El pueblo colombiano ha venido sufriendo el abandono en la inversión social, el
poco acceso a la educación y la mala calidad de la misma que se suma además a la
nula garantía de transporte y alimentación escolar, el no cubrimiento de los
servicios administrativos en las instituciones, la falta de profesores y la escasa
posibilidad con que cuentan los jóvenes bachilleres para acceder a la educación
superior; el riesgo inminente de la vida y la integridad por la carencia de una salud
aplicada como un derecho fundamental que ha llevado a que las personas se
mueran esperando una atención integral, los pocos tratamientos no se compadecen
con la gravedad de las enfermedades y los medicamentos no se suministran de
manera oportuna y acorde al padecimiento de los pacientes, la inexistencia de
unidades de atención especializadas en la mayoría de los municipios del país,
aunado a la violación sistemática de los derechos laborales de las y los trabajadores
de la misión médica; el acaparamiento de las tierras en manos de la oligarquía y las
empresas transnacionales producto del despojo y la adjudicación para el desarrollo
de megaproyectos minero-energéticos, de infraestructura y agro-combustibles, y
no para la producción de alimentos y agua para la vida.
La hecatombe ambiental, social y humanitaria producto de la actividad extractiva
para el saqueo y expoliación de nuestros recursos que ha llevado al desplazamiento
forzado en grandes masas de campesinos, indígenas y afro-descendientes, la
vulneración de sus derechos ancestrales y la pérdida de identidad, valores y
costumbres.
Penurias compartidas por la mayoría de los sectores populares, oprimidos y
empobrecidos del país, que afrontan además, el desempleo, subempleo,
marginación y exclusión.
Todo ello consecuencia de los dictámenes y misiones que el sistema capitalista le
impone a los países mal llamados subdesarrollados o del tercer mundo.
En esa dirección, el gobierno nacional para profundizar el sistema y su estado
actual, el modelo neoliberal, propone su Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018,
que terminará la tarea de entrega total de la soberanía, los recursos y la
privatización de los derechos económicos, sociales y culturales.
Para garantizar el cumplimiento de esos dictámenes, se arrecia la estrategia
criminal de agresión contra el pueblo, aumentando la militarización de los campos y
ciudades con una fuerza mercenaria al servicio de los intereses del capital
transnacional que contraría el legado de lucha por la independencia, libertad y
soberanía adelantada por el ejército de Bolívar del cual dicen descender; aumenta
el desplazamiento, judicialización y muerte a las personas que se atreven a
reclamar su derecho a la tierra y a una vida digna; y persigue y estigmatiza el
movimiento social.
Sin embargo, se habla de la paz, el reconocimiento y el derecho de las víctimas
como prioridad del Estado mientras se dilata el cumplimiento de los acuerdos
mínimos efectuados con la Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular
para entrar a un proceso de interlocución nacional y regional que permita dar
solución al pliego de exigencias.
Con base en todo lo anterior declaramos:
Que rechazamos contundentemente el Plan Nacional de Desarrollo, por ser un
instrumento encaminado a afianzar el sistema económico imperante en detrimento
de la vida, la dignidad, la soberanía y la paz.
Que reiteramos nuestras apuestas por una paz con justicia social, que conlleve a la
superación de las causas estructurales que generaron el conflicto político, social y
armado en el país.
Que denunciamos las sistemáticas agresiones y amenazas contra la vida, la
integridad y la libertad de los campesinos y campesinas que retornaron a sus
tierras despojadas por el Estado y la OXY en el complejo Caño Limón, y como
Movimiento Político de Masas nos dispondremos a desarrollar las acciones
pertinentes en defensa de sus derechos.
Que es la movilización y la lucha social las principales herramientas para la
transformación de la sociedad.
Que reiteramos nuestra solidaridad con los campesinos movilizados en el Sur de
Bolívar, los indígenas del Cauca y el hermano pueblo de la República Bolivariana de
Venezuela.
Exigimos al Estado colombiano:
Se cumplan los acuerdos hechos en el marco de la Cumbre Nacional Agraria,
Campesina, Étnica y Popular, y los pactados en la mesa de interlocución regional.
Se desmilitaricen los territorios indígenas, campesinos, afro-descendientes y las
universidades.
Se deje de dar un tratamiento de guerra a la movilización y la protesta social,
dejando en libertad de manera inmediata al dirigente social, compañero
ALEXANDER TIBACUY LAGUADO, presidente de la Federación Departamental de
Juntas de Acción Comunal de Arauca, así como a todas y todos los líderes sociales
y populares judicializados en ese marco.
La reversión del campo Caño Limón a la estatal petrolera y la mitigación de la
histórica deuda social, ambiental y humanitaria de la OXY con el pueblo araucano.
El Gobierno Nacional instale con el movimiento social y las comunidades rurales,
quienes conocemos la crudeza y el horror del conflicto social y armado en sus
peores manifestaciones la tercera mesa de diálogo nacional que posibilite discutir
los problemas sociales desde cada una de las regiones
