Presentamos a la JEP informe sobre asesinatos de civiles cometidos por el Ejército en el Caribe Colombiano

Viernes 21 de junio de 2019, por CSPP, Prensa - Colectivo

El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -CSPP y el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” -CAJAR presentan a la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP el informe Y volveremos a cantar, con los aires de la paz y el anhelo de justicia”[1], el cual constituye un esfuerzo de las víctimas de la región Caribe para aportar al esclarecimiento histórico de las muertes de sus familiares y dignificar su memoria.

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El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -CSPP y el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” -CAJAR presentan a la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP el informe “Y volveremos a cantar, con los aires de la paz y el anhelo de justicia”[1], el cual constituye un esfuerzo de las víctimas de la región Caribe para aportar al esclarecimiento histórico de las muertes de sus familiares y dignificar su memoria.

Para leer el informe completo

En el informe se documentan 164 casos con cerca de 300 víctimas de ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por integrantes del Ejército Nacional en el periodo 2003 - 2008 en el Caribe colombiano, e incluyen los casos documentados en el informe presentado a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP -SRVR, el pasado 7 de marzo, cometidos bajo la comandancia del entonces Teniente Coronel Adolfo León Hernández Martínez en el Batallón de Artillería No. 2 “La Popa”.

Las víctimas de estas muertes fueron tanto indígenas de los pueblos Wiwa, Wayúu y Kankuamo, como campesinos y pobladores de cascos urbanos en estado de vulnerabilidad como habitantes de calle, población recicladora y personas con algún tipo de adicción, por lo que se advierte un ejercicio de exterminio selectivo.

"Y volveremos a cantar" es una declaración de persistencia frente a la impunidad y el olvido. Su objetivo es que la JEP contribuya al propósito de reconocer que las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, no eran delincuentes y que sus muertes no fueron legítimas. Igualmente, que la información aportada sirva como medio de contrastación de las versiones voluntarias de los ex integrantes del Ejército que han comparecido para aportar a la verdad.

También que el tribunal de justicia transicional establezca quienes fueron los máximos responsables de estos hechos, en el marco del caso 003: Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, incluyendo la responsabilidad del General Nicacio de Jesús Martínez Espinel quien comandó la Brigada entre los años 2004 y 2006, y es el actual Comandante del Ejército Nacional.

Debido a la masividad de hechos, han sido divididos en periodos de correspondientes a las comandancias de la Décima Brigada Blindada, a saber:

i) Hechos relacionados entre enero de 2003 y marzo de 2004, correspondiente a la comandancia del Coronel Juan Pablo Rodríguez Barragán y el Coronel Néstor Raúl Espitia Rivero Comandante ejecutivo y Segundo Comandante, en el Comando Operativo No. 7. De ese periodo se reconstruyeron 18 hechos con 28 víctimas mortales. Del total, se le atribuyen a integrantes del Batallón de Artillería No. 2 La Popa 14 hechos con 22 víctimas mortales, mientras que al Grupo de Caballería Mecanizado No.02 “Juan José Rondón” cuatro hechos con seis víctimas mortales.

ii) Hechos relacionados entre abril y diciembre de 2004, correspondientes a la comandancia del Coronel Néstor Raúl Espitia Rivero en el Comando Operativo No. 7. Se reconstruyeron 15 eventos que corresponderían a ejecuciones extrajudiciales con 26 víctimas mortales. Del total, se le atribuyen a integrantes del Batallón de Artillería No. 2 La Popa nueve hechos con 18 víctimas; al Grupo de Caballería Mecanizado No.02 “Juan José Rondón” cuatro hechos con seis víctimas; y al Batallón de infantería Mecanizado No. 6 “Cartagena”, un hecho con dos víctimas.

iii) Hechos relacionados entre diciembre de 2004 y junio de 2006, correspondientes a la comandancia del CR. Hernán Giraldo Restrepo y CR. Nicacio de Jesús Martínez Espinel, como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor de Brigada. Se reconstruyeron 22 eventos que corresponderían a ejecuciones extrajudiciales con 58 víctimas mortales. Del total, se le atribuyen a integrantes del Batallón de Artillería No. 2 La Popa 10 hechos con 19 víctimas; al Grupo de Caballería Mecanizado No.02 “Juan José Rondón” cuatro hechos con 19 víctimas; al Batallón de Alta Montaña N° 6 “Mayor Robinson Daniel Ruíz Garzón” dos hechos con cinco víctimas; al Batallón de Artillería de Campaña N° 10 “Santa Bárbara” -BASAB, un hecho con una víctima; a los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal -Gaula, Cesar y Guajira seis hechos con 16 víctimas; y sin Batallón identificado, un hecho con dos víctimas.

iv) Hechos relacionados entre julio de 2006 y diciembre de 2006, correspondientes a la comandancia del Coronel Fabricio Cabrera Ortiz y el Coronel Degly Pava Felmand, como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor de Brigada. Se reconstruyeron 54 eventos que corresponderían a ejecuciones extrajudiciales con 90 víctimas mortales. Del total, se le atribuyen a integrantes del Batallón de Artillería No. 2 “La Popa” -BAPOP 24 hechos con 37 víctimas; al Grupo de Caballería Mecanizado No.02 “Juan José Rondón” -MRON 14 hechos con 21 víctimas; al Batallón de infantería Mecanizado No. 6 “Cartagena” -BICAR, un hecho con una víctima, al Grupo de Caballería Blindado Mediano “Gr. Gustavo Matamoros D Costa” -GBMAT. un hecho con dos víctimas, al Batallón de Artillería de Campaña N° 10 “Santa Bárbara” -BASAB, tres hechos con cinco víctimas, al Batallón Especial Energético y Vial N° 2 -BAEEV N° 2, cuatro hechos con igual número de víctimas; al Batallón Especial Energético y Vial N° 3 -BAEEV N° 3, dos hechos con cinco víctimas; al Batallón de Alta Montaña N° 7 “My. Raúl Guillermo Mahecha Martínez” -BAMMA7, un hecho con una víctima, a los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal -GAULA, Cesar y Guajira dos hechos con cinco víctimas. Además, se presentan dos hechos con 9 víctimas, en los que por la poca disponibilidad de la información no fue posible identificar el Batallón responsable.

