Rector de la UIS y paramilitar conversan para asesinar estudiantes
“Plan Pistola”

Jueves 2 de julio de 2009, por CCJ

El 4 de julio de 2007, el Rector de la Universidad Industrial de Santander (UIS), Jaime Alberto Camacho Pico, sostuvo una conversación con un paramilitar conocido con el alias de “Félix” en la cual llegaron a acuerdos sobre la forma de eliminar a quienes están, dentro de esa Universidad, siguiendo y promoviendo lo que el paramilitar genéricamente llama “pasos de izquierda”. En la grabación el Rector se obligó para con el paramilitar a suministrar un listado de líderes del movimiento estudiantil que promueven ideas de izquierda.

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El paramilitar, por su parte, se comprometió a “limpiar” la universidad realizando un “plan pistola”, es decir, asesinando a la gente incluida en el listado, que son además las personas que han liderado las protestas contra las reformas adelantadas por Jaime Alberto Camacho Pico como Rector de la UIS, ya que, en el entender del paramilitar alias “Félix”, son reformas adecuadas porque están en contra de grupos de izquierda como las Farc.

Por la conversación misma, se puede concluir que no es la primera sostenida entre el Rector Camacho y alias “Félix”. De hecho, cuando el paramilitar se comunica con el Rector, le pide excusas por la demora en comunicarse y le informa que el grupo paramilitar “codificó como positivo”, dando a entender que el Rector le solicitó al grupo paramilitar su intervención en la UIS y que el grupo paramilitar decidió atender esa solicitud. Por eso, en seguida el paramilitar le informa que el paso a seguir es realizar el mencionado “plan pistola”.

A raíz de la publicación de esta conversación, el 4 de mayo de 2009, en la edición electrónica del diario Vanguardia Liberal[1], el Rector de la UIS señaló públicamente que había sido él mismo, con ayuda de personal de la Universidad y por recomendación de una “autoridad”, quien había grabado la conversación. En efecto, gran parte de la grabación corresponde a una conversación posterior que sostiene el Rector con su secretaria en la que le señala que no se atreve a intervenir la grabadora por temor a borrar la conversación y que mejor deja eso en manos del técnico que instaló el equipo para realizarla.

¿Otras autoridades involucradas?

Es evidente que la grabación sí la hizo el Rector. Sin embargo, no se sabe cuál fue el propósito para hacerla. En entrevista con el programa radial La W, el 5 de mayo de 2009, el Rector no pudo contestar varias de las preguntas que le fueron formuladas por los periodistas. No supo explicar por qué, si tenía esa grabación desde julio de 2007, sólo cuando se hizo pública denunció penalmente ante la Fiscalía la situación. Tampoco quiso revelar qué autoridad le sugirió hacer la grabación, argumentando que esa información se encuentra bajo reserva, limitándose a afirmar que “altas instancias” nacionales y locales estaban al tanto de la situación desde días después de que ocurrió la llamada.

Probablemente una de las “altas instancias” locales con las que se comunicó el Rector Camacho Pico fue el entonces gobernador de Santander, el Teniente Coronel retirado Hugo Heliodoro Aguilar. Esto hubiera sido natural porque, además de ocupar el cargo público más importante a nivel departamental, a quien por competencia hubiera sido natural que el Rector Camacho Pico le informara de la situación, también hacía parte, como gobernador, del Consejo Superior Universitario, máximo órgano en toma de decisiones de la UIS, entre ellas la elección del rector.

Ahora bien, a primera vista, el hecho de haber realizado el Rector mismo la grabación, antes que ser un buen argumento para demostrar su inocencia, en esta presunta alianza entre el Rector de la UIS y un grupo paramilitar, lo que hace es inculparlo. De un lado, porque, en la grabación, el Rector se compromete a suministrar información para que con base en ella sea asesinada gente. De otro lado, porque, en la grabación, el paramilitar le pide al Rector que guarde reserva sobre esas conversaciones, y este muy obediente así lo hace, y se abstiene de denunciar esta situación ante la autoridad competente, que es la Fiscalía, y solamente lo hizo cuando fue conocida públicamente la conversación. El Rector ha dicho que esta grabación fue hecha por sugerencia de “altas instancias” nacionales y locales. Que esto haya sido así es irrelevante: ellas también tienen que responder penalmente por no haber hecho nada con la información suministrada por el Rector.

