URIBE Y LOS MILITARES: DE LA AQUIESCENCIA A LOS "POSITIVOS"
(Valencia - España) (Autor: Teófilo Vásquez y Camila Villate R, Investigador Cinep y Joven investigadora Cinep

Jueves 14 de diciembre de 2006, por Prensa - Colectivo

Este artículo tiene como objetivo, explicar las vicisitudes que durante esta administración han afrontado las relaciones entre el poder ejecutivo y la fuerza pública. Ya que suponer que las afinidades ideológicas, el énfasis en el terreno militar de la Seguridad Democrática , la vocación ofensiva contra las guerrillas que este gobierno ha tenido en terreno bélico, político y jurídico, implicarían la desaparición o la disminución de las tradicionales tensiones, desencuentros y hasta choques que han caracterizado las relaciones entre el poder civil y el poder militar, resulta equívoca.

Se pretendía pensar que la designación de un civil en el Ministerio Defensa era un avance, lo cual permitiría poner fin a la tradicional autonomía de los militares en materia de “orden público” y dar por terminadas las resistencias del estamento armado a los procesos de paz. Ni siquiera en este gobierno, que enfatiza la seguridad como eje de su gestión, esto se ha logrado, y en la práctica el ministerio en cabeza de un civil se ha convertido en una oficina de enlace entre el presidente y los altos mandos militares.

Estas tensiones se pueden resumir en tres aspectos: la corrupción, los efectos negativos del eficientismo, producto del afán desbordado por resultados exigido por el presidente, y las profundas resistencias a los procesos de modernización que implican la ayuda creciente de los Estados Unidos. Estos aspectos son agravados por un entendimiento negativo del espíritu de cuerpo que fácilmente se desliza de la solidaridad a la complicidad.

Los episodios

La resistencia a la modernización.

Un primer hecho de una larga cadena fue la abrupta salida de Martha Lucía Ramírez de la cartera de Defensa, relacionada con el malestar que generaron en las Fuerzas militares sus intenciones de asumir el manejo de la contratación. La gran sacrificada fue la exministra que venia realizando una importante labor de profundización en el proceso de reingeniería iniciado durante la administración Andrés Pastrana.

Luego, en mayo del 2005, sorpresivamente fueron llamados a calificar servicios cuatro de los seis generales del Estado Mayor del Ejército. Los altos oficiales estaban en desacuerdo con la nueva doctrina militar que pretendía organizar comandos conjuntos que reunieran componentes de todas las Fuerzas Militares (Ejército, Fuerza Área y Armada Nacional) y estuvieran al mando de un solo jefe (de cualquiera de las tres armas) en zonas determinadas. Otras razones por las cuales los generales fueron relevados tienen que ver con su inconformismo en algunas medidas administrativas que había tomado el gobierno en el sector de defensa, y por desacuerdos con el entonces Ministro de Defensa Jorge Alberto Uribe. Estas salidas estuvieron acompañadas de un gran impacto en la opinión, ya que los generales manifestaron públicamente su desacuerdo y no ahorraron críticas al ministro de defensa. Este hecho también deja en claro que la creciente ayuda militar de lo Estados Unidos condicionada a avances en derechos humanos, acelerar el proceso de reorganización y la adopción de “modelos importados”, como los comandos conjuntos, que tienen efectos negativos al interior de la alta oficialidad, quienes se sienten marginados de decisiones trascendentales para el futuro de la fuerza pública .

La última jugada para “modernizar” las Fuerzas Armadas tuvo como vocero al Ministro de Defensa Juan Manuel Santos, quien dio a conocer el 8 de octubre su deseo de “entregarle al país una nueva estrategia de consolidación que recoja los éxitos alcanzados y se adapte a los nuevos retos para conquistar la paz”. Cinco cambios específicamente se realizarían, cambios que tienen que ver con el manejo de la inteligencia, nuevas reparticiones de tareas en cada una de las fuerzas y el endurecimiento de las facultades discrecionales para separar a miembros involucrados en casos de corrupción o delitos. Estas reformas están vinculadas estrechamente con los distintos descubrimientos que se han hecho sobre vinculaciones de militares en atentados, fuego cruzado entre grupos y demás sucesos que han generado una agenda mediática que ha puesto en entre dicho las actitudes de las Fuerzas Militares.

La corrupción y los derechos humanos.

