Organizaciones de derechos humanos piden a la Corte Constitucional declarar exequible el Sistema Integral de garantías de Seguridad para el Ejercicio de la Política, SISEP. En su intervención las organizaciones señalan que este decreto es urgente y oportuno para garantizar la protección del partido que surja de las Farc, así como al conjunto de la oposición, las organizaciones y líderes sociales. También piden a la Corte incluir a las víctimas como sujetos de protección del decreto y garantizar su participación en el SISEP.

Finalmente, no es motivo de esta audiencia, pero aludiendo un fundamento en la Ley 1820 de 2016 y a una interpretación inadecuada del principio de inescindibilidad, la Presidencia de la República expidió el Decreto 706 de 2017 en los que esta situación se agrava. Mediante aplicación de esta norma no solo se están otorgando ilegalmente libertades, ya que la CSJ ya ha explicitado que se limita a quienes no están privados de la libertad, sino que no tiene ningún requisito o contraprestación para el levantamiento de la orden de captura y sustitución de medida de aseguramiento.