Hechos que enturbian aun más el ambiente

El entonces gobernador, Hugo Aguilar, se encuentra vinculado formalmente a una investigación penal desde noviembre de 2008 por tener relaciones con grupos paramilitares. La dimensión de esas relaciones entre el ex gobernador Aguilar y los grupos paramilitares, se ha hecho visible, a partir de la declaración de los paramilitares Heidelberg Cristian Mendoza Angarita, alias “Sargento”, y Alexánder Gutiérrez, alias “Picúa”, dos “desmovilizados” del frente “Isidro Carreño” del Bloque Central Bolívar, quienes en las semanas del 16 al 19 y del 24 al 26 de junio de 2009, respectivamente, señalaron que favorecieron la elección del entonces gobernador Hugo Aguilar. Según alias “Sargento”, “Hugo Aguilar llegó a la Gobernación de Santander gracias al apoyo paramilitar en algunas regiones del departamento”. El paramilitar conocido como “Sargento” afirma esto pues Ciro Antonio Díaz Amado, alias “Nicolás”, comandante del frente “Isidro Carreño”, al que él pertenecía, le ordenó brindarle seguridad al entonces candidato a la gobernación para que hiciera campaña política en la zona bajo influencia de ese grupo paramilitar.

Pero el apoyo paramilitar en su campaña fue mucho mayor. Agrega el paramilitar que en una ocasión, durante la campaña que hizo el entonces candidato Aguilar acompañado del frente “Isidro Carreño”, llegando al municipio de La Paz (Santander), se encontraron con el frente paramilitar “Lanceros de Vélez”, y Hugo Eliodoro Aguilar se fue con ese otro grupo para continuar su campaña en la zona bajo su influencia.

De ser cierto lo narrado por Mendoza Angarita, los intereses de los paramilitares estarían representados en la Gobernación de Santander y por conducto de esta en la Universidad Industrial de Santander. Si ya está siendo investigado el ex gobernador Aguilar por tener relaciones con grupos paramilitares, tal vez la fiscalía debería investigar las consecuencias que estas relaciones pueden tener en el caso de las amenazas en la UIS. Tal vez allí se encuentre la clave para descubrir por qué la conversación entre el Rector de esa importante institución educativa con el paramilitar alias “Félix” sólo se hace pública cuando esta se filtra a medios de comunicación, y por qué sólo después de que esto sucede, la situación es denunciada formalmente ante las autoridades competentes.

Del dicho al hecho

De todas maneras, hay muchas dudas en relación con las declaraciones dadas por el Rector a los medios de comunicación sobre el propósito de la grabación. Lo que parecen ser unos acuerdos entre el Rector Jaime Alberto Camacho Pico y el paramilitar alias “Félix” se tradujo en amenazas por parte de grupos paramilitares y hostigamientos por parte de las autoridades universitarias en contra de los estudiantes. Por ejemplo, el 6 de agosto de 2007, el Sindicato de Trabajadores Universitarios de Colombia, Sintraunicol-seccional Santander, denunció que por correo electrónico recibieron amenazas de muerte de las Águilas Negras siete estudiantes, un profesor y un trabajador de la Universidad Industrial de Santander (UIS)[2].

El 14 de febrero de 2009, la profesora y directora de un centro de investigación de la UIS, Elena E. Stashenko, junto con otras 43 personas, fueron amenazadas por un grupo paramilitar. Dos meses después de recibir esta amenaza, fue dejada una bala calibre 38 en el salón donde usualmente dicta clases la investigadora[3].

En mayo de 2009, a raíz de la publicación de la conversación entre el Rector de la UIS y alias “Félix”, se conoció que, desde el segundo semestre de 2007, los periodistas que trabajaron en el área de comunicaciones y televisión de la UIS hasta enero de 2009 recibieron órdenes de un grupo de directivos de la institución de grabar de manera oculta a estudiantes y trabajadores en disturbios, reuniones de estudiantes y reuniones de sindicalistas para judicializarlos. En una carta enviada por Mario Mantilla, ex director de Televisión UIS, señaló que fue objeto de intimidaciones por parte de directivos de la UIS por haberse negado a realizar las labores de espionaje que le habían encargado[4].

Coincidencias anteriores y actuales

Esta preocupante situación no es nueva y no es exclusiva de la UIS. En julio de 2001, la Defensoría Regional del Atlántico emitió la Resolución Defensorial n.° 001 de 2001, en la cual se informó de la situación de riesgo en la que se encontraba en ese momento el movimiento estudiantil por la amenaza que representaba una política de limitación a los derechos a la libre expresión y pensamiento que se instauró desde la institucionalidad misma de la Universidad del Atlántico y fue acompañada por las violaciones cometidas por los grupos paramilitares.