Las Fuerzas Militares vivieron uno de sus peores traspiés cuando en Febrero de 2006 se supo que varios soldados habían sido torturados por sus superiores en las instalaciones del Batallón Patriota de la VI Brigada con sede en Honda, departamento del Tolima. La noticia se conoció por medio de la Revista Semana y no por medios oficiales. Esta situación provocó la salida del Comandante del Ejército Reynaldo Castellanos por no contarle al presidente sobre las torturas, la designación inmediata de su reemplazo y el pronunciamiento presidencial rechazando lo sucedido. Cabe anotar que el General Castellanos jugó un papel clave en varios de los éxitos de la política de Seguridad Democrática: “Lideró la Operación Libertad Uno, que en el 2003 rompió el cerco de la guerrilla de las FARC sobre Cundinamarca, y disminuyó dramáticamente el secuestro en la región y Bogotá. Fue quien puso en marcha la primera fase del Plan Patriota en el sur del país, la operación militar de mayor envergadura en muchos años contra la guerrilla” (Semana, Febrero 21,2006).

Otro hecho grave sucedió en Guitarrilla, Nariño, donde siete agentes del Gaula y cuatro civiles murieron por los disparos de 20 militares. Mientras el general Daniel Castro, comandante de la Policía, insinuó que los cuerpos de sus hombres habían sido manipulados por el Ejército después de muertos, este emitía un comunicado en el que daba a entender que los miembros del Gaula estaban en actividades ilícitas.

También se hallan comprometidos en violaciones a los derechos humanos miembros de la Cuarta Brigada del Ejército, con sede en la Capital de Antioquia, quienes presentaron los cadáveres de 30 guerrilleros dados de baja en enfrentamientos durantes los últimos 15 meses. Nuevamente las inconsistencias salieron a relucir. La ONU, La Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia, la Fiscalía y otros organismos del Estado denunciaron que estos supuestos guerrilleros en realidad eran civiles, por lo que cuatro suboficiales y 13 soldados fueron detenidos preventivamente.

También las Fuerzas Militares sufrieron un gran golpe ante la opinión pública (escenario primordial para el gobierno) cuando el 22 de Mayo de este año 10 policías de la Dijín y un civil fueron asesinados por hombres del Batallón de Alta Montaña del Ejército en Jamundí, Valle. Esta unidad de la Dijín era la más exitosa en la lucha contra el narcotráfico. El alto gobierno, comandado por el presidente Uribe exigió explicaciones inmediatas sobre lo sucedido. Las respuestas por parte del Escuadrón de Alta Montaña fueron múltiples, desde calificar el hecho como un “fuego amigo”, producto de la oscuridad en la que se dio el enfrentamiento (aunque más adelante fue aclarado que el suceso ocurrió durante el día), hasta culpar al informante de la Dijín (que por cierto murió junto a los otros agentes en el lugar) de haberles dado una información falsa. Lo mas grave es que el mismo presidente se hiciera de la hipótesis según la cual los militares implicados estaban al servicio de grupos narcotraficantes que actuaban en la zona.

Los efectos negativos del eficientismo y la meritocracia de la mentira.

Durante estos 4 años de Seguridad Democrática en Colombia se ha consolidado la cultura de los ’positivos’ que consiste en un afán por parte de los generales y mandos medios de las Fuerzas Armadas por mostrar a toda costa sus éxitos militares. Esto, producto sobre todo de la constante presión ejercida por parte del presidente quien llama directamente a los comandantes en terreno para presionarlos, Uribe recién posesionado indico:"Los militares que no den resultados vayan presentando la renuncia”.

Semejante actitud exacerbó las competencias entre las distintas fuerzas del estamento armado y del silencio cómplice del pasado se transitó a la patente de corzo, es decir, los miembros de las fuerzas consideran que todo es válido en aras de conseguir resultados, lo que resulta más grave cuando desde palacio se envían mensajes en ese sentido.

Así, en la segunda semana de marzo del presente año, el Ejército y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz le anunciaron al país la desmovilización en Alvarado, Tolima, de 70 guerrilleros de las FARC (con comandante y avión incluidos). Sin embargo, se descubrió que los “supuestos” guerrilleros en realidad nunca habían estado en las FARC, además fueron presentados como parte de un comando de las FARC que ni siquiera existía y uniformados y armados por el mismo Ejército. Lo que parecía ser un gran golpe se convirtió en un simple montaje.

