El articulado del Plan, otorga numerosas ventajas a las empresas mineras, como si no fueran suficientes las ya existentes. Queremos subrayar la ampliación irresponsable de la declaración de utilidad pública e interés social para proyectos de desarrollo, a facultad de ministerios y otras entidades (arts. 48-49). El Plan profundiza la idea de que “utilidad pública” equivale a riquezas de las empresas. El planteamiento se traduce en la potencial expropiación de predios en el país que se consideren dentro del área de interés de cualquier proyecto. Para comunidades campesinas, indígenas, negras la expropiación equivale a despojo, a la pérdida de relaciones sociales, económicas, ambientales, espirituales irrecuperables con el territorio, la expropiación es una forma de cercenar la vida de miles de familias colombianas que se encuentran en zonas de interés económico.

En la segunda fase de la visita que se inició el día 2 de marzo, se ha incorporado el europarlamentario Javier Couso Permuy, quien participa con el resto de la Delegación en reuniones institucionales con el gobierno colombiano para dar a conocer las situaciones halladas en terreno y conocer la postura gubernamental. El próximo viernes 6 de marzo de 2015, a las 11 de la mañana, se realizará una rueda de prensa en la oficina del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -CAJAR, en la que daremos a conocer el informe preliminar detallado de la XI Delegación Asturiana. Posteriormente, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, presentará el balance de sus 10 años de existencia.

Los defensores de derechos humanos en Colombia han sufrido por años las consecuencias del conflicto armado y de una sociedad polarizada. Aunque su vocación es velar por el bienestar de la población, especialmente la más necesitada, muchos de ellos sufren seguimientos, insultos, amenazas y hasta atentados. Una campaña en radio y televisión pretende sensibilizar a los colombianos acerca de la importancia de los defensores de derechos humanos y desestigmatizar su labor.