Según la Resolución Defensorial mencionada:

“La situación de derechos humanos dentro del claustro universitario se ha tornado cada vez más crítica, debido al clima de desconfianza generado por el temor de los miembros de la comunidad a expresarse libremente o a debatir sus posiciones frente a los problemas que aquejan a la Universidad, en particular y al país en general.

De acuerdo con el material acopiado por la Defensoría, miembros de la comunidad universitaria que se han atrevido a hablar o a denunciar presuntas irregularidades administrativas, se encuentran seriamente amenazados, otros han debido abandonar la ciudad para proteger sus derechos y algunos han encontrado la muerte. Según las diferentes versiones recibidas, la libertad de expresión se coarta, si no institucionalmente, sí por fuerzas oscuras intolerantes”.

También el comandante paramilitar extraditado Salvatore Mancuso Gómez reconoció haber atentado contra la integridad de miembros de la Universidad de Córdoba. Según el paramilitar, en versión libre iniciada el 15 de enero de 2007, ordenó desaparecer a por lo menos tres miembros de la Universidad de Córdoba, ordenó el asesinato del candidato a la rectoría de ese plantel educativo, Hugo Iguarán, y ordenó imponer como rector de esa Universidad a Víctor Hugo Hernández, quien se comprometió con el grupo paramilitar a adelantar reformas a la institución para “sanear la universidad”. También reconoció haber influido directamente en la elección de Claudio Sánchez, quien se desempeñó como rector de la Universidad de Córdoba hasta diciembre de 2008, cuando renunció a su cargo luego de ser detenido y posteriormente dejado en libertad por presuntos vínculos con grupos paramilitares.

Más recientemente las amenazas han llegado a la sede de Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia. En este recinto universitario, a lo largo de 2008, varios grupos estudiantiles recibieron amenazas, especialmente la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU). Esta organización estudiantil fue objeto además, el 16 de septiembre de 2008, de un señalamiento por la directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), María del Pilar Hurtado, quien afirmó que la FEU era un grupo creado por las Farc. La más alta funcionaria del organismo de seguridad adscrito a la presidencia de la República aseguró que la FEU es “parte de la estrategia política de la guerrilla”. Días después de estas declaraciones se agudizaron las amenazas contra esta organización. Actualmente la Federación de Estudiantes Universitarios tiene a 20 de sus miembros desplazados forzadamente por razones de seguridad y más de 13 líderes estudiantiles se encuentran amenazados.

Un factor común entre estas violaciones contra los miembros de las comunidades de las universidades públicas del país es que generalmente se presentan o acrecientan cuando las personas que las sufren se encuentran exigiendo el respeto por sus derechos. Es oportuno recordar que el listado que le pide el paramilitar al Rector de la UIS, en la grabación mencionada, es de personas que no están de acuerdo con las reformas que se están presentando en la UIS y son personas de “izquierda”. Específicamente el paramilitar le pide al Rector nombres de líderes, y este a su vez se ofrece a darle los nombres de las personas que han intervenido como negociadores, en el marco de las reformas a la UIS.

Lo que hace diferente el caso de la UIS con los de las otras Universidades es que en los otros casos no hay pruebas tan incontrovertibles como las grabaciones del Rector Camacho con el paramilitar “Félix”, que demuestran la seriedad de las amenazas de las que son objeto los miembros de las comunidades universitarias que se oponen a las reestructuraciones que están sufriendo las universidades públicas, y del real riesgo que representa ser líder o activista estudiantil. Quién sabe si pruebas semejantes aparezcan en la investigación que ha iniciado la Fiscalía contra funcionarios del DAS, incluida su ex directora María del Pilar Hurtado, por espionaje ilegal contra organizaciones de derechos humanos, magistrados de las altas cortes y personas consideradas opositoras al Gobierno[5].

Evidente persistencia del paramilitarismo

Así mismo, las amenazas, los homicidios y las desapariciones que, entre otras violaciones, han sufrido en el pasado las universidades públicas, como en el caso de las universidades de Córdoba y Atlántico anteriormente mencionadas, fueron cometidos por grupos paramilitares que, según el Gobierno, hoy ya no existirían. Y las amenazas y violaciones que se cometen con posterioridad a su ficticia desmovilización responden a la misma lógica, es decir, persiguen a quienes piensan diferente o defienden sus derechos. Es y sigue siendo una estrategia de los grupos paramilitares, y de los sectores de la sociedad que se benefician de ellos, asesinar e intimidar a los líderes estudiantiles, maestros y trabajadores que critican las reformas a la educación superior, además de infiltrar estos centros educativos para ponerlos a su servicio y el de sus promotores y beneficiarios. Salvatore Mancuso así lo reconoció en el caso de la Universidad de Córdoba, y alias “Félix” lo refuerza en la conversación grabada. Si un grupo armado piensa bajo la lógica paramilitar, y actúa como un grupo paramilitar, no cabe duda de que es un grupo paramilitar. Son grupos paramilitares los que hay detrás de las amenazas en las universidades públicas, así el Gobierno insista en llamarlos eufemísticamente “bandas criminales”.

