Las prioridades del gobierno en tiempos del COVID-19
Boletín Especial No. 5

Martes 9 de junio de 2020, por Coordinación Colombia Europa Estados Unidos

La crisis generada por la pandemia de Covid-19 ha puesto al desnudo el raquítico y precario Estado Social de Derecho en Colombia y del propio sistema productivo para atender las necesidades básicas de toda la población. Se ha puesto de presente el lamentable sistema de atención a la población más vulnerable que focaliza subsidios en un porcentaje muy escaso de la misma y que incluso termina en la manipulación política, direccionando la inclusión en los registros del sistema de beneficiarios de los programas hacia las clientelas de los clanes políticos en vez de las personas que más los necesitan.

Informes CCEEU | Paz y Derechos Humanos |

1. A los bancos, más dinero…

El sistema económico, que durante cuatro décadas ha arruinado la producción industrial y agrícola por efectos de la implementación del modelo neoliberal -al concentrarse en los sectores de servicios y actividades extractivas, junto con la especulación financiera- ha dejado más de 5.4 millones de personas sin empleos en solo un mes de la emergencia económica y social decretada, aumentando el desempleo a un 32.6%. Alrededor de 35 millones de personas no tienen hoy los ingresos mínimos para su subsistencia y están sujetas a multas y comparendos si salen a la calle para realizar actividades tendientes a atender sus necesidades familiares.

Los 117 billones de pesos que Gobierno dice haber destinado atender la emergencia generada por la pandemia, terminaron favoreciendo la intermediación para créditos del sector financiero y de las grandes empresas, sin ningún beneficio para las pequeñas y medianas. Los bancos ganarán más de 500 mil millones de pesos por prestarle al Gobierno parte de los recursos que este mismo les permite reducir de los encajes obligatorios que deben mantener en reserva como lo dispone la ley. Adicionalmente, se desconoce el monto total que ganarán los bancos por la intermediación financiera de todos los recursos que el Gobierno dice girar a diferentes sectores para atender la crisis, toda vez que el mismo Gobierno esconde los contratos celebrados con los bancos para esta labor. En el colmo de la insolidaridad y la iniquidad, los bancos se quedarán con cerca de 6.000 millones por intermediar en la entrega de los mezquinos recursos de los subsidios denominados Ingreso Solidario, destinado a una porción de la población más empobrecida. Por otro lado, las denuncias de corrupción y desviación de los recursos del “ingreso solidario” se multiplicaron: se ha informado que más de 16.000 cédulas de presuntas personas destinatarias de estos subsidios resultaron ficticias y en otros casos se descubrió que algunas ayudas habrían llegado a personas acaudaladas.

Los recursos reservados por el Gobierno colombiano para atender la crisis han sido ínfimos (1.2% del PIB) en comparación con el gasto de países como Perú (12%) o los Estados Unidos (15%). Con posturas ortodoxas que privilegian la austeridad y el dogma de la sostenibilidad fiscal, la crisis económica solo va a profundizarse, haciendo más grave el sufrimiento de las familias más necesitadas. En estas condiciones, la demanda de amplios sectores al Gobierno para la provisión de una renta básica universal (un salario mínimo para 30 millones de colombianos) es no solo justa sino urgente y necesaria.

Con el pretexto de la crisis, se entregaron billonarios recursos a las EPS, que fueron utilizados para ajustar sus estados deficitarios que traían de tiempo atrás, dejando sin recursos las IPS y llevando a la ruina a los hospitales públicos. Estas empresas no han atendido a millones de usuarios que requieren del servicio por otras enfermedades, con el pretexto de estar dedicadas a la atención de los pacientes de Covid-19. Los 5.1 billones entregados a las EPS, mientras los hospitales públicos siguen condenados a la quiebra, son absolutamente injustificados, pues las EPS no están garantizando la consulta externa, los exámenes diagnósticos ni la entrega de medicamentos, y han aplazado la mayoría de las atenciones y cirugías con el pretexto de la atención al Covid-19. Sin embargo, esta excusa no resulta creíble, pues se ha denunciado que el 80% de las personas que fallecieron por Covid-19 nunca fueron atendidas por una UCI y el mismo día que se realizaron estas denuncias el Presidente de la República aseguró que el 90% de las Unidades de Cuidados Intensivos en Colombia estaban libres. A pesar de que el Gobierno se ufana de los billones gastados en la protección social por la emergencia, después de tres meses de emergencia los respiradores siguen sin llegar a los hospitales y los médicos siguen sin recibir los elementos de bioprotección; del Gobierno solo reciben palabras elogiosas y aplausos, mientras los incentivos económicos resultaron siendo una gran mentira.

La situación es crítica en ciudades como Leticia, donde la gente muere a diario por falta de respiradores que nunca llegaron, o en Tumaco, que reportaba 792 casos y 42 fallecidos al 8 de junio, y en donde sus únicas 6 UCI permanecían copadas. Siendo Tumaco, uno de los municipios de la Zonas Futuro, debería tener la atención prioritaria por parte de las distintas entidades del Estado a los problemas sociales, como Zona Estratégica de Intervención Integral.

La falta de ingresos, la frustración por las ayudas alimentarias que no llegan y la falta de atención en salud no son los únicos problemas que afectan a las regiones durante esta pandemia. La situación de los niños, niñas y adolescentes es especialmente preocupante, pues 20 millones de ciudadanos y ciudadanas no tienen acceso a internet y en el 75% del país los estudiantes no pueden tener acceso a clases virtuales. Entre las y los jóvenes, la frustración de su futuro laboral, la falta de ingresos y la desatención del Estado han llevado a que más de medio millón de estudiantes haya tenido que desertar de sus estudios de formación laboral. Mientras tanto, los bancos, que han sido los grandes beneficiarios de la gestión financiera de la crisis agenciada por el Gobierno Duque, reportan ganancias que en el primer trimestre del año ascendieron a 2.3 billones de pesos.

