables de la violencia ejercida contra el pueblo Wiwa, se identifica a las guerrillas FARC–EP, ELN y EPL que ocuparon territorios sagrados y cometieron violaciones al derecho a la vida y a la libertad. Igualmente, al Ejército Nacional por graves violaciones incluyendo ejecuciones extrajudiciales y el papel jugado en la incursión, expansión y consolidación de los grupos paramilitares que cometieron graves violaciones a los derechos humanos en la región.

Igualmente, queda en evidencia la relación entre el incremento de la violencia en la Sierra Nevada y la proliferación de megaproyectos como la Represa del Río Ranchería, Puerto Brisa y la explotación minera que han irrumpido en el territorio ancestral, violando el derecho a la consulta previa, consentimiento previo, libre e informado, los derechos territoriales ancestrales y la Ley de Origen que rige a los cuatro pueblos que habitan la Sierra (Wiwa, Arhuaco, Kogui y Kankuamo).

La impunidad es otro de los factores detrás las masivas violaciones a los derechos humanos del Pueblo Wiwa. Si bien existen decisiones judiciales en algunos casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas contra indígenas wiwa, la mayoría de los hechos de desplazamiento individual y masivo, masacres, homicidios, desaparición forzada y detenciones arbitrarias se encuentran en la impunidad.

Uno de los elementos que se destaca es la falta de investigación de la cadena de mando del Ejército, que cometió, facilitó y permitió la comisión de las violaciones que se documentaron. Al respecto, el mayor número de casos ocurrieron bajo la jurisdicción de los Batallones La Popa y Juan José Rondón, adscritos a la X Brigada del Ejército Nacional, cuyos comandantes no han sido investigados.

A pesar de que la Corte Constitucional ha reconocido el alto grado de victimización del pueblo Wiwa que lo ha llevado al borde de la extinción y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó medidas cautelares para su protección, estas violaciones se han mantenido en el tiempo y hasta el momento no cuentan con políticas públicas diferenciales y líneas de investigación efectivas, tendientes a esclarecer la verdad de lo sucedido, judicializar a los responsables y otorgar las medidas de reparación a las víctimas afectadas.

Por todo lo anterior, el informe también busca que la protección del territorio y los derechos ancestrales del Pueblo Wiwa por fin se realicen de manera efectiva e integral, que cesen los hechos de violencia que persisten, y que haya garantías de no repetición. En un momento del país donde crece el repudio hacia los impactos de la guerra para los pueblos indígenas, las niñas y niños, la verdad completa, la historia cierta del Pueblo Wiwa es una historia necesaria para que no se repita.

Sierra Nevada de Santa Marta, 15 de noviembre de 2019

CADENA DE MANDO 2000-2009 JURISDICCIÓN EN EL TERRITORIO WIWA
CUYA RESPONSABILIDAD DEBE ESTABLECER LA JEP

I DIVISIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL
Dic. 2001- nov. 2003
GR. LEONEL GÓMEZ ESTRADA
15 dic. 2003- 28 Abril de 2005
GR. MARIO MONTOYA URIBE
May. 2005- 16 Ago. 2007
GR. JUSTO ELISEO PEÑA SÁNCHEZ
17 Ago. 2007- Feb. 2009
BG. LUIS FELIPE PAREDES CADENA

X BRIGADA

2004 - 27 diciembre de 2004
CR. NÉSTOR RAÚL ESPITIA RIVERO
27 diciembre de 2004 – junio 2006
CR. HERNÁN GIRALDO RESTREPO
Junio 2006 – 28 diciembre 2007
CR. FABRICIO CABRERA ORTIZ
28 diciembre 2007 – 25 junio 2009
CR. IVÁN DARÍO PINEDA RECUERO
25 junio 2009- 02 junio 2010
CR. JHON JAIRO OCHOA PINILLA

Batallón de Artillería No. 2 La Popa (BAPOB)
2000 - dic. 2001
TC. EDUARDO SANMIGUEL PEÑA
Enero 2002- 07 Enero 2004
TC. PUBLIO HERNÁN MEJÍA GUTIÉRREZ
07 enero 2004 – 06 junio 2005
TC. JUAN CARLOS FIGUEROA SUÁREZ
06 junio 2005 – diciembre 2006
TC. RAÚL ANTONIO RODRÍGUEZ ARÉVALO
diciembre 2006- dic.2007
TC. JORGE IVÁN MONSALVE HERNÁNDEZ
Enero 2008- 14 junio 2009
TC. ADOLFO LEÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Grupo de Caballería Mecanizado N° 2 “CR. Juan José Rondón” (GMRON)
2001-2002
TC. NICACIO DE JESÚS MARTÍNEZ ESPINEL
2003- 30 junio 2004
TC. CARLOS ARTURO VELÁSQUEZ PELÁEZ
30 Junio 2004- 15 junio de 2006
TC. JORGE ENRIQUE NAVARRETE JADETH
15 Junio 2006-2007
TC. CÉSAR OSWALDO MORALES RAMÍREZ
2007-2008
TC. GUSTAVO OVIDIO DÍAZ TAMAYO
2008-30 mayo 2009
TC. FREDDY HERNÁN CALIXTO MONROY

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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