El 14 de agosto de este año el Gaula del Ejército presentó ante los medios de comunicación un parte en el que reportaba el rescate de dos secuestrados y la muerte de seis de sus secuestradores en el Atlántico. Hace dos semanas se descubrió que todo era mentira, las dos supuestas víctimas resultaron ser narcotraficantes, y el combate no tenía como objetivo su rescate sino al contrario, junto con siete militares los supuestos secuestrados realizaron un ajuste de cuentas de la mafia que terminó con seis víctimas.

El último y más sonado empezó en septiembre de este año, cuando se descubrió que un coronel, un mayor, un capitán y un teniente del Ejército participaron en siete actos terroristas, la mayoría de ellos ocurridos en la capital del país días previos a la segunda posesión de Uribe. Hace cuatro años las FARC atentaron contra el Palacio de Justicia el día de su posesión, lo que hacía prever que este año ocurriría lo mismo. Los medios no dudaron en atribuirle los hechos a las FARC, lo que hizo más fácil las acciones de estos militares. Al parecer todo fue un engaño colectivo, o al menos eso dicen las primeras versiones, corroboradas por un comunicado impartido por el general Mario Montoya. El Fiscal general Mario Iguarán habló de la posibilidad de que estos militares fueran infiltrados de las FARC.

En días pasados la Procuraduría consideró que había indicios claros para comenzar el juicio contra estos militares. La decisión se conoció días después de que el Fiscal general señalara ante la Comisión Segunda del Senado que aún no se encontraban evidencias que implicaran a los oficiales, en el mismo debate el Ministro de Defensa Juan Manuel Santos aseguró que habían evidencias de que el supuesto montaje de atentados era un montaje contra el Gobierno.

Conclusiones.

No es casualidad que tanto en el Ministerio de Defensa como en las cúpulas militares hayan desfilado tantos personajes durante estos cinco años, en contravia de una de las promesas del presidente de gobernar con ministros de 4 años. Igualmente otra de las promesas de Uribe de realizar una lucha frontal contra la corrupción, al menos en el caso de las fuerzas armadas deja serias dudas.

Contra los éxitos de la Seguridad Democrática, sean mediáticos o reales, conspiran los constantes escándalos de corrupción, narcotráfico y vínculos con los paramilitares de los miembros de la fuerza publica.

También, son un grave escollo para lograr el apoyo y consenso nacional sobre la fuerza publica que reiteradamente reclama Uribe, las graves violaciones a los derechos humanos y las resistencias al proceso de modernización administrativo que se ha hecho patente durante estos cuatro años. Lo primero por que se convierte en un argumento más a favor de sectores de la comunidad internacional y nacional que se han convertido en críticos de oficio de la Seguridad Democrática, el segundo aspecto por cuanto compromete el apoyo de sectores políticos (coalición de gobierno) y sociales (gremios) necesarios para mantener la gobernabilidad y la continuidad de la Seguridad Democrática en el segundo periodo de Uribe.

Finalmente, una lección que puede ser paradójica al tratarse de las Fuerzas armadas estatales: para alcanzar la paz y prepararse para el posconflicto es necesario un “proceso de paz” con lo militares que tenga como objetivo su reincorporación a la vida civil y a una visión civilista de los problemas nacionales; y que los comprometa haciéndolos parte activa de los procesos de paz, tanto del que actualmente se desarrolla con los autodefensas, como de los que eventualmente se desarrollen con la guerrillas.
Por lo anterior es necesario superar la “doctrina” de extirpe republicana, según la cual las fuerzas amadas no deben deliberar en política consagrada por Alberto Lleras en su discurso del 9 de mayo de 1958, la línea divisoria entre la actividad política y militar establecida en ese entonces es insostenible en la Colombia de siglo XXI. Sin embargo, cabe rescatar un pasaje de ese famoso discurso que parece no observar el presidente Uribe: “En Palacio no habrá intrigas militares, desde palacio no se jugará con la suerte, ni el honor, ni la carrera de ningún miembro de las Fuerzas Armadas”.

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

Ed. Avianca: Calle 16 No. 6-66 Piso 25 - Bogotá DC - Horario de Atención: Martes a Viernes, 2 a 5 pm - PBX: (571) 7421313 - FAX: (571) 2824270 - Apartado Aéreo: 33035