En 2011, en debate de control político, el entonces representante a la Cámara Iván Cepeda, denunció lo que a su juicio era una estrategia ilegal de apropiación de tierra por parte de las familias Carranza y Beetar en Puerto Gaitán (Meta), quienes lograron que se les adjudicara tierra por parte de Incoder, a través de una compleja red de testaferrato. En julio de 2011 la comunidad del Porvenir, integrada por cerca de 80 familias, junto con la Corporación Jurídica Yira Castro y el senador Iván Cepeda, le solicitaron al Incoder la revocatoria directa de 27 adjudicaciones de terrenos baldíos, por haberse entregado a personas que no cumplían con los requisitos como sujetos de reforma agraria en 1992, desconociendo la ocupación de los habitantes del Porvenir, y por haberse producido irregularidades dentro del proceso de adjudicación. Dentro de los 27 adjudicatarios se encontraban trabajadores de la familia Carranza, como el veterinario, un guardaespaldas, y un administrador de sus fincas.

En la jornada de la tarde se evidenciaron los obstáculos que tienen las mujeres en el marco de las políticas, para lo cual se contó con la participación de Luisa Sanabria de la Unidad de Restitución de Tierras, Tatiana Santos de la Unidad de Víctimas, y la investigadora, Alejandra Coll y la señora Beatriz García quien relató la experiencia del Chimborazo.

Sintrabancol y la UNUB han propuesto como eje de la negociación la Humanización del Trabajo en Bancolombia a partir de la declaración de Banca más Humana que promueve esta institución financiera. Por eso han propuesto al banco una serie de temas nuevos como inclusión laboral, no discriminación, jornada laboral, teletrabajo, ampliación de espacios y temas de diálogo social y mejoraras importantes en los ingresos de los trabajadores, como corresponde a su contribución al crecimiento y los excelentes resultados del banco.