Reporte al congreso sobre fumigaciones Violaciones de la Ley Colombiana y las Condiciones de la Ayuda Norteamericana

Miércoles 15 de junio de 2005, por Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo"

Violaciones de la Ley Colombiana y las Condiciones de la Ayuda Norteamericana

Nueva Campaña de Fumigaciones en el Putumayo

Dentro de Plan Colombia, el gobierno colombiano, en conjunto con el gobierno de los EE.UU. y sus contratistas, comenzó una segunda ronda de fumigaciones en el departamento del Putumayo el 13 de noviembre del 2001 en el municipio de Valle de Guamuez y se extendieron al municipio de Puerto Caicedo el 15 de noviembre.¨[1] También se han recibido denuncias de fumigaciones en el municipio de Puerto Asís y San Miguel, sin confirmar, por Acción Permanente por la Paz. Las fumigaciones actuales siguen una ronda inicial realizada en diciembre del 2000 y febrero del 2001 cuando se fumigaron más de 30,000 hectáreas.

Desde que los gobiernos de Colombia y EE.UU. comenzaron la segunda ronda de fumigaciones aéreos con el glifosato en El Putumayo como parte de Plan Colombia, Acción Permanente por la Paz ha documentado violaciones, tanto de la teoría como el espíritu de las leyes colombianas y de la legislación de la Iniciativa Andina (H.R. 2506), aprobada por el Senado de los EE.UU. el 24 de Octubre del 2001.

Pactos Sociales del Desarrollo Alternativo Un poco antes del inicio de las fumigaciones el año pasado, el gobierno colombiano empezó a firmar “Pactos Sociales para el Desarrollo Alternativo y Erradicación Manual” con comunidades productores de coca. El primer Pacto se firmó en Puerto Asis el 2 de diciembre del 2000. Actualmente son 35 Pactos entre el gobierno colombiano y las comunidades del Putumayo, incorporando acerca de 35,000 familias.[2]Los Pactos incluyen los sigientes compromisos[3]:

El gobierno se compromete a:

1. Entregar a cada familia un monto no superior a los $2.000.000 para la seguridad alimentaria.
2. Realizar estudios de comercialización para cultivos alternativos.
3. Apoyar proyectos productivos en la zona.
4. Dar asistencia técnica a la comunidad.
5. Ayudar a financiar proyectos de infrastructura como carreteras, educación, salud, inversión, salubridad y electrificación.

La comunidad se compromete a:

1. Cambiar la economía de la comunidad de la coca a la produción lícita.
2. Erradicar la coca dentro de los 12 meses siguientes a la entrega de la seguridad alimentaria.
3. No realizar nuevas siembras.

Los Pactos fueron diseñados para animar a los pequeños productores de coca, la mayoría de los cuales tienen 3 hectáreas o menos de coca, a cambiar a la producción lícita. Hay casos de familias con hasta 6 hectáreas participando en los Pactos.[4] Es poco probable que familias con 10 hectáreas o más, participen en los Pactos. Hay una diferencia comprensible entre una familia que es pequeña productora de coca, la cual la siembra para sobrevivir y gana aproximadamente $2.000.000 de pesos mensuales[5], y el productor industrial que tiene vínculos directos con los poderosos y ricos narcotraficantes.

Además de los Pactos, que reciben financiación del gobierno de los EE.UU. a traves de la legislación de Plan Colombia, hay proyectos de desarrollo alternativo que actualmente se realizan en el Putumayo. Uno de ellos es el Programa de Pactos de Erradicación Temprana financiado por el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo. La Gobernación departamental del Putumayo, con el propósito de mostrar al gobierno nacional y a la comunidad internacional que la gente del Putumayo toma en serio la erradicación de la coca ha promovido esta inciativa. Comenzando en julio del 2001, 2.722 familias han firmado acuerdos en los cuales se han comprometido a erradicar más de 2.300 hectáreas de coca en sies meses a cambio de más ayuda de desarrollo alternativo.[6]

El 13 de noviembre la Policía Antinarcoticos, en conjunto con la contratista del gobierno de los EE.UU., Dyncrop, y la Brigada de Ejército Nacional Contra El Narcotrafico, fundada, financiada y capacitada por el gobierno de los EE.UU., comenzó la erradicación de coca por asperción aérea en las comunidades del Putumayo que están participando en los programas de desarrollo alternativo, incluyendo los Pactos. Esto fue verificado por Acción Permanente por la Paz in situ y corraborado por un oficial de la Brigada Contra El Narcotrafico.[7]

El gobierno colombiano justifica la nueva ronda de fumigaciones en el Putumayo señalando: “asi como se ha detectado la siembra de nuevas matas de coca en los últimos tres meses, a pesar del compromiso de los firmantes de los pactos de no realizar nuevas siembras.” [8] El Pacto Social dice: “si una vez suscrito el Pacto se presenta nuevos cultivos de coca en el área de influencia, se considerará incumplido por la comunidad y el Gobierno determinará la forma de erradicación de ésta actividad.” [9]

¿Violaciones de los Pactos? Acción Permanente por la Paz visitó comunidades afectadas por la nueva ronda de fumigaciones. Aunque parecía que en general las comunidades están respetando sus compromisos con el gobierno de no realizar nuevas siembras, Acción Permanente por la Paz pudo encontrar algunos casos aislados en los cuales, aparentamente, firmantes de los Pactos habían hecho nuevas siembras. Sin embargo, la cantidad de nuevas siembras parece mínima y no podría merecer ni justificar las fumigaciones masivas e indiscriminadas que se han hecho. Un miembro de la asamblea departamental del Putumayo dijo a Acción Permanente por la Paz: “Sabemos que ha habido un incremento en la cantidad de cultivos de coca, pero el incremento ha sido en los cultivos industriales. En general las comunidades han repetado los Pactos esperando que el gobierno cumpla con sus compromisos.”[10]

Queda claro que las actuales, masivas e indiscriminadas fumigaciones hechas por el gobierno, viola el éspiritu de los Pactos. Aunque existen pruebas limitadas de unos cuantos cultivadores que han incumplido sus obligaciones a los Pactos, la respuesta de castigo de fumigaciones de los gobiernos de Colombia y EE.UU es masivamente desproporcionada frente a las infracciones menores de los campesinos.

La introducción del Pacto afirma que éste se basa en “la búsqueda de una solución más humana al problema de los cultivos ilícitos...en la cual se unen las voluntades de los habitantes y los representantes del Estado en un camino que tiene como fundamento la participación de la comunidad y la generación de confianza mutua entre las parte mencionadas.” [11]. Las fumigaciones no anunciadas a las familias firmantes de los Pactos y quienes lo están respetando, que fue verificado por Acción Permanente por la Paz in situ, no es la forma de generar la muy necesitada confianza entre el gobierno y la comunidad.

El Pacto dice: “en los casos de veredas en que la mayoría de los productores se vinculen al Pacto Social de Erradicación Voluntaria, el Gobierno y la comunidad buscarán los mecanismos para lograr el objectivo de erradicación de la coca de aquellos agricultores que no suscriban el Pacto sin perjuicio para quienes hayan cumplido los compromisos.”[12]. Sería lógico entender de esta frase que antes de fumigar sus vecinos quienes no son miembros de, o no están cumpliendo los Pactos, el gobierno hubiera, por lo menos, consultado con aquellos que sí lo están haciendo, pero eso no se hizo. Además es claro que las fumigaciones realizadas debido a la aparición de las nuevas siembras han perjudicado firmantes del Pacto que están cumpliendo sus compromisos.

Mientras, el gobierno rápidamente señaló el incumplimiento de los Pactos por parte de los campesinos, y los ha castigado con otra ronda de fumigaciones. Los gobiernos de Colombia y los EE.UU. no están cumpliendo sus compromisos suscritos en los Pactos. Ségun representantes del gobierno departamental y municipal, cuando nos acercamos a “los 12 meses desde el inicio formal de los pactos sociales únicamente se ha ejecutado el 5%, es decir, aproximadamente de los $70.000 millones asignados para seguridad alimentaria, generando el incoformismo y desánimo los campesinos involucrados en pactos sociales.”[13] De hecho, Acción Permanente pudo documentar casos en los cuales casi pasan los sies meses desde la firma de los Pactos sin que se haya entregado ni siquiera la seguridad alimentaria a las comunidades.

Igualmente pudo confirmar que desde el 13 de noviembre del 2001 al 23 del mismo mes, solamente en el Valle de Guamuez, más de 30 veredas fueron fumigadas, cuya totalidad firmó, por lo menos, tres diferentes Pactos.[14] Esas comunidades no solo participaban en los Pactos, sino que algunas también eran parte de otros programas de desarrollo alternativo, como el Programa de Erradicación Temprana financiado por el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo. Acción Permanente por la Paz también pudo documentar que cultivos sustitutos dentro de este programa, como maiz y arroz, fueron afectados por las fumigaciones de Noviembre.

Fumigaciones Violan la Ley Colombiana y Causan Posibles Daños a la Salud Humana Acción Permanente por la Paz pudo establecer la fumigación de extensiónes de cultivos de familias que contenían hasta menos de media hectárea de coca. Ségun la Resolución 0005 del 11 de Agosto del 2000 del Consejo Nacional de Estupefacientes, que regula las fumigaciones, contempla que las fumigaciones serán utilizadas para extensiones de cultivos de más de 2 hectáreas. De la misma manera, la Resolución menciona que, al menos, se están usando cultivos lícitos mezclados con coca para distraer las fumigaciones, solo se podrán fumigar cultivos ilícitos, sin afectar cultivos lícitos, pasto o cuerpos de agua. De hecho la Resolución dice que la aplicación de químicos “en zonas rurales no podrá efectuarse a menos de 10 metros en forma terrestre y de 100 metros para la aérea como franja de seguridad, en relación a cuerpos o cursos de agua, carreteras troncales, núcleos de población humana y animal o cualquier otra área que requiera protección especial.”[15] Sin embargo, Acción Permanente por la Paz encontró pruebas que indican que todo lo anterior ha sido y sigue siendo fumigado en la ronda actual de fumigaciones, una violación clara de la Resolución.

Después de las fumigaciones anteriores en Putumayo, se presentaron cientos de casos de efectos en la salud humana. Posibles efectos en la salud de la actual ronda de fumigaciones ya se han comenzado a presentar. Acción Permanente por la Paz recibió testimonios de médicos e individuos con posibles efectos en su salud , así como de médicos que antiendien los casos o un experto en el tema. Asi mismo documentó por lo menos cuatro casos de “intoxicación” en los cuales, con diferentes niveles de severidad, el individuo mostró problemas de diarrea, epigastria, y vómito a algunas horas de haber sido fumigado con glifosato. [16]

El caso más alarmante documentado por Acción Permanente por la Paz fue el de la muerte de Edwin Javier Daza, un niño de 11 meses del Valle de Guamuez. Ségun un informe del Departamente Administrativo de Salud del Putumayo, “el día 15 de noviembre hacia las 7:30 de la mañana pasó la avioneta fumigando muy cerca de la casa, alcanzando el caño de agua donde se toma el agua, en ese entonces Edwin se encontraba jugando en el patio.” El informe también indica que el niño se veía normal antes de la fumigación. El único problema de salud encontrado en su historia clínica fue una fiebre cuando tenía 3 meses. El día de la fumigación, hacia las 12 del día, los ojos de Edwin se pusieron rojos y se rascaba la nariz. Durmío mucho el resto del día hasta las 11 pm cuando comenzó a mostrar mareo. Momentos después, le sobrevino vómito, diarrea, sudaba frío y sus pies y manos se ponían morados. Lloraba cuando se le movía y a la mañana siguiente tenía todo el cuerpo morado con los ojos desorbitados y seguía presentando diarrea; en este punto su madre lo llevó al hóspital. A las 8 de esta noche Edwin murió.[17]

La madre de Edwin es una joven viuda y propietaria de una pequeña extensión de tierra sin una sola mata de coca. Ella informó que su padre también fue fumigado y hospitalizado presentando diarrea, vómito y epigastria.[18] Un equipo de médicos forenses de Bogotá está estudiando las pruebas de la autopsia del cuerpo de Edwin intentando percibir la causa de su muerte. Mientras, el medico que atendió al niño en el hóspital no podía decir con completa certeza que las fumigaciones causaron su muerte, tampoco pudo hallar otra razón para explicar los síntomas y su rápida progresión de normalidad a la muerte.[19]

Recomendaciones Las condiciones de la Iniciativa Andina indican que los recursos solo se darán si “los químcos usados en las fumigaciones áereas de coca...no traen riesgos innecesarios para la salud humana, y que la fumigación áerea se realice de acuerdo con las leyes colombianas y sus regulaciones...”[20] . Acción Permanente por la Paz ha documentado posibles efectos en la salud humana de las fumigaciones y violaciones concretas de la ley colombiana. Dicha situación hace cuestionar la continuación de la ayuda del gobierno de los EE.UU. para las fumigaciones y, específicamente, la continuación de la ronda actual de fumigaciones en el Putumayo.

Acción Permanente por la Paz recomienda enfáticamente que la ronda actual de fumigaciones se detenga en forma inmediata hasta que el gobierno colombiano cumpla con sus propias leyes, y hasta que los posibles efectos para salud humana de, esta y la anterior rondas de fumigaciones, puedan estudiarse de forma seria e independiente. Así mismo, recomienda que se cesen las fumigaciones en las zonas de los Pactos hasta que se haya dado una oportunidad real a los campesinos de cumplir con sus compromisos de erradicación manual y volutaria y hasta que el gobierno haya cumplido sus compromisos suscritos en los Pactos. Finalmente, Acción Permanente por la Paz recomienda que los gobiernos de los EE.UU. y Colombia se indemnice a todos los campesinos cuyos cultivos fueron fumigados injustamente en las dos rondas de fumigación en el Putumayo.

Colombia y EE.UU. se unen en su lucha para hallar soluciones a los perjuicios del narcotráfico. Infortunadamente, las soluciones dadas son destructivas, represivas e ineficientes. En el caso de la renovación de las fumigaciones aéreas en las comunidades del Putumayo, que son firmantes de los Pactos, campesinos inocentes son las víctimas de esa, la más reciente batalla en la llamada “lucha contra las drogas.” Dichos esfuerzos son doblemente incapaces puesto que los productores pequeños son blancos de las fumigaciones y estas acciones van en contra de las iniciativas positivas, y hasta ahora no probadas, de erradicación voluntaria y manual de la producción de la coca; y son doblemente destructivas, porque destruyen cultivos lícitos, como también la frágil confianza que se comenzó a construir entre las comunidades y el gobierno hace poco. Si los gobiernos de EE.UU. y Colombia toman en serio la promoción del desarrollo social y cultivos alternativos en zonas productores de coca, tienen que cesar, de forma inmediata, las fumigaciones, y tomar medidas para reconstruir la quebrada confianza entre los firmantes de los Pactos y el gobierno.

 

Notas

1. Comunicado de prensa del gobernador y de los alcaldes del Putumayo, 15 de noviembre de 2001. (regresar)

2. Ibid. (regresar)

3. Pacto Social por el Desarrollo Alternativo, Valle de Guamuez, 1 de junio de 2001. (regresar)

4. Entrevista de Acción Permanente por la Paz con un experto de cultivos ilícitos de la Defensoría del Pueblo del gobierno colombiano, Bogotá, 26 de noviembre de 2001. (regresar)

5. Ibid.(regresar)

6. Programa Pactos de Erradicación Temprana, Informe Ejecutivo, Secretaria de Desarrollo Agropecuario, el 13 de octubre del 2001. (regresar)

7. Entrevista de Acción Permanente por la Paz con un oficial de la Brigada de Ejército Nacional Contra El Narcotráfico, La Hormiga, Putumayo, 18 de noviembre de 2001. (regresar)

8. Carta del Asesor Presidencial para la Coexistencia y la Seguridad Ciudadana, Gonzalo de Francisco, al alcalde del Valle de Guamuez, Flover Edmundo Meza, 14 de noviembre de 2001. (regresar)

9. Pacto Social por el Desarrollo Alternativo, Valle de Guamuez, 1 de junio de 2001. (regresar)

10. Entrevista de Acción Permanente por la Paz con un miembro de la Asamblea Departamental del Putumayo, Puerto Asis, Putumayo, 17 de noviembre de 2001. (regresar)

11. Pacto Social por el Desarrollo Alternativo, Valle de Guamuez, 1 de junio de 2001. (regresar) 12 Ibid (regresar) 13 Comunicado de Prensa del gobernador y de los alcaldes del Putumayo, 15 de noviembre de 2001. (regresar)

14. Entrevista de Acción Permanente por la Paz con un representante del gobierno municipal del Valle de Guamuez, 27 de noviembre de 2001. (regresar)

15. República de Colombia, Consejo Nacional de Estupefacientes, Resolución No. 0005 de 2000. (regresar)

16. Entrevistas de Acción Permanente por la Paz con campesinos y el jefe de médicos del hospital del Valle de Guamuez, entre los días 17-18 de noviembre de 2001, y con el epidemiológico de DASALUD, Mocoa, Putumayo, 21 de noviembre de 2001. (regresar)

17. Departamento Administrativo de Salud del Putumayo, “Caso del Niño Edwin Javier Daza,” 22 de noviembre del 2001. (regresar)

18. Ibid. (regresar)

19. Entrevista de Acción Permanente por la Paz con el medico de Edwin Javier Daza, Valle de Guamuez, el 17 de noviembre de 2001. (regresar)

20. Senado de los Estados Unidos, H.R. 2506, pasado por el senado el 24 de octubre de 2001. (regresar)

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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