Esto demuestra que el paramilitarismo está lejos de ser superado y no le hace bien a la sociedad que el Gobierno quiera negar esta realidad. Mientras sigan existiendo grupos paramilitares, que operan bajo el amparo del Estado, incluyendo esta nueva modalidad de no reconocer sus crímenes como tales, será imposible que la paz sea una realidad. Mientras tanto sus víctimas, todas sin excepción, seguirán sometidas a ellos, o a las condiciones de indefensión en las que fueron puestas, debatiéndose entre las promesas gubernamentales de verdad, justicia y reparación, y la realidad que indica que la satisfacción de sus derechos cada vez es más ilusoria

Todos estos hechos deben ser investigados con celeridad y seriedad por la Fiscalía, y exigen el compromiso de todo el Estado para garantizar que las universidades públicas puedan cumplir con su misión de formar ciudadanos libres, independientes y críticos. Así mismo, la Procuraduría debe investigar disciplinariamente al rector de la UIS y a las “autoridades” o “altas instancias” nacionales y locales que se encuentran involucradas en este hecho.

La gravedad de de lo sucedido ha generado que un importante número de estudiantes y sus familias, trabajadores y profesores, exigieran cuando se conoció esta situación la renuncia del Rector Camacho Pico. Este, contrario a lo anterior, continúa en su cargo, ratificado por el Consejo Superior Universitario y apoyado por la Ministra de Educación, Cecilia Vélez White y su viceministro de educación, quien se desempeña como delegado del gobierno ante el CSU de la UIS y afirmó, sin pruebas, que “La situación que vive el Rector es un montaje”[6]. Además de lo anterior, aspiró a ser reelegido como Rector de la UIS para el período 2009 – 2012, como en efecto sucedió el 19 de junio de 2009, cuando se posesionó nuevamente.

A la fecha no se ha esclarecido el episodio de su conversación con el paramilitar alias “Felix”. Mientras tanto, la UIS se encuentra en una crisis de gobernabilidad que las autoridades universitarias sólo pudieron resolver cancelando el primer semestre académico de 2009. Esta decisión del CSU, al igual que la de haber elegido nuevamente a Jaime Alberto Camacho Pico como Rector de la UIS, han sido duramente criticadas por la asamblea departamental de Santander y por el Gobernador del mismo departamento[7], quienes han pedido que se derogue el acuerdo por el cual se canceló el primer semestre de 2009 y que se revise el proceso de elección del reelecto Rector, “en lo relacionado con la legitimidad, ética pública [y] conveniencia institucional”[8].

Para mayor información, contactar a: Gustavo Gallón Giraldo, Director CCJ (Tel. 376 8200, ext. 115).

Bogotá, 30 de junio de 2009

* La presente publicación ha sido elaborada con el auspicio de la Unión Europea y el contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de la Comisión Colombiana de Juristas. En ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

[1] “Ampliación: Rector de la UIS implicado en polémica por supuesto plan pistola”, www.vanguardia.com, 4 de mayo de 2009.

[2] “Águilas negras amenazan en UIS”, www.elcolombiano.com, 6 de agosto de 2007.

[3] “Amenazada la investigadora Stashenko de la UIS”, www.vanguardia.com, 4 de mayo de 2009.

[4] “Caso UIS: el equipo de prensa recibió órdenes de espiar”, www.vanguardia.com, 4 de mayo de 2009.

[5] Al respecto, véase “Confesiones de Arzayús”, en El Espectador, junio 21/09, pág. 8.

[6] “Situación del Rector de la UIS es un montaje: viceministro de educación”, www.vanguardia.com, 18 de junio de 2009

[7] “Gobernador de Santander se pronuncia ante cancelación de semestre en la UIS”, www.vanguardia.com, 12 de junio de 2009.

[8] “Asamblea departamental se pronuncia luego del debate sobre el tema UIS”, www.vanguardia.com, 17 de junio de 2009.

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José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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