Se explicó la propuesta que se ha construido a través de los procesos de facilitadores que se condensa en las ’Estrategias Integrales de Exigibilidad Jurídica’ que proponemos crear en conjunto con cada organización para proteger los territorios, labor en la que hay esfuerzos recíprocos para que se obtengan avances y fortalecimiento organizativo. De allí se abordó el tema de la ’Documentación y la Investigación’ de cada organización en sus territorios, como una labor clave para denunciar y tener pruebas de los daños y afectaciones ambientales producidas por empresas y por las labores extractivas en nuestras regiones, explicando el caso del ’Monitoreo Ambiental’ como un ejemplo práctico de acercarnos como procesos a esa acción participativa de recolectar pruebas autónomamente de estos hechos.

La principal tarea de la Mesa Nacional será encontrar un mecanismo o marco jurídico a través del cual las personas y comunidades que han perdido su actividad productiva a causa de la construcción de proyectos hidroeléctricos, puedan acceder a tierras y de esta manera restablecer sus derechos al trabajo y la vida digna. El INCODER será la entidad del Estado responsable de liderar el proceso y articular otras instituciones gubernamentales para que los acuerdos suscritos tengan un alcance real. En tal razón, deberá convocar a la Mesa Nacional a los Ministerios de Agricultura, Hacienda, Ambiente e Interior.

Por todas esas razones, rechazamos el Plan Nacional de Desarrollo y todas las políticas basadas en la extracción de la naturaleza para beneficio de unos pocos. Consideramos que el PND y los Tratados de Libre Comercio que viabiliza las inversiones trasnacionales, son herramientas para la profundización de un modelo que no genera las condiciones necesarias para la paz en el país. Antes bien la minería, el petróleo, las hidroeléctricas y los agronegocios han mostrado ser una imposición para privatizar la vida, destruir los ecosistemas, arrasar la soberanía de los pueblos e incrementar la criminalización y las amenazas a nuestras organizaciones.

Desde hace cerca de 10 años, se ha solicitado a la justicia colombiana que active los mecanismos que posee para la superación de la impunidad en este caso. Se ha pedido también al gobierno de Colombia que en aplicación del principio de reciprocidad internacional, solicite a los Estados Unidos la colaboración que se requiere para avance del mismo con el suministro de información relevante e incluso la activación del mecanismos de extradición de empresarios estadounidenses comprometidos con estos pagos.