v) Hechos relacionados entre 2007 y 2009, correspondientes a la comandancia del Coronel Iván Darío Pineda Recuero y el Coronel John Jairo Ochoa Pinilla, como Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor, periodo durante el cual se reconstruyeron 25 eventos que corresponderían a ejecuciones extrajudiciales con 41 víctimas mortales. Del total, se le atribuyen a integrantes del Batallón de Artillería No. 2 La Popa 23 hechos con 39 víctimas mientras que al Grupo de Caballería Mecanizado No.02 “Juan José Rondón” dos hechos con igual número de víctimas

vi) Hechos atribuibles a la Segunda Brigada del Ejército entre septiembre de 2005 y septiembre de 2007, que corresponde al tiempo en el que Brigadier General Luis Felipe Paredes Cadena y el Coronel José Orlando Acosta Celi, comandante y ejecutivo y segundo comandante respectivamente, estuvieron a cargo de la plana mayor de la Segunda Brigada. Se reconstruyeron 16 hechos con 32 víctimas mortales. Del total, se le atribuyen a integrantes del Batallón Contraguerrillas No. 2 Guajiros 4 casos con 6 víctimas; al Batallón de Infantería Mecanizado No. 4 “GR. Antonio Nariño” -BINAR, 3 casos con 6 víctimas; al Batallón de Infantería No. 2 “GR. José María Córdova” 4 casos con 6 víctimas; al Batallón de Ingenieros N° 2 “CR. Francisco Javier Vergara y Velasco” un caso con igual número de víctimas; al Batallón De Alta Montaña N° 6 “Mayor Robinson Daniel Ruíz Garzón” 2 casos con 5 víctimas; y al GAULA Magdalena, 2 casos que corresponden a 8 víctimas.

De esta manera, el Informe entregado a la JEP analiza patrones evidenciados frente al perfil de las víctimas, el papel de los reclutadores en las ejecuciones extrajudiciales, la relación entre integrantes de la fuerza pública y grupos paramilitares y los mecanismos de encubrimiento y de impunidad empleados por agentes y entidades del Estado.

En relación con la responsabilidad de los superiores jerárquicos en la línea de mando, se logró establecer que la misma va desde la comandancia de los batallones relacionados -adscritos a la X Brigada y la I División- hasta la comandancia general del Ejército, en el informe se detallan algunos indicios al respecto:

La existencia previa de prácticas de estigmatización de la población civil; el accionar probado (decisiones judiciales) conjunto entre unidades tácticas y grupos paramilitares; la instigación a la comisión o a la tolerancia de la práctica de las ejecuciones extrajudiciales por medio de la presión por resultados; el ofrecimiento de estímulos económicos o de otra naturaleza para la presentación de estos resultados; y la falta de control sobre los subordinados involucrados en estos crímenes; la presentación de resultados entre varias unidades; la cantidad de hechos que corresponden a esta práctica; y el traslado de la práctica entre unidades militares que no respeta el organigrama ni relación de jerarquía que debe regir al Ejército Nacional.

Pero también los informes previos que al respecto han producido organizaciones defensoras de derechos humanos como Human Rights Watch y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional –CPI, también son un serio indicio de lo que ocurrió al interior de la Brigada X durante el periodo señalado.

Al respecto, la Fiscalía de la CPI identificó en su examen preliminar sobre Colombia que al interior de la Primera División presuntamente se cometieron un número cercano a los 146 homicidios conocidos como falsos positivos entre 2004 y 2008 en el departamento de Cesar, cifra que la ubica como la segunda de cinco unidades en cantidad de esta clase de crímenes que fueron una práctica sistemática y generalizada en Colombia en el contexto de la violencia sociopolítica y el conflicto armado interno entre 2002 y 2010[2].

Sobre el contexto nacional en que ocurrieron estos crímenes, un informe de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos -CCEEU y la organización estadounidense Fellowship on Reconciliation -FOR, se documentaron los casos de 6.863 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el país, de las cuales 5.763 fueron perpetradas entre los años 2000-2010. De estas, 5.326 personas fueron víctimas de esta modalidad de crimen de Estado durante la Administración de Álvaro Uribe Vélez, lo que implicó que a lo largo de los dos periodos de dicho Gobierno, cerca de dos personas cada día fueron víctimas de homicidios por responsabilidad de la Fuerza Pública[3].

Para leer el informe completo

[1]Este informe hace parte de una serie elaborada en alianza entre organizaciones defensores de derechos humanos, el Espacio de Litigio Estratégico, y contó con el apoyo de la Organización Indígena Kankuama OIK, la Organización Wiwa Yugumaín Bunuankurrua Tayrona OWYBT, la Asociación de Familiares Unidas por un Solo Dolor -AFUSODO, el acompañamiento psicosocial a las víctimas del Centro de Atención Psicosocial -CAPS y el Colectivo Psicosocial Colombiano-Copsico.

[2] Oficina de la Fiscalía de la CPI, Informe sobre las actividades de examen preliminar, 4 de diciembre de 2017, párr. 131.

[3] Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos y Fellowship on Reconciliation. “Falsos Positivos” en Colombia y el papel de la Asistencia Militar de Estados Unidos. Bogotá: Desde Abajo. Junio 2011, pp.124 ss

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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