2. … Y a las poblaciones más necesitadas, Policía y tropas estadounidenses

Los poderes desmedidos otorgados a la Fuerza Pública para restringir la movilidad y las facultades concedidas para sancionar la violación de la prohibición de salir de casa, han añadido una tragedia personal adicional que ha llevado a la desesperación y al empobrecimiento a miles de familias: más de un millón de multas han sido impuestas en el primer mes del encierro obligatorio, según declara el General Jorge Luis Vargas, director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, afectando principalmente a personas que por necesidad o por salud mental se han visto impedidas de cumplir el mandato de confinamiento obligatorio. Mientras los medios registran las presiones para que cada agente de policía imponga al menos 38 comparendos por día, los programas de asistencia alimentaria o subsidios humanitarios del Gobierno Nacional y algunos gobiernos locales solo han llegado a un reducido porcentaje de la población.

Los poderes desmedidos otorgados a la Fuerza Pública han llevado a una imparable cascada de atropellos, de uso abusivo de la fuerza y de imposición de multas y represión contra las actividades de subsistencia económica de la población. Las Fuerzas Militares han arreciado las estrategias de erradicación forzada en regiones como Nariño, Putumayo, Catatumbo, Sur de Córdoba, Bajo Cauca, Meta y Caquetá, y en general en todas las denominadas “Zonas Futuro”, donde la represión contra la población campesina que subsiste del cultivo de hoja de coca ha llevado a la ejecución extrajudicial de al menos 4 líderes campesinos e indígenas. Auxiliados por las Fuerzas Militares, los grupos paramilitares han venido copando la totalidad de los territorios que antes estaban bajo control de las FARC. Y en las cárceles, las medidas de represión y trasladados a los internos que protestan, han llevado a que 1.290 se hayan contagiado, mientras se sostiene, desde hace dos meses, la misma cifra sospechosa de solo 4 personas fallecidas, manteniéndose un nivel de hacinamiento del 51% y medidas coercitivas para impedir la excarcelación.

En relación con los ataques contra el liderazgo social, la respuesta estatal sigue siendo la negación de la dimensión y la naturaleza del exterminio que se viene produciendo. Según el Programa Somos Defensores, durante el año 2019 se registraron 844 agresiones contra líderes y lideresas sociales y personas que defienden los derechos humanos, permitiendo concluir que el 2019 fue el año con mayor número de agresiones a líderes sociales en una década. En lo corrido de 2020 ya son 117 los líderes y lideresas asesinadas, 25 personas en proceso de reincorporación y firmantes del Acuerdo de Paz han sido asesinados, según registro de Indepaz, lo que ya excede el registro de casos documentados por Naciones Unidas para todo el año 2019. La mayor parte de estos asesinatos ha sucedido cuando los líderes y lideresas estaban recluidos en sus casas, guardando la cuarentena, mientras sus perpetradores, estructuras paramilitares vinculadas al tráfico de drogas, pudieron desplazarse con libre movilidad, incluso en áreas urbanas, buscando casa por casa, lista en mano, a sus víctimas.

A estos problemas se añade la llegada al país de tropas de fuerzas especiales de los Estados Unidos para “fortalecer la lucha contra el narcotráfico” y que harán presencia justamente en las “Zonas Futuro”. Ese ingreso de tropas para entrenamiento y acompañamiento militar, sin la autorización del Senado y del Consejo de Estado exigida por la Constitución, conlleva el riesgo de incrementar y validar graves abusos contra los derechos humanos, como los que se presentaron durante la implementación del Plan Colombia en medio de las atrocidades propiciadas por la Política de Seguridad Democrática. No son válidos ni creíbles los motivos expresados para esta presencia militar relacionados con “el apoyo a la paz regional, el respeto de la soberanía” o “combatir la violencia que afecta a las comunidades y a los líderes sociales”. Por el contrario, vemos en este acompañamiento militar un riesgo para la paz interna y con los países vecinos.

En estas condiciones, el acento en medidas represivas, los poderes exorbitantes otorgados a la Policía y que han llevado a un desbordamiento exagerado de abusos del uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, golpizas, denuncias de violencia sexual, discriminación e incluso desnudamientos forzados, sumado a la imposición arbitraria de más de un millón de comparendos, contrastan con la precariedad de las medidas sociales tomadas por el Gobierno para atender la situación de cerca de 35 millones que estaban antes o cayeron ahora en la pobreza, el desempleo y la falta de ingresos.

La situación requiere atender las demandas sociales por una renta básica extraordinaria que garantice al menos un salario mínimo a 35 millones de personas que lo requieren. Servicios públicos gratuitos para los sectores marginados, financiados con impuestos a los sectores de más altos ingresos, renegociación de la deuda pública y uso de las reservas internacionales para atender las urgencias de la población. Si fuera cierto que son 117 billones los recursos que el Gobierno ha decidido destinar a la atender de la pandemia, estos recursos deben priorizarse en la atención de los más necesitados y no para reproducir un sistema de privilegios que se ha beneficiado de décadas de imposición de un modelo elitista y excluyente que niega los más básicos derechos que integran la dignidad de las personas. Mucho menos para seguir debilitando la paz y alimentando aventuras de guerra interna y con los países vecinos.

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José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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