Presos en su territorio viven los habitantes del corregimiento Versalles, en Córdoba

Miércoles 20 de enero de 2016, por Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, Acsucor

La población civil, ajena a la confrontación armada y actividades correlacionadas al conflicto social y armado pero vilmente receptora de sus nefastas consecuencias vive en la zozobra constante, los hombres no duermen en sus casas por temor a que en la noche llegue la sijin, la policía, el ejercito, etc. a llevárselos, acusarlos ante un juez y condenarlos como miembros de las AGC, entre tanto los verdaderos integrantes de las AGC se pueden apreciar andando libremente en el caserío y encausando esta grave violación al DIH y los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas de Colombia víctimas de esta “operación agamenón”. Foto: PCS Latin

LA ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS DEL SUR DE CORDOBA
“ASCSUCOR”

Nit. 900.575.888-5

Integrante de la COORDINACIÓN AGROMINERA DEL NOROCCIDENTE Y EL MAGDALENA MEDIO COLOMBIANO

Filial al MOVIMIENTO POLÍTICO Y SOCIAL MARCHA PATRIÓTICA

EMITE

DENUNCIA PÚBLICA

ANTE LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

Nro. 045

Enero 20 de 2.016

Presos en su territorio viven los habitantes del corregimiento Versalles (San José de Uré - Córdoba) tras la arremetida policial y militar en ejecución de la “operación Agamenón” que se viene desarrollando desde mediados del mes de noviembre del año pasado; terror, desesperanza y desplazamiento son algunas secuelas que deja, en la población civil la criminalización de la población y encarcelamiento de varios campesinos mediante la criminal acción de “falsos positivos judiciales”.

ANTECEDENTES:

Versalles es un corregimiento que alberga a más de cuatro mil habitantes, hace parte del municipio más joven del departamento de córdoba, los campesinos y campesinas que lo habitan subsisten de la ganadería, pesca, comercio plural agrario y como es de conocimiento público existe también la economía cocalera y minera artesanal; estas dos últimas prácticas de sobrevivencia han generado desde los años 80 la persecución, aprisionamiento y asesinato selectivos contra los cultivadores de hoja de coca, quienes son el menor peldaño de la cadena de producción de narcóticos y en ultimas quienes reciben los mayores perjuicios, por otro lado están los mineros artesanales, algunos organizados en cooperativas y asociaciones mineras que han puesto marcha esta robusta práctica considerada ilegal por el ministerio de minas y energía sin aunar esfuerzos para que las familias que subsisten de ello contengan otra manera de proveer la canasta familiar a sus hogares.

Desde la década de los 90 y el nuevo milenio las ACCU, luego AUC sembraron terror a la población civil de la mano de las fuerzas militares; de la misma manera las hoy llamadas AGC provenientes de la “falsa desmovilización de Ralito” continúan inveterando la manipulación y control de los entes gubernamentales de turno y desde luego el dominio de la población civil y las prácticas irregulares a la “vista gorda” del gobierno nacional.

El año pasado, el Presidente Santos ordeno a sus tropas capturar a los integrantes de las AGC en cabeza de “Otoniel”, esta orden se convirtió, para el caso de córdoba en la implementación de la “operación agamenón”; la misma que en el 100% de desarrollo y operativos militares, a lo que llaman “positivos” se ha descargado en contra de la población civil, muchos de estos, presos o con ordenes de captura por el solo hecho de vivir en territorios con presencia y actividades de grupos irregulares, violando así el principio de distinción al considerarlos “auxiliadores” o participes directo o indirectos de las actividades delincuenciales.

A la población civil la están “correteando” en una frenética y desenfrenada misión por acabar con la estructura de las AGC, pero, en este correteo se puede afirmar que el poblado vive aterrorizado porque en el día a día se les amenaza con capturarlos, se les empadrona continuamente, se presentan bloqueos económicos, alimentarios y de transito, al igual que retenciones ilegales, tendientes a ser secuestros y legalización de capturas con montajes judiciales contra más de una docena de labriegos y humildes amas de casa.

HECHOS:

La población civil, ajena a la confrontación armada y actividades correlacionadas al conflicto social y armado pero vilmente receptora de sus nefastas consecuencias vive en la zozobra constante, los hombres no duermen en sus casas por temor a que en la noche llegue la sijin, la policía, el ejercito, etc. a llevárselos, acusarlos ante un juez y condenarlos como miembros de las AGC, entre tanto los verdaderos integrantes de las AGC se pueden apreciar andando libremente en el caserío y encausando esta grave violación al DIH y los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas de Colombia víctimas de esta “operación agamenón”.

Las madres a quienes les toca pasar la noche con sus hijos no duermen, viven en vela, a la afligida espera de escuchar carros o que tumben sus puertas a patadas como recurren a entrar los militares y policías; los niños y niñas, lloran en sus días y noches porque sus padres no están en la casa, escuchan un carro aproximarse y entran en pánico colectivo, hay graves daños psicológicos causados a la infancia del corregimiento de versalles.

Es necesario resaltar que los campesinos que están siendo buscados por las autoridades militares y policiales son civiles; se ha instado a la Defensoría del Pueblo Regional en cabeza del Doctor Víctor Castilla para que haga presencia mediante una comisión de verificación sin tener resultados o puesta en práctica de la misma.

Es necesario y apremiante declarar que el corregimiento de Versalles se encuentra en CRISIS HUMANITARIA y se avecina un DESPLAZAMIENTO MASIVO debido a los hechos relatados anteriormente.

ANTE ESTOS GRAVES Y LAMENTABLES HECHOS

EXIGIMOS:
1. Que se implemente en el corregimiento de Versalles, con y para la población afectada UNA COMISIÓN DE VERIFICACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO en terreno por parte de la Defensoría del Pueblo en cabeza del Doctor Víctor Castilla e inter-institucionalmente se brinden reales garantías que contrarresten las consecuencias negativas de esta “operación agamenón” afín de resarcir y conjurar los daños causados a los pobladores y familias afectadas, en especial los niños y niñas.

2. Al ministro del interior y de justicia, al procurador general de la nación, al consejero presidencial para los DD.HH y DIH y al fiscal general de nación interponer, velar, requerir, exhortar y/o solicitar se reabran las investigaciones ante las capturas y aprisionamientos de campesinos y campesinas en el marco de la “operación agamenón” en el corregimiento de versalles y veredas circunvecinas, estos y estas son inocentes; al igual que los que tienen órdenes de captura vigentes y la comunidad en pleno reconoce como incriminados sin causa y víctimas de los llamados “falsos positivos judiciales”.

3. A las instituciones nacionales e internacionales, organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales y de derechos humanos acompañar a esta comunidad ante la CRISIS HUMANITARIA que viven y solicitar a los gobiernos que consideren el acompañamiento ante el posible desplazamiento masivo que podría presentarse en los próximos días.

SOLICITAMOS:
A la comunidad Nacional e Internacional, a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, el acompañamiento y apoyo ante esta vulneración de los derechos humanos fundamentales que concurrieron en la relatoría de estos hechos y a difundir públicamente esta denuncia, remitir respuestas al correo: [email protected]

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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