Un llamado a nombrar a Defensor o Defensora con autoridad ética y académica

Miércoles 1ro de junio de 2016, por Prensa - Colectivo

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo alerta sobre riesgo de continuación de la entrega de la Defensoría del Pueblo a intereses partidistas convoca la acción ciudadana por la recuperación del rol de esa institución. La elección del Defensor no debe ser una farsa, como la escenificada recientemente en la supuesta convocatoria para integrar la terna de candidatos a Fiscal General.

Defensores de derechos humanos |

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo alerta sobre riesgo de continuación de la entrega de la Defensoría del Pueblo a intereses partidistas convoca la acción ciudadana por la recuperación del rol de esa institución.

A raíz de la renuncia del Defensor del Pueblo a comienzos de 2016, diferentes sectores representativos de los trabajadores de la entidad recalcaron que los problemas de la Defensoría del Pueblo no se reducen a las conductas del señor Otálora, sino que pese al compromiso de la mayoría de los servidores públicos que laboran en ella, en la mayoría de las ocasiones, debido a consideraciones políticas, la magistratura moral se ve desvirtuada para favorecer intereses privados en contraposición a los de las víctimas de las vulneraciones graves y sistemáticas de los derechos humanos.

En tal sentido, los integrantes del Colectivo “Iván Villamizar Luciani”, llamaron a un debate público sobre los puntos que caracterizan la crisis institucional de la Defensoría del Pueblo, entre los que se destacan:

1. La injerencia de partidos políticos que inciden en la selección, contratación y nombramiento de Directivos, Defensores Regionales, funcionarios y servidores públicos, tanto en el nivel central como en el regional. Esta situación se ha traducido en la vinculación a la entidad de personas sin las calidades profesionales y éticas requeridas para la promoción y defensa de los derechos humanos.

2. El acoso y maltrato laboral en diferentes niveles de la entidad, el cual se ha constituido como un efecto dominó en una práctica sistemática de algunos directivos y algunos defensores regionales hacia sus trabajadores, afectando el buen funcionamiento de la institución.

3. La estrategia de los medios masivos de comunicación, como orientadora de la gestión misional que desvía la verdadera defensa de los derechos humanos, que la mayoría de las veces no se tradujo en un fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo, puesto que implicó la ruptura de procesos de trabajo, convirtiendo a defensores de derechos humanos en reporteros de prensa. De esta manera, frente a las violaciones de los derechos humanos no se inician procesos sostenidos para protegerlos, y en su lugar se adelantaban acciones y pronunciamientos con carácter superficial en función de lo mediático y no como un compromiso con las comunidades afectadas.

4. La injerencia efectiva de actores poderosos (empresarios, políticos, presuntos despojadores, Gobierno Nacional, etc.) en las decisiones y posturas de la Defensoría del Pueblo, de manera que se adecúen a sus intereses particulares y no a la garantía de los derechos humanos.

Estas situaciones, ya sin los elementos grotescos que causaron la salida del señor Otálora, siguen gravitando en la Defensoría del Pueblo y ya que al nivel directivo continúan al frente de la entidad personas designadas por él, y el propio renunciante todavía sigue ejerciendo influencia sobre la Defensoría. La interinidad agrava la crisis y no se observa ninguna intención dirigida a sacar a este órgano de su postración. La presencia del Defensor encargado en actividades en la asamblea contra la restitución de tierras en San Alberto el 16 de abril en compañía del Procurador y de reconocidos despojadores es muestra del lamentable papel de una entidad que debe caracterizarse por su defensa de los derechos de las víctimas.

Ante la posibilidad de concreción de acuerdos hacia el fin del conflicto armado, paralelas a las amenazas y acciones criminales contra defensores de derechos humanos, líderes de restitución de tierras y activistas sociales y políticos, es más necesario que nunca recuperar el carácter independiente de la Defensoría como entidad que vela por la paz, los derechos humanos y por los intereses de los sectores más vulnerables de la población, así como por los colombianos residentes en el exterior.

Hacemos eco de los llamados de los servidores de la Defensoría a elegir a un Defensor del Pueblo que ostente la categoría personal de la “auctoritas” como una condición fundamental para aplicar su mandato, como jurista de probada ciencia y de especial integridad, característica se halla íntimamente vinculada a los principios de autonomía, independencia, transparencia y probidad, constitutivos de la credibilidad y confianza que se debe cultivar como fuerza persuasiva y de altas condiciones morales, éticas y profesionales.

Aún cuando existen personas con estas características en la academia y en otros ámbitos de la vida nacional, es en los espacios del movimiento social y de las organizaciones defensoras de derechos humanos en donde pueden hallarse los candidatos más adecuados para el cargo, especialmente si se tiene en cuenta su compromiso de vida con las víctimas.

Los nominadores, Presidencia de la República y Cámara de Representantes deben estar a la altura de las exigencias del momento y no repetir el error de negociar en medio de intrigas politiqueras. Como lo reseñó en su momento el periódico, El País, de Cali: “Luego de haber aceptado su renuncia como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, el pleno de la Cámara de Representantes eligió al exvicefiscal general Jorge Armando Otálora como nuevo Defensor del Pueblo. Con una amplia mayoría, 126 votos de 136 posibles, la coalición de la Mesa de Unidad Nacional, que respalda las políticas de gobierno del presidente Juan Manuel Santos, eligió al jurista, escritor y catedrático Jorge Armando Otálora por encima de Emperatriz Linares, experta en derechos de infancia, quien obtuvo 4 votos, y Olga Lucía Gaitán, especializada en derechos humanos, quien también alcanzó 4 respaldos”.

La elección del Defensor no debe ser una farsa, como la escenificada recientemente en la supuesta convocatoria para integrar la terna de candidatos a Fiscal General.

Es urgente coordinar las Ongs de derechos humanos y a lo más representativo del movimiento social para contribuir a la designación de un defensor o defensora del pueblo con alta autoridad ética y académica que recupere la dignidad de esa alta magistratura y desarrolle una labor coordinada con las organizaciones de empleados y profesionales de entidad y con la sociedad